La octava región de Guerrero, un espejismo
ante el abandono y la violencia criminal

El Durazno, como el resto de las 1,286 comunidades de la Sierra de Guerrero, vive las tragedias de la desatención gubernamental, la discriminación y la violencia de las organizaciones criminales que desde hace décadas se han apoderado de gran parte de este territorio para explotar los recursos naturales.

Apenas en junio de 2026, una empresa contratada por el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) dejó tirados los trabajos de construcción de la escuela de Telebachillerato, los cuales empezaron en diciembre de 2024 y debieron haber concluido, a más tardar, en mayo de 2025.

Los adolescentes de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, reciben clases en una galera que los padres de familia acondicionaron en la comisaría municipal.

El grupo de maestros, a quienes la SEG no les paga viáticos para sus comidas ni transporte, es trasladado cada fin de semana por los padres de familia en un vehículo particular hasta la cabecera municipal de Tecpan de Galeana.

Una camioneta de transporte público suspendió el servicio hacia El Durazno debido a la inseguridad.

En diciembre de 2022, El Durazno acaparó la atención a nivel nacional cuando un grupo de integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana irrumpió en el pueblo y sacó de sus casas a siete hombres, entre ellos un adolescente; los llevaron a la escuela primaria y ahí los asesinaron a balazos.

La gente que estaba en sus casas y otra que trabajaba en sus tierras de labor escucharon las detonaciones de arma de fuego y, posteriormente, el chirriar de las llantas de las camionetas cuando el grupo de delincuentes se retiró.

Este próximo diciembre se cumplirán cuatro años de la masacre de los siete pobladores de El Durazno, y la mayoría de los familiares de las víctimas se fueron de la comunidad. La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a uno de los autores materiales, a quien un juez sentenció a 140 años de prisión.

El resto de los perpetradores —que según los vecinos de El Durazno eran como medio centenar— no ha sido detenido.

El 21 de octubre de 2022, a menos de tres meses de la matanza de El Durazno y 16 días después de la masacre de 20 personas —entre ellas el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, y su papá, el exedil Juan Mendoza Acosta—, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró que el Congreso local aprobara el decreto en el que se reconoce a la Sierra como la octava región.

La mandataria morenista escribió: “Es una fecha histórica para Guerrero, es un acto de justicia para nuestros pueblos de la Sierra que nunca estarán solos”.

Pero, ¿qué ha hecho Evelyn Salgado Pineda y su gobierno para resolver las necesidades de bienestar y garantizarles la seguridad a los habitantes de la Sierra? Nada, absolutamente nada. Lo que ha dicho la gobernadora es mera retórica.

El reconocimiento de la octava región para la Sierra fue una demanda que enarboló la dirigencia del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (CRESIG) en 1998.

En enero de 2015, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez envió al Congreso un decreto para reconocer como octava región a la Sierra, la cual tiene un territorio de 15 mil 453 kilómetros cuadrados (900 mil hectáreas) en donde están asentadas mil 287 comunidades con 145 mil habitantes de 14 municipios.

Pero el Congreso local, que en ese entonces estaba integrado por la mayoría del PRD y del PRI, le dio carpetazo al decreto.

El 9 de octubre de 2026, Salgado Pineda publicó un video para tocar un tema que su gobierno no ha podido garantizar a los habitantes de la Sierra: la seguridad.

“No están solas”, dijo la gobernadora a las familias de la comunidad de Ajuchitlán del Progreso que, desde el pasado 24 de septiembre, le pidieron ayuda a su gobierno para rescatar a ocho ejidatarios (uno de ellos ya fue liberado) que fueron privados de su libertad por integrantes de La Familia Michoacana.

Pasaron 15 días tras el plagio colectivo para que la mandataria estatal les dijera a los familiares que su gobierno sigue con las búsquedas.

