Por: Emiliano Tizapa Lucena, Arturo de Dios Palma y Jesús Guerrero.
Si usted fuera desaparecido, lamentamos decirle: el Estado mexicano no hará nada, ni investigará y, mucho menos, lo buscará.
Y si sus familiares, amigos o vecinos exigen que aparezca, que lo localicen o como ocurre con mucha frecuencia, salgan a buscarlo, las autoridades no los apoyará sino al contrario: los criminalizará y la Fiscalía General del Estado (FGE) les puede abrir una carpeta de investigación.
Las autoridades sólo harán su trabajo si usted tiene mucho dinero, poder, influencias u ostenta un cargo público de peso.
Lo que le decimos no es una invención, esa es la realidad que se vive en Guerrero y el país.
Lo podemos demostrar con el más reciente caso de los niños armados de la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera, porque ellos no son el fondo del problema. Luego que desde los gobiernos pasados y estos actuales de Morena, los pueblos originarios, organizados, autogestivos, autónomos y rebeldes no son bien vistos por el Estado, y cuando los detecta los combate, los criminaliza, los acosa, los ataca o divide y, en caso más extremo, busca exterminarlos.
No es un asunto sólo de un partido o de un presidente, sino es el resultado de un sistema racista, corrupto, criminal, injusto y capitalista.
Permítanos explicarle.
Ayahualtempa, es una comunidad nahua que formó parte de 15 pueblos de Chilapa y José Joaquín Herrera, en la región Centro de Guerrero, que se organizaron el 27 de agosto de 2014 para autodefenderse por la vía armada ante los graves problemas de inseguridad, causados por las organizaciones criminales Los Rojos y Los Ardillos.
Estos 15 pueblos formaron la Casa de Justicia de Rincón de Chautla en el sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), que se coordina con la Casa de la CRAC de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec.
Desde 2014, ya había acoso contra la policía comunitaria de Ayahualtempa, porque autoridades agrarias y caciques de Chilapa los demandaron ante el Ministerio Público del Fuero Común por proteger a 10 propietarios del despojo de sus tierras comunales.
No obstante, la primera vez que se presentó a niños armados se dio después de que el 17 de enero de 2020, diez músicos nahuas de Alcozacán fueron asesinados por Los Ardillos en la carretera Mexcalzingo-Tlayelpa.
Este grupo delictivo encabezado por los hermanos Ortega Jiménez, originarios de Quechultenango, se convirtieron en la pesadilla de toda la región Centro, gracias a asesinatos, complicidades con autoridades de todo tipo, presiones políticas, pugnas con bandas rivales, y han logrado controlar la vida económica y política de municipios bajo la ley de plata o plomo.
Esa vez la fiscalía adjudicó la autoría material de la masacre a Los Ardillos, pero hasta la fecha el caso sigue en la impunidad.
El 28 de enero de 2020, en Alcozacán fueron presentados por la CRAC-PF 19 niños armados, como forma de presionar a la autoridades, en ese entonces encabezadas por el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, y su fiscal general del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, para castigar a los responsables del crimen de los músicos y exigir garantías de seguridad.
Sin embargo, desde Palacio Nacional recibieron la desaprobación de López Obrador, quien los calificó como unos “fantoches”, que no les aplaudiría la acción y que era un acto de individualismo cuando su gobierno estaba atacando las causas de la violencia.
La única respuesta entonces del Estado fue dividir esa organización que había entre las comunidades.
A finales de 2020 comenzó una ruptura interna entre las 15 comunidades provocada por el gobierno del estado y el federal, al dar apoyos a unas comunidades y a otras no.
El rompimiento se consagró cuando en Alcozacán, Chilapa, se instaló el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), que dirige el sobrino de Bruno Plácido Valerio, Jesús Plácido Galindo, quien acusó a los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, de cobrar dinero a medios de comunicación por la presentación niños armados.
El acecho de Los Ardillos continuó en todas las comunidades y la división entre la población también avanzó, cada pueblo no tuvo otra opción más que atrincherarse por su cuenta ante el asedio criminal.
Los enfrentamientos y asesinatos continuaron.
El 10 de abril de 2021, fueron presentados el segundo grupo de 35 niños armados, pero en Ayahualtempa, donde marcharon y dispararon contra un cerro.
La acción mediática fue para exigir al gobierno federal justicia para nueve viudas, 14 huérfanos y 34 personas desplazadas de Chilapa. También para pedir seguridad, escuelas, becas y un centro de salud.
Nuevamente López Obrador reprobó que se haya armado a los menores con el argumento de que en la zona ya se daba seguridad con la Guardia Nacional y que en el estado iba en bajada la violencia.
Héctor Astudillo durante su gobierno siempre fue indiferente con el problema, atendió a estos pueblos por cortesía política que le caracteriza pero jamás intervino de fondo para resolver el problema: la inseguridad.
Tampoco lo hizo Jorge Zuriel de los Santos ni dio resultados de las investigaciones por el asesinato de los músicos, al contrario, renunció cuando se filtró un video en el que hablaba con un hombre encapuchado y armado. Y se esfumó.
Desde entonces la organización de Ayahualtempa fue sorteando los embates del crimen organizado, encerrados en su comunidad, distanciados por diferencias con las otras organizaciones vecinas.
Tras su arribo al poder, Evelyn Salgado Pineda también se ha mantenido distante de esta zona, jamás los ha visitado ni se ha acercado para platicar con ellos y entender un problema que no empezó con su gobierno pero que ahí está latente.
A pesar de haber un gobierno supuestamente cercano al pueblo, en Ayahualtempa nada ha cambiado.
