Han pasado casi siete meses de que 17 integrantes de una familia fueron desaparecidos en comunidades de Chilapa y Quechultenango. Tras el hallazgo de 11 de ellos desmembrados en la batea de una camioneta en Chilpancingo, aún siguen sin ser localizados Marco Antonio Barrera Millán, Pedro Israel Barrera Millán, Javier Barrera Millán, Jaime Cayetano Tolentino, Leonadro Giovani Francisco Sacristán y otro niño de nombre Joel.

El caso de los pobladores de Chautipan refleja claramente dos cosas: el control territorial de las organizaciones criminales y la inoperancia, ineptitud, corrupción y nula procuración de justicia por parte de la Fiscalía General del Estado.

La noche del 7 de noviembre de 2024 se visualizó la mala fe y el dolo de la fiscalía al borrar las evidencias de varios delitos para proteger a los presuntos responsables.

Ese día un grupo de agentes ministeriales y peritos arrastraron una camioneta Silverado blanca con placas HAY-988, en su batea estaban los cuerpos mutilados de siete hombres adultos, dos mujeres y dos menores de edad de Chautipan, una comunidad serrana de Chilpancingo.

Los 17 integrantes de una familia fueron secuestrados por la organización criminal “Los Ardillos” entre los días 23 y 27 de octubre tras viajar a la comunidad de El Epazote, del municipio de Chilapa para vender trastes de peltre.

El vehículo abandonado frente al hotel El Parador del Marqués, a la salida sur de Chilpancingo, fue conducido por los agentes al patio de Servicios Periciales de la FGE.

Con el arrastre que hizo el personal la FGE a una distancia de no menos de 500 metros se dejaron de realizar los peritajes, reconstrucción del hallazgo, la búsqueda de indicios criminales y revisión de huellas digitales en el sitio donde fue abandonada la camioneta por los delincuentes.

Esos elementos de datos que omitió premeditadamente la Fiscalía durante el hallazgo de los restos humanos de las 11 víctimas de Chautipan eran esenciales para la integración de la carpeta de investigación y no facilitar la impunidad criminal.

 

Personal de la FGE reconoce que la procuración de justicia no funciona porque hay elevados índices de impunidad y corrupción por el ineficiente desempeño de algunos servidores públicos.

La falta de credibilidad ciudadana en esta institución deriva en que solo se denuncian uno de cada tres delitos.

De los delitos denunciados solo se logra acreditar la participación en los hechos en no más de un 20 por ciento y son detenidos no más de un 10 por ciento. Pocos asuntos judicializados culminan con una sentencia.

Otras de las deficiencias que enfrenta la fiscalía es que hay un rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y existe un aumento de carpetas de investigación sin judicializar, sobre todo en los delitos de alto impacto de homicidios dolosos, secuestro, feminicidio, lesiones, extorsión, violación (simple y equiparada), violencia familiar, despojo y robo.

Desde 2021 en que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumió la gubernatura, en la FGE nada ha cambiado.

En diciembre del 2021, el Congreso local aprobó el nombramiento de la coronel militar Sandra Luz Valdovinos como titular de la FGE y tras su destitución en marzo del 2024, en abril de ese mismo año asume este cargo el también militar Zipagná Jesús Torres.

La fiscalía que antes era Procuraduría General de Justicia (PGJ) cambio de nombre pero no de sus vicios.
Aparte de la ineficiente impartición de justicia, en la FGE existe corrupción derivado de un desorden administrativo y quebranto financiero a pesar de que es limitado el recurso que se le asigna.

En este 2025, a la fiscalía se le asignó un presupuesto de mil 489 millones 742 mil pesos.

 

De acuerdo a un informe interno de personal de esta institución entre las irregularidades que se han detectado es un subejercicio presupuestal y altos salarios que se auto asignan los funcionarios.

Una estadística de la FGE menciona que del 2019 al 2023 se cometieron 129 mil 225 delitos en esta entidad de los cuales los de mayor impacto social ascendieron a 90 mil 608.

De los 129 mil 225, la FGE realizó procesos penales y litigación de 123 mil 292 carpetas de investigación lo que derivó en 9 mil 153 personas detenidas por su presunta responsabilidad en algún delito.

Comparando las cifras entre las 123 mil carpetas de investigación con las 9 mil 153 detenciones la FGE tuvo una efectividad de un 13.53 por ciento.