El mensaje de Salgado Pineda se da después de que los habitantes del ejido El Balcón advirtieran con protestar en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y de que el Juez Noveno de Distrito, con sede en Chilpancingo, ordenara al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General del Estado (FGE) la búsqueda de los siete secuestrados de la Sierra.

Este jueves 15 de octubre, Salgado Pineda cumple cinco años de haber rendido protesta ante el Congreso local para asumir la gubernatura, le falta un año para concluir su mandato constitucional. El saldo de gobierno es desastroso, no solo en los temas de educación, salud y desarrollo social, también en el de la seguridad.

El caso de la Sierra cobra relevancia porque el gobierno de Salgado Pineda promovió el reconocimiento como la octava región, que implicaría la creación de cuatro nuevos municipios, inversión en caminos, carreteras, apertura de centros de salud, escuelas, señal de internet e incluso la gestión ante el Gobierno Federal de una Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Y, sobre todo, garantizar la seguridad.

El 19 de septiembre de este año, cinco días antes del secuestro de las ocho personas en El Balcón, autoridades de 64 comunidades de la Sierra de los municipios de Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán se reunieron en una asamblea en la localidad de La Ola, donde denunciaron que los caminos están destrozados y las escuelas y centros de salud, cerrados por falta de maestros y personal médico.

Esta reunión se realizó en una zona que está bajo el control de la organización criminal Los Granados, rival de La Familia Michoacana.

En las comunidades de la Sierra convergen tres regiones de Guerrero: Costa Grande, Tierra Caliente y Zona Centro, donde hay 14 municipios cuyas autoridades cohabitan con distintas organizaciones criminales con las que tienen arreglos.

Y esos arreglos entre autoridades y jefes de los grupos del crimen organizado se han acentuado, por lo menos, desde 2015.

A finales de abril de 2023, siete alcaldesas y alcaldes, dos diputados locales y un legislador federal de Tierra Caliente encabezaron un bloqueo carretero en esa región con transportistas y pobladores para denunciar a la fiscal Sandra Luz Valdovinos de haber ordenado el decomiso de 11 vehículos que pertenecían a familiares de los líderes de La Familia Michoacana, José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga.

Por presión de los ediles y diputados, la gobernadora Salgado Pineda acudió —en un traslado en helicóptero militar— a las instalaciones del 49° Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, donde se reunió con ellos. Ahí le pidieron seguridad para transitar por la carretera, ya que tenían temor de ser retenidos en los accesos de Teloloapan por parte de los integrantes de otra organización criminal.

En casi cinco años de gobierno, Salgado Pineda ha visitado tres veces de manera oficial la región de Tierra Caliente, donde gran parte de esta zona es territorio de la Sierra.

Otra visita oficial que realizó Salgado Pineda en la Sierra, pero del lado de la Costa Grande, fue en septiembre de 2023 en la comunidad de Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, luego de que días antes los pobladores de esa zona retuvieran a un grupo de militares.

Aquella vez, los reclamos de la gente durante la visita de la gobernadora fueron los mismos que actualmente exigen: seguridad, caminos, apertura de escuelas, centros de salud y programas sociales.

En 2019, el dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (CRESIG), Rigoberto Acosta González —quien fue asesinado a balazos en octubre de 2024—, dijo que la gente de la Sierra ha sido criminalizada y estigmatizada por el propio gobierno al calificarla como “amapolera”.

“Esos calificativos que hacen las autoridades a la gente de la Sierra los usan como pretexto para mantener a esa región en el olvido, en la marginación”, señaló Acosta González.

En 2019, el líder del CRESIG y exsecretario de Desarrollo Rural estatal reconoció que la gente de la Sierra se dedica a la siembra de estupefacientes porque el gobierno no le deja otras alternativas.

Sin embargo, el esplendor de este negocio cayó a partir de 2016, ya que el precio del kilo de goma de opio cayó a entre 4 mil y 5 mil pesos, cuando antes llegaba a cotizarse hasta en 33 mil pesos.

