Todos sabíamos que a Marco Antonio Suástegui Muñoz lo iban a asesinar.

Y, ahora, todos sabemos que su crimen quedará impune.

Hace 23 años, Marco Suástegui se convirtió en el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop). Desde ese momento hizo algo imperdonable para los que mandan en este país: desafió al poder político y económico. Lo hizo a su estilo, con un discurso directo, claridosos. Siempre portando su machete ayutleco de cacho de toro, que se convirtió en el símbolo de la lucha del Cecop.

Al gobernador René Juárez Cisneros le echó a perder la exploración que hacían los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A Zeferino Torreblanca Galindo le reventó la asamblea en la comunidad de El Campanario —que estuvo vigilada por miles de policías— donde quería con engaños que se decidiera si se construía o no la presa La Parota. A Ángel Aguirre Rivero lo cacheteó y lo corrió de los Bienes Comunales. “De esta de vas acordar toda tu vida, nadie te va a quitar lo que va a venirte encima”, le dijo el entonces gobernador. A Héctor Astudillo Flores le exhibió un grupo armado dentro de los bienes comunales operado a través de su personero, César Flores Maldonado, un personaje sumamente oscuro, con el único propósito de romper la organización del Cecop.

Juárez Cisneros, Torreblanca Galindo, Aguirre Rivero y Astudillo Flores lo encarcelaron. En 2003 lo acusaron de privar de la libertad al ingeniero de CFE, Hugo Chávez. En 2005 lo acusaron de allanamiento de morada, lo detuvieron unas horas porque contaba con un amparo. En 2014, lo acusaron de robo y daños contra un empresario gravillero. Lo encarcelaron en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, sin ser acusado de un delito federal.

“Me arrancaron tres uñas de los pies, me dieron con una culata en la espalda, me rompieron tres vértebras de la columna. De ahí me llevaron al penal de la Unión y de ahí en avión al penal de Nayarit. Ahí nos dijeron que el gobernador Ángel Aguirre, pagaba un millón y medio de pesos al mes para que me trataran mal. Estaba incomunicado, recibía una carta al mes de mis hijos y mi esposa. Nos daban de comer nopales podridos, camarones hediondos, me hacían beber agua de una planta tratadora. Me obligaban a quitarme mi trusa y con eso lavaba la taza del baño. Fue muy humillante […] estar en ese penal es algo que no voy a olvidar. En el penal era el 5148”, contó Marco Suástegui en una entrevista con la agencia de noticias Quadratin Guerrero.

Entró a la cárcel pesando más de 90 kilos, cuando salió su cuerpo era errático: pesaba 50 kilos.

 

En 2014, el encierro de Marco Suástegui obligó a Vicente, su hermano, a tomar las riendas de la lucha de su liberación y mantener al Cecop.

“Desde de que Vicente, Tlachinollan y la gente lograron mi liberación comenzó a ser perseguido. Una vez la Policía Estatal lo detuvo, lo golpeó, lo torturaron, lo encarcelaron unas horas, cuando estaba detenido le dijeron que lo tenían bien ubicado, que era mi hermano”, contó en la misma entrevista.

La última vez que lo encarcelaron fue en 2018, lo acusaron, junto con Vicente, de un multihomicidio que no cometieron. Esa vez los detuvieron después de la masacre en la comunidad La Concepción.

“A mí me detuvo René Juárez, Zeferino, el chacal Aguirre Rivero, Astudillo, espero que la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) no me mande a fusilar. Nosotros no queremos la presa, queremos nuestras tierra, el agua y nos vemos opuesto y eso no nos lo perdonan”, le dijo Marco Suástegui en la entrevista al director de Quadratin Guerrero, Ricardo Castillo.

Desde 1976, la CFE ha intentado construir la hidroeléctrica La Parota, pasó unos 20 años explorando y en 2002 la construcción iba a comenzar. La comisión ya estaba trazando caminos, haciendo casas muestra, brechas para construir las cortinas. También hacían asambleas amañadas para convencer a los comuneros, pero por la resistencia en este momento está suspendido pero no cancelado. Este proyecto contempla construir un gran lago artificial que implica inundar 36 comunidades completas de Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chilpancingo, 17 mil hectáreas. Contempla producir electricidad para que los más ricos produzcan más riqueza.

Marcos Suástegui egresó con el mejor promedio en su generación como arquitecto en el Tecnológico de Acapulco, se ganó una beca para estudiar en Francia, quería ejercer, ir a Cuba a conocer los diseños, a empaparse de nuevas ideas, quería ser un gran arquitecto, pero la intención de construir la presa de La Parota lo detuvo y así sus últimos años de vida los dedicó a defender los pueblos de Cacahuatepec y al río Papagayo. Su labor era concientizar a los pueblos del valor que tienen sus tierras y el agua. Eso le costó caro: lo persiguieron, lo criminalizaron, lo encarcelaron, lo torturaron. Le desaparecieron a su hermano menor, Vicente.

A Marco Suástegui ninguna autoridad lo quiso proteger, ninguna.

 

El 28 de febrero del 2025, Marco Suástegui pidió la protección de la Guardia Nacional al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde estaba albergado desde 2018. No confiaba en la Policía Estatal.

El consejo del mecanismo se la negó. Marco Suástegui y los abogados del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, le expusieron todos los riesgos que corría.