O sea por lo tanto, hay miles de personas que pudieron haber cometido un delito que no se les ha detenido.

Otro dato que pone en evidencia las fallas de la fiscalía es de que durante el 2019 al 2023, fueron solicitadas mil 989 órdenes de aprehensión de las cuales mil 943 fueron liberadas por los distintos jueces de control, quienes emitieron una sentencia condenatoria mil 348 responsables de un delito y de los que 143 fueron absueltos.

El 1 de noviembre del 2024, Día de Muertos, familiares de 11 hombres adultos, dos mujeres y cuatro menores de edad desaparecidos acompañados por vecinos y autoridades de Chautipan se manifestaron afuera de la fiscalía para exigir su búsqueda.

La fiscalía demostró una vez más que es incapaz para actuar con prontitud para lograr rescatar a las víctimas.

 

Aquel 7 de noviembre a pesar del despliegue por tierra y aire por parte del Ejército, aparecieron mutilados en la batea de una camioneta Clara Francisca Cabrera, Flor Itulia Cabrera Sánchez, Héctor Santos de la Cruz, José Enrique Francisco Cabrera, Mario Francisco Millán, Alfonso Francisco Cabrera, Inés Morales Francisco y los menores, Ángel, Maximiliano, Abraham y Diego.

En diciembre del 2024, autoridades y familiares de las seis personas de Chautipan que no han sido localizadas tuvieron una entrevista con el Fiscal, Zipagná Jesús Torres quien les aseguró que en 15 días les daría como iban los avances de la investigación.

Es mayo de 2025 y los pobladores no ven ningún resultado de la aparición con vida de esos seis desaparecidos.

Las nueve viudas y 20 huérfanos de Chautipan sufren doble revictimización, por un lado la falta de justicia de la fiscalía y por otra, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda les retiró desde marzo de este año los apoyos económicos que por ley otorga la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El 18 de noviembre de 2024, la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, Yolanda Mora Silva resolvió vincular a proceso al militar retirado Germán Reyes Reyes por el delito de homicidio en agravio el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán pese a que, de acuerdo a su propias palabras “eran mínimas” las pruebas presentadas en su contra por parte de la FGE.

La prueba reina, como se dice en los términos judiciales, que ofreció la fiscalía contra Germán Reyes es el testimonio del comerciante Domitilo Cándido, quien murió en circunstancias extrañas tres días después que de manera voluntaria presentó su testimonio contra el acusado.

 

La juez dio un plazo de un mes para que la fiscalía presente más pruebas en su investigación complementaria contra el acusado.

“Estoy seguro que la fiscalía no tiene más pruebas porque en la fiscalía la investigación complementaria es letra muerta ya que en las audiencias de jucio oral siempre se llegan con las mismas pruebas que sirvieron para que los acusados se les vincule prisión preventiva”, dijo un agente del Ministerio Público que tiene un litigio laboral contra la FGE por despedido injustificado.
El pronóstico, aseguran algunos abogados, es que su presunto homicida intelectual de Alejandro Arcos saldrá de prisión mediante un amparo que dicte un juez federal.

O sea todo apunta que la fiscalía no hará justicia por el caso de Alejandro Arcos pero tampoco ha esclarecido cientos de homicidios dolosos que se han registrado durante los tres años con siete meses del gobierno de Evelyn Salgado.

De los crímenes de alto impacto político que han ocurrido en lo que va este sexenio suman un total de 33.

En la lista de estos crímenes de personajes políticos están: ocho de Morena, ocho del PRI, siete del PRD, dos del PVEM, dos del PAN, dos de MC y uno del PES.

En ninguno de estos crímenes de políticos la Fiscalía ha dado resultados así como tampoco el del delegado estatal de la FGR, Fernando García Hernández, el del vicefiscal en la región de la Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, que fueron asesinados por distintos grupos del crimen organizado.

El caso de Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos del Estado de Guerreo, asesinado a balazos en octubre del 2023 en Chilpancingo, sigue en la impunidad, al igual que el de ex líder del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), Rigoberto Acosta González, que fue ejecutado cuando salía de la Facultad de Comunicación donde impartía clases.

