El sur de México vive realidades complejas; fenómenos sociales generados a raíz de las problemáticas de las últimas décadas y fenómenos sociales arraigados en el correr de la historia.

Los matrimonios forzados o uniones infantiles son prácticas transmitidas como usos y costumbres de generación en generación, a pesar de sus afectaciones entre las que podemos nombrar la exposición a mayores riesgos de violencia, embarazo precoz, abandono escolar y pobreza, era una problemática pocas veces nombrada, rondando como una realidad conocida pero “lejana”.

Alrededor de 2018, empezó a tomar fuerza situándose en la agenda global. En México la primera acción contundente fue en 2020, después de que el Código Civil Federal se adecuara para prohibir el matrimonio infantil, la ONU, a través de sus diferentes agencias, tomó la bandera del tema y creó el Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, el cual ha generado documentos que son la base teórica y técnica de este fenómeno.

En el primer informe de este grupo, se centran los conceptos de MUITF, como un fenómeno social que marca una brecha de género profunda, así como su interrelación con distintos tipos y modalidades de violencias contra las mujeres y niñas. Entre los que se relaciona con desigualdades, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, interrupción de la infancia y violación de Derechos Humanos.

Se divide en tres apartados que aborda de forma general la problemática, haciendo énfasis en sus afectaciones como una herramienta conductora de la violencia contra las mujeres, pero también su impacto en la legislación y que políticas públicas existen referentes al tema, generando un amplio panorama para la tercer y última parte, en la que se plasman las recomendaciones para prevenir y atender los matrimonios forzados.

En Guerrero, se vive un atraso muy complejo con relación a este fenómeno.

Hace pocos años se inundaban los discursos políticos con el avance legislativo que comprendía la armonización del Código Civil del Estado con las reformas del federal, este hecho encendía la esperanza de que se atendiera el tema, sin embargo fue quedando en el olvido poco a poco, así como quedaron en evidencia los errores de la armonización, que fue ineficaz en el Estado.

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y la Federación Mexicana de Universitarias, realizó un informe sombra sobre el matrimonio infantil y la venta de niñas en ocasión del X informe ante la CEDAW.

Este documento expone un detalle muy importante, pues en el Código Penal del Estado, no se eliminó otorgar dispensas para permitir estas uniones antes de la mayoría de edad establecida.

Asimismo, indica que estas dispensas en su mayoría son otorgadas por “los funcionarios del registro civil, jueces de paz y síndicos municipales quienes son algunos de los servidores públicos que, a través de distintos mecanismos, avalan que niñas y niños vivan juntos o con alguien mayor, pese a la prohibición de ley”.

Esto queda evidenciado también en el Estudio Antropológico que realizó el UNFPA México, titulado Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas (MUITF) en México (2024), donde señalan que en Guerrero es alarmante la participación de las autoridades locales estas prácticas, pues su postura se considera perjudicial no sólo para las niñas y adolescentes, sino para las mujeres en general, es inquietante porque no sólo permiten, sino que contribuyen para que los derechos sean vulnerados.

Además, insisten en que las modificaciones al Código Civil no han sido lo suficientemente eficaces en los distintos contextos que integran la entidad.

La zona indígena de La Montaña de Guerrero y Costa Chica, es de mayor trascendencia del fenómeno de los matrimonios y uniones infantiles o tempranos y/o forzados, no obstante, no significa que sean las únicas donde se presenta, en ese sentido, queda por explorarse la población no indígena y la afrodescendiente.

Ambos textos muestran una tendencia preocupante, el MUITF en manos de las autoridades no tiene rumbo ni estrategia para su atención y erradicación.

Es por ello que las acciones para prevenir y atender esta problemática en nuestro territorio es por parte de las colectivas feministas y de otras organizaciones de la sociedad civil, quienes en mayoría realizan estas labores con recursos propios, a diferencia de los organismos que cuentan con recursos económicos para enfrentarse a esta realidad.

Cuesta conservar el compromiso y la voluntad cuando estas situaciones se generan desde hace años y años, la pérdida ya es inabarcable, quizá por eso es más fácil añadirlo al discurso que comprometerse de verdad con las causas.

Podemos decir que nunca será del todo tarde porque aún quedan muchas vidas a las que transformarles su realidad y deben servir de motivación para comenzar a ponerse a trabajar.

Para lograr avances significativos, se necesita comenzar por detallar las primeras acciones, la falta de claridad en el Código Penal Estatal para eliminar las dispensas que aún continúan permitiendo los matrimonios y uniones infantiles. Así como, crear iniciativas que busquen garantizar el cumplimiento de la Ley y que contribuya al enriquecimiento de la misma.

En el caso de las autoridades es necesario crear estrategias que garanticen el compromiso de quienes las integran, sin la sensibilización y vigilancia adecuada, seguiremos en las condiciones actuales.

Es muy importante mencionar, la falta y necesidad de un diagnostico de los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, que integre las perspectivas de derechos humanos, de género, etaria, la interculturalidad y la interseccionalidad, que sirva como base de políticas públicas integrales y eficaces.

También que integre actores estratégicos como aliados para realizar estas acciones, principalmente las propias comunidades, los gobiernos municipales, policías comunitarias y sociedad religiosa, quienes tienen mayor contacto y participación con estas prácticas.

Aunque el camino es largo, cada paso hacia la erradicación de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, representa un acto de justicia y esperanza.

Guerrero necesita oportunidades reales y un Estado que acompañe a las niñas y adolescentes hasta garantizarles una vida libre de violencia y de decisiones impuestas.

En cada mujer que logra continuar sus estudios, en cada comunidad que replantea sus costumbres, en cada autoridad que escucha, hay una posibilidad de cambio.

*Marlan Valverde es promotora cultural

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