El 19 de enero de este año, cuando cuidaban a sus vacas y chivos en su terreno, cuatro integrantes de una familia de Ayahualtempa, José Teodoro Domingo Ortiz, su esposa Cecilia Gaspar Hernández y sus hijos Roberto y Gaudencio Domingo fueron privados de su libertad por hombres armados.
En un momento fortuito, una de las secuestradas contestó una llamada telefónica, que permitió saber su último paradero, Tlanicuilulco ,Quechultenango, el bastión y centro de operaciones de Los Ardillos.
Nuevamente para presionar mediáticamente al gobierno del estado para que rescatara a la familia, Ayahualtempa armó a 20 menores de edad y los presentó públicamente.
Esta ocasión, López Obrador prefirió callar y no decir nada. Tal vez porque reconoce que no ha atendido el problema de fondo o porque no está dentro de su agenda electoral.
La gobernadora Evelyn Salgado tampoco opinó, se mostró como la caracteriza su administración: indiferente.
Quién sí habló fue el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, quien advirtió que denunciará a la Policía Comunitaria por haber armado a los menores, porque se estaba violentando los derechos de los niños de estar a salvo.
La FGE que casi nunca informa de nada, expeditamente dió a conocer que abrió una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores contra la Policía Comunitaria de Ayahualtempa por armar a los niños y las niñas.
El asunto escaló el 31 de enero cuando el gobierno estatal provocó a la comunidad llevándoles juguetes, ropa, despensas y médicos. Reynoso Núñez sabía de antemano que la población de Ayahualtempa prioriza la localización de la familia secuestrada y no las canonjías.
Ante el rechazo, el secretario general de Gobierno arremetió nuevamente contra la Policía Comunitaria de Ayahualtempa. Dijo que los pobladores no recibieron la ayuda gubernamental porque pretendían a cambio quitar las órdenes de aprehensión que se iniciaron por armar a los menores.
El gobierno del estado ha desviado la atención del problema principal, la localización de la familia secuestrada, y a pesar de que asegura lo contrario no estos pobladores no son buscados.
El presidente López Obrador abandonó a estás comunidades nahuas a su suerte. Sabe que la militarización con la Guardia Nacional y el Ejército no garantiza en estas comunidades que no haya violencia y asedio contra sus poblaciones por parte del crimen organizado.
A los habitantes de Ayahualtempa no les queda más que autoprotegerse, autogobernarse y autocuidarse no sólo de los sicarios sino del gobierno, paradójicamente quien debería garantizar seguridad, educación, salud, bienestar y el derecho a desarrollarse libremente.
El Estado actúa con una doble moral, evalúa la situación con un doble rasero.
¿Por qué el secretario general de Gobierno no ha denunciado de la misma forma a los líderes de la Familia Michoacana que, por ejemplo, en Taxco los pobladores reconocen que los sicarios son en su mayoría menores de edad?
En julio del 2023, se publicaron videos y fotografías donde la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y su esposo, Diego Omar Benigno González están platicando amenamente con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez y desde entonces la violencia en esta capital por la disputa entre este grupo criminal y Los Tlacos, no cesa.
¿Por qué la gobernadora Evelyn Salgado o su Secretario General, Ludwing Marcial Reynoso, no han dicho que también a Norma Otilia se le va aplicar la ley?
Será porqué a lo mejor Norma Otilia si abre la boca dirá cosas turbias de la familia Salgado.
Nuestro país es hipócrita, tanto que la gente, instituciones, organizaciones y servidores públicos permiten y está normalizado que en las calles se vendan armas de juguete, que los niños antes de poder leer en sus smartphones se la pasen la varias horas en videojuegos como Call Of Duty, dónde básicamente el objetivo es matar a tus rivales.
¿Por qué no se prohíben estás cosas, o incluso, se cancelan a grupos musicales como Calibre 50 que en sus conciertos una de sus canciones más pedidas es la del “El Niño Sicario”?
El Estado es el primero que violenta a la niñez al no garantizar seguridad, justicia, una educación digna, posibilidades de salir de la pobreza que viven en sus comunidades, trabajo y salarios dignos.
El ejemplo de ellos es que desde 2020 cuando pidieron maestros y una escuela, este año en Ayahualtempa apenas están construyendo un par de aulas para una primaria y les hace falta tres docentes.
Tampoco el delegado del Bienestar, Iván Hernández Díaz, les ha instalado un banco del Bienestar para que que no tengan que viajar a cobrar sus apoyos y los habitantes de Ayahualtempa no se expongan en las cabeceras de Chilapa y Hueycantenango.
CHIRRIONAZO. Fiel a su pasado priísta, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez luego luego felicitó la mañana de este viernes al hombre fuerte del gobierno del estado, Félix Salgado Macedonio, por haber sido electo en la fórmula para la candidatura a la senaduría.
La edil ni siquiera le dedicó un saludo a la diputada Beatriz Mojica Morga, quien encabeza la fórmula al Senado. Desde julio del 2023, después de los videos y fotografías donde platica amenamente con Celso Ortega, Norma Otilia, sabía que su suerte ya había cambiado y sólo estaba pataleando.
La pregunta es: ¿a qué pactos llegó Norma Otilia con el clan de los Salgado para que no la molesten ni con el pétalo de una carpeta de investigación?
Otro morenista que salió vivillo, es Iván Hernández Díaz, flamante delegado de la Secretaría del Bienestar quien se apuntó como precandidato a diputado local por un distrito de Chilpancingo. El asunto es de que como buen conocedor de las prácticas del PRI, anda utilizando a sus empleados llamados pomposamente Servidores de la Nación para que lo promuevan. Ya su asunto está en el INE.