 

Y el recientemente asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la construcción de la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, de cuyo caso lo único que ha hecho la FGE es publicar un boletín dando a conocer el hecho ocurrido en la playa Icacos en Acapulco, zona donde hay videocámaras de seguridad y vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad federal y estatal.

Es notorio que la FGE no puede o no quiere actuar contra los criminales en Guerrero que actúan con total impunidad manteniendo en jaque a la población de casi las ocho regiones de esta entidad.

Pero también en este gobierno morenista, la fiscalía no ha actuado contra un grupo de ex alcaldes, diputados locales de Tierra Caliente a quienes les integró una carpeta de investigación en el 2023 por haber cerrado la carretera Iguala-Ciudad Altamirano en protesta por al aseguramiento de 13 vehículos que pertenecían a familiares de líderes del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Y del caso de la ex edil de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien presume su regreso a las filas de Morena y anda en precampaña para competir por la alcaldía en el 2027, también le integró una carpeta de investigación pero ahí quedó.
Para la fiscalía, el video donde Norma Otilia aparece en amena plática con Celso Ortega, líder de Los Ardillos no fue suficiente prueba.

Otro hecho que ha marcado el desaseado actuar de la FGE con hasta ahora dos de sus titulares –los militares Sandra Luz Valdovinos y Zipagná Jesús Torres- es el despido de alrededor de 500 trabajadores, entre agentes del Ministerio Público, peritos, personal administrativo y agentes de la Policía investigadora.

El argumento de su despido es de que los trabajadores “no desempeñaban su función y porque no eran honestos”.

Ahora la fiscalía enfrenta un grave problema financiero por las ejecuciones de laudos que dictaron el Tribunal de Justicia Administrativa y jueces federales a favor de los trabajadores despedidos.

Patricia Jaqueline Salgado, una agente del Ministerio Público en Coyuca de Catalán fue secuestrada cuando estaba en su centro de trabajo por miembros de la Familia Michoacana; semanas después fue masacrado a balazos el vicefiscal, Víctor Manuel Salas, ahí mismo en Coyuca de Catalán.

Patricia Jaqueline fue liberada dos días después, narró lo que le ocurrió y pese a ello en vez de recibir la protección fue despedida por la fiscal Valdovinos Salmerón, ella es una de las demandantes y vive desplazada por temor de que ese grupo criminal regresen por ella.

En medio de un proceso de elección del Poder Judicial en el que se refleja el desinterés de la población, queda claro que dichas reformas debieron comenzar con las fiscalías.

 

 

Chirrionazo

Este domingo los felixcistas y un grupo disidente de Morena -entre ellos Norma Otilia Hernández- le dieron cranck al dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, por supuestamente no respetar sus “lineamientos éticos” recién aprobados y continuar con vehículo blindado, seguridad de la Guardia Nacional y hacer promoción anticipada de campaña con miras a 2027.

Realmente la cabeza de González Varona rodó desde días antes de esta sesión del Consejo Estatal de Morena en Chilpancingo, se fraguó como revancha en un restaurante 100% Natural entre el consejero Galdino Nava, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Yesenia Salgado Xinol y Félix Salgado Macedonio, entre otros políticos del partido.
González Varona intentó reventar la sesión tras darse cuenta de la alianza de los grupos morenistas en su contra, pues se salió junto a sus consejeros aliados.

Salgado Macedonio preparó su revancha contra González Varona por haber promovido que se le impida contender para 2027 por el “nepotismo electoral” que respaldó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, González Varona se había mareado por el poder, creyó que realmente lo tenía, nunca entendió que desde 2021 fue un alfil. En una triste conferencia de prensa, solo, intentó patalear diciendo que el quórum no era el suficiente para destituirlo.

Además los felixcistas se hicieron bolas, Marcia Elsa Valencia Guzmán, la presidenta del Consejo Estatal de Morena, confirmó en un primer boletín la remoción de González Varona por la aprobación de 46 votos de los consejeros y las consejeras. Más tarde publicó un segundo boletín en el que se deslindó del primero y adelantó que la sesión continuará hoy lunes a las 4 de la tarde para avalar la salida de González Varona y elegir nuevo dirigente.

Es claro que la salida de González Varona representa quitar un obstáculo para al clan Salgado y que así Félix continúe seis años más en el poder del gobierno estatal. Con esto queda marcado el inicio de la guerra por las candidaturas en Morena.