Lo que está padeciendo Sinaloa ha dejado algo en claro: desde hace un tiempo los partidos políticos tienen un operador electoral muy eficiente: el crimen organizado. 

La crisis política y social por la que atraviesa Sinaloa comenzó en lo electoral. En 2021, Morena y Rubén Rocha Moya no quisieron arriesgar el triunfo electoral y metieron a las organizaciones criminales a la competencia.

Está profundamente documentado como el crimen operó para inhibir el voto en algunas regiones de ese estado y en otras obligó a votar a favor de Rocha Moya y sus aliados. 

Hay testimonios de cómo el crimen privó de la libertad a operadores de los partidos políticos contrarios a Morena. 

Pero que un partido político haya convertido a una organización criminal en su brazo armado —lamentablemente— no es nuevo ni tampoco exclusivo de Morena, ni mucho menos de Sinaloa.

Es una práctica recurrente y cada vez más a la vista. Sinaloa está ahora en la mira por la denuncia del gobierno de Estados Unidos, pero eso ocurre en muchos lados del país, con los candidatos del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, de MC. Ocurre en todos los partidos políticos. 

En Guerrero hay ejemplos para tirar para arriba. 

Este es el testimonio de un operador político que en 2021 en un municipio de la región de la Tierra Caliente no pudo hacer campaña por su candidata. 

La campaña había arrancado, este hombre junto con un empresario comenzaron a promover a su candidata, una profesora en retiro que Morena le ofreció ser la abanderada. La promoción era entusiasta pero limitada, lo hacía con sus propios recursos porque pensaban que la profesora representaba una buena opción para su municipio.

Lo hicieron así unos días, pero la entusiasta campaña terminó de tajo. Un día, llegó a la casa del empresario un grupo armado, le avisó que iban por él, le pidió que dejara su celular y que avisara a sus familiares que por la noche estaba de regreso, que no se preocuparan, que no le pasaría nada.

Al empresario se lo llevaron a un lugar que fueron varias horas de camino, supone que era un pueblo de la Sierra. En el lugar, el líder de la organización criminal que impera en la Tierra Caliente, la Familia Michoacana, le dejó claro que con él no tenía ningún problema, pero no podía permitirle que hiciera campaña por la candidata de Morena.

Le explicó que la indicación era que en lo local —alcaldías y diputaciones locales— las tenía que ganar la alianza que encabezó el PRI y PRD, a excepción de Tlalchapa y Zirándaroa que serían para Morena. Le exigió que retirara cualquier tipo de propaganda de los abanderados locales de Morena y no tendría ningún problema.

Incluso le dijo que podría hacer campaña por los candidatos a diputados federales y a la gubernatura de Morena sin ninguna consecuencia.

Resultados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) coincidieron con las órdenes del líder criminal. La alianza entre PRI y PRD ganó Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso y Cutzamala.

El PRD sólo logró San Miguel Totolapan y Morena Zirándaro y Tlalchapa, este último desde hace 14 años consecutivos gobernado por la familia Mora-Eguiluz.

El PRI ganó los dos distritos locales y el federal, mientras que en la elección por la gubernatura tuvo una ligera ventaja.—¿Por qué operaron por el PRI?—De seguro le debían favores a los del PRI.—¿Qué favores?—Protección.

En esa campaña, Gregorio Portillo intentó reelegirse como alcalde de Zirándaro, pero no lo dejaron ni siquiera inscribirse como candidato. 

“Me levantaron, me torturaron para obligarme a no buscar la candidatura para reelegirme por una razón: están molestos porque no les dimos dinero. La tortura fue por haberme inscrito como aspirante al proceso interno de Morena para reelegirme. La indicación fue esa, que no participara”, contó en esos días desde el exilio que se impuso tras su liberación.

Esa vez, a la mitad de la campaña, el candidato del PRI-PRD, a la alcaldía de Zirándaro, Jaime Torres García, salió huyendo por amenazas. La elección la ganó la morenista, Tania Pacheco Duarte. 

En el gobierno de Pacheco Duarte, un convoy del CJNG desfiló por el pueblo sin ningún pudor. 

En la elección del 2024, en la Tierra Caliente podrían inscribirse 90 candidatos en los nueve municipios, pero no fue así, apenas se registró la mitad pero sólo diez pudieron hacer campaña. Nueve de esos diez, por supuesto, fueron los que ganaron, pero no sólo ganaron, avasallaron. 

En el municipio de Cutzamala de Pinzón, se registraron tres candidaturas, la de la alcaldesa Mayte Arce Jaimes; la de la alianza Morena-PT-PVEM, Deyaneira Ruano Franco y la del Partido Fuerza por México, Enrique Ávila Calderón. El resultado fue apabullante: Arce Jaimes logró 93 por ciento de los votos; Ruano Franco 3 por ciento y Ávila Calderón apenas logró 11 votos, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IEPC.

¿Cómo es posible que una candidato o candidata obtenga 93 por ciento de los votos?