En 2016, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su monitoreo de cultivos de amapola, dio a conocer que en México se cultivan 28 mil 100 hectáreas de amapola al año, lo que coloca al país en el tercer lugar de esta producción a nivel mundial, detrás de Afganistán y Myanmar.

Son nueve entidades de las sierras Madre Occidental y del Sur de México donde se siembra esta planta; entre ellas está Guerrero, dice el estudio.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos señala que, derivado de la colusión que existe entre autoridades estatales y municipales con las organizaciones criminales, en la Sierra existe una crisis humanitaria con miles de personas desplazadas de sus comunidades.

En 2018, mil 800 familias de ocho comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo fueron sacadas de sus viviendas por supuestos policías comunitarios vinculados con el grupo criminal Los Tlacos.

Muchas de las familias se fueron a Estados Unidos a trabajar en los campos agrícolas y otras más se quedaron en Guerrero; pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les niega el apoyo, pese a que las respalda una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2001, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron liberados por una amnistía del gobierno federal tras permanecer un poco más de dos años en la cárcel de Iguala por defender los bosques en la Sierra de Coyuca de Catalán.

Otros ambientalistas de la Sierra han sufrido el asesinato o la desaparición por parte de organizaciones criminales.

En noviembre de 2012, durante el gobierno de Ángel Aguirre, hombres armados asesinaron a balazos a la ambientalista Juventina Villa y a su hijo Rubén Santana en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.

Semanas antes de su asesinato, Juventina Villa había encabezado un éxodo de familias desplazadas que sufrían persecución por parte de un grupo de integrantes de una organización criminal que se adueñó de los recursos maderables de esa zona.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos dice que la inacción del gobierno de los Salgado para combatir la inseguridad en la Sierra se debe a que desea que una agrupación criminal, con la que tiene pactos, se quede con el territorio.

En mayo de 2026, Javier Hernández Peñaloza, secretario del ejido Guajes de Ayala del municipio de Coyuca de Catalán, aseguró que el exalcalde del municipio de Tlachapa, Martín Mora Aguirre, se reunió con uno de los líderes de La Familia Michoacana para que, a nombre del senador Félix Salgado Macedonio y de su hija, la gobernadora, se pactara una tregua en la región porque la violencia estaba imparable.

Según Hernández Peñaloza, él estuvo presente en esa reunión.

Mora Aguirre rechazó esas acusaciones y aseguró que eran parte de la “guerra sucia” orquestada contra su esposa, la diputada Guadalupe Eguiluz Bautista, porque era aspirante a la candidatura a la gubernatura en el proceso interno de Morena.

Sin embargo, ni Félix ni su hija, la gobernadora han desmentido el señalamiento de Hernández Peñaloza que circula en un video en redes sociales.

Ante la condición de los presuntos integrantes de la Familia Michoacana a los pobladores de El Balcón para que se desplacen de la zona y así liberen a los siete ejidatarios, queda claro que la creación de la octava región no garantizó la aplicación del Estado de Derecho, es decir, no se convirtió en que haya mejor educación para estas localidades, o que mejorara la infraestructura de salud y de comunicación. 

¿Para qué sirvió entonces la creación de la octava región si se mantienen en las mismas condiciones de inseguridad y abandono?

Chirrionazo

Pese a la regañada que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le dio en su mañanera al senador Félix Salgado Macedonio para que le baje tres rayitas a su precampaña (“asambleas”, dice “el Toro”), este se hizo de la vista gorda y anunció que va a seguir y que nadie lo va a frenar, y ya prepara su próximo mitin el 18 de octubre en Coyuca de Benítez. 

¿Alguien podrá frenar a este personaje con sus desmedidas ambiciones personales?

A quien ya se le hizo fue a doña Norma Otilia Hernández Martínez, la ex alcaldesa de Chilpancingo, se perfila nuevamente, cuentan varias fuentes, como la candidata por el PRD Guerrero para la alcaldía de la capital.