Eso no ocurría ni en los mejores tiempos del PRI omnipresente, totalitario. Hay dos razones del triunfo aplastante de Arce Jaimes.Porque fue la única que hizo campaña y porque su familia mantiene un control de Cutzamala del Pinzón desde 2018.

En Tlalchapa, se registraron cinco candidaturas. Cuatro fueron testimoniales. La alcaldesa, la morenista Tania Mora Aguiluz, arrasó: logró 88 por ciento de los votos. La candidata que más se le acercó, Lizbeth Anette Vela Echeverría, de la alianza PRI-PAN-PRD, obtuvo 402 votos.

La morenista forma parte de una dinastía en Tlalchapa: los Mora Aguiluz gobiernan desde 2012 sin que nadie les compita. El caso de Tlalchapa es para detenerse un poco más. 

¿Cómo es posible que una familia se mantenga durante tanto tiempo en una región donde supuestamente una organización criminal decide todo? Pero la Tierra Caliente no es la única región donde se vivió esto. La región Centro fue un ejemplo también. Si en la región Centro comparamos el mapa político con el mapa criminal hay coincidencias muy sólidas.

Desde Chilpancingo hasta la Montaña, la organización criminal Los Ardillos tiene una operación criminal muy fuerte. Hay municipios donde su operación es aún más fuerte cómo Chilpancingo, Chilapa, Tixtla, Atlixtac, Zitlala, Ahuacuotzingo. En esos municipios, electoralmente Morena no tiene ninguna oportunidad. Ahí ganan sobre todo los candidatos del PRD y últimamente los del PRI. 

En el caso de Chilpancingo, en la campaña hubo una denuncia recurrente de varios candidatos a la alcaldía: tenían prohibido hacer campaña en zonas de municipio, como en Petaquillas y las comunidades del Valle de El Ocotito. Ahí sólo pudo hacer campaña uno: Alejandro Arcos Catalán. 

Arcos Catalán ganó la elección, pero el entonces candidato de Morena, Jorge Salgado Parra, la impugnó, los pobladores de esas comunidades fueron los que salieron a defender su triunfo. El desenlace de Arcos Catalán todos lo conocemos. Se metió solo al bastión de Los Ardillos y salió muerto. 

Chilapa es un caso emblemático que muy pocos están mirando. En 2024 ganó Mercedes Carballo Chino, a la priista es ubicada como cuñada del líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.  

En este municipio, entre susurros se cuentan historias de cómo Los Ardillos operaron a favor de Carballo Chino y de cómo impusieron la orden de votar por ella a pueblos enteros. De cómo obligaron, incluso desde antes de que arrancara la campaña, a aspirantes a que renunciaran a sus aspiraciones.

En Chilapa, si hay un sector que sabe de la letalidad de la violencia son los políticos, en la última década han sido asesinados candidatos a la alcaldía, aspirantes, ex alcaldes, regidores, ex regidores. Ha sido de los municipios con mayor violencia política no sólo de Guerrero, sino del país. 

Ese temor está tan vigente que, por ahora, es imposible que un grupo político distinto al de la alcaldesa pueda realizar una reunión, mucho menos un mitin.

Ya en el gobierno de Carballo Chino en Chilapa se ha impuesto el temor y el miedo: el municipio está silenciado, ahí nadie denuncia nada, a pesar de estar viviendo arbitrariedades de parte de la Policía municipal y multas excesivas de Tránsito Municipal.

Como dato: Arcos Catalán y Carballo Chino, pese a que uno era perredista y la otra priista, sus gobiernos utilizan el mismo eslogan “Chilpancingo renace”, “Chilapa renace” y los dos utilizan el azul como color distintivo.

Ese acoplamiento del control territorial con el político no es nuevo en esa región: desde el 2015 en Chilapa y municipios cercanos como Tixtla, Apango, Zitlala, Atlixtac, José Joaquín Herrera son controlados por Los Ardillos y al mismo tiempo ganados por el PRD y el PRI. 

El 2013, es un año determinante en el vínculo de Los Ardillos y, sobre todo, con el PRD. Ese año, los hermanos Celso, Iván y Antonio decidieron salir a disputar otro territorio más allá de su bastión: Quechultenango y Mochitlán. Ese año, otro de los hermanos Ortega Jiménez, Bernardo, se convirtió en el presidente del Congreso de Guerrero. Dicho de otra forma: se encumbró en la clase política guerrerense.

Bernardo Ortega ha sido cuatro veces diputado local y alcalde de Quechultenango a pesar de que ha insistido públicamente que no tiene relación alguna con sus hermanos. En 2024, Ortega le entregó la curul en el Congreso local a su hijo, Jorge Ortega que compitió por el distrito 24, con sede en Tixtla.

Sin embargo, un ejemplo clarísimo de cómo el crimen influye a favor de un candidato es Taxco. Desde que ganó la alcaldía, Mario Figueroa Mundo siempre estuvo señalado de ser el candidato de la organización criminal la Familia Michoacana.