“En una ocasión dejaron en la playa Icacos restos humanos con una cartulina donde decía el nombre del tigre (como conocían a Marco Suástegui) y de otras personas más. Y se decía que él seguía en la lista. Y también en las asambleas de Cacahuatepec cuando realizaba y en los recorridos entregando apoyos de maíz, de lámina por este tema de los huracanes, había gente que lo estaba amenazando. En una ocasión tuvo que suspender una asamblea dominical porque le dijeron que iba a llegar gente de la delincuencia para asesinar a la gente que acudiera a la asamblea. Eso lo tiene de conocimiento el Estado mexicano por medio de la Comisión Interamericana”, cuenta Rogelio Téliz, abogado de Tlachinollan y quien acompañó a Marco Suástegui durante muchos años.

En los últimos años, la playa Icacos se convirtió en un punto de disputa: los asesinatos, los ataques, la quema de comercios han sido constantes. A Marcos Suástegui le quemaron por lo menos en dos ocasiones su inmobilario, sus motos acuáticas y sus lanchas.

En esa sesión del mecanismo, Marco Suástegui y los abogados explicaron a los consejeros el riesgo que corría en sus traslados de Cacahuatepec a la playa Icacos, que en el camino la señal del celular es muy mala y que, en caso de una agresión, sería casi imposible pedir ayuda.

El consejo del mecanismo evaluó que el riesgo que corría Marco Suástegui no era suficiente para tener la protección de la Guardia Nacional. Le ratificaron las medidas con las que contaba: un botón de pánico, cámaras de videovigilancia en su casa y recorridos burocráticos de la policía.

Lo único que le ofrecieron es que la Guardia Nacional lo protegiera cuando saliera de Acapulco pero tenía que avisar cinco días antes.

 

Justo hoy, dos patrullas de la Guardia Nacional protegen 24 horas al dirigente de Morena en el estado, Jacinto González Varona, además de contar con una camioneta blindada.

¿Por qué algunos sí pueden contar con protección y otros no? Sería bueno que la Guardia Nacional explique sus criterios de protección.

Marcos Suástegui le pidió a los consejeros que hicieran una inspección en Cacahuatepec, se comprometieron a que en los siguientes seis meses la harían para verificar lo que les contó.

Esa inspección ya no es necesaria.

Marco Suástegui desde 2018 pidió protección, ninguna autoridad lo atendió y tuvo que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2021 la CIDH ordenó al Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, que le otorgara medidas cautelares para salvaguardar la vida y la integridad física de Marco Suástegui y otras 38 personas incluido su hermano Vicente, sus esposas e hijos y otros integrantes del Cecop.

La CIDH ordenó al Estado mexicano que se coordinara con Marco Suástegui para que definieran el mejor mecanismo de protección. Ahí pidió que fueran soldados de la Guardia Nacional quien lo protegiera. Nunca accedieron.

La desaparición de Vicente aceleró el proceso de solicitud de medidas cautelares por parte de la CIDH.

La noche del 5 de agosto de 2021, Vicente conducía un taxi colectivo de la ruta Centro-Renacimiento cuando, en la calle Circuito Interior, un vehículo March rojo le cerró el paso entre las calles Francisco Granados y Cuauhtémoc, frente a la Secundaria Federal número 9.

 

Del asiento trasero del March descendieron dos hombres que después las autoridades los identificaron como Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, y Baltazar Cardona Clavel, alias El Balta.

De la misma unidad, del asiento del copiloto bajó Felipe Sandoval Gasga, alias La Yegua, según la carpeta de investigación 1203008020046606082 de la FGE.

De acuerdo con una testigo, El Brillo y El Balta le apuntaron con armas cortas, abrieron la puerta del piloto y comenzaron a jalonearlo para bajarlo del taxi.

Vicente puso resistencia y los hombres le dispararon, lo sacaron de su taxi y lo subieron al asiento trasero del vehículo March.

Hay cuatro hombres detenidos como presuntos autores materiales.

De acuerdo con uno de los detenidos, se llevaron a Vicente al motel Tres Palos, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Metlapil. Lo entregaron a Pedro Santos Cruz, alias El Comandante Pino, comandante de un grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

La versión del detenido es que fue El Comandante Pino quien presuntamente habría asesinado a Vicente y lo habría enterrado en una fosa clandestina ubicada a 300 metros atrás de un motel, en un paraje conocido como El Deshuesadero de vehículos.

 

Tras esto todos sabían de la necesidad de protegerlo. El propio Marco Suástegui le entregó en sus manos una copia de todo el expediente de las medidas cautelares que ordenó la CIDH a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Era la 1:39 de la tarde del 30 de noviembre del 2021, cuando en el vestíbulo de Palacio de Gobierno, Marco Suástegui le entregó el expediente a Salgado Pineda. La gobernadora lo recibió después de que el defensor se le paró en uno de sus eventos.

Lo recibió con un abrazo y platicaron apenas 15 minutos. En el expediente se narra las agresiones, las amenazas y la necesidad de proteger a Marco Suástegui.

“Esa vez Marco no le habrá pedido seguridad porque era una asunto federal, la Secretaría de Gobernación era la que tenía que definir quién lo protegía, si era la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina u otro institución del Estado, además él no confiaba en la Policía Estatal, pero lo que tal vez sí le pidió fue que interviniera para que le diera protección la Guardia Nacional”, cuenta el abogado de Tlachinollan.

La protección de la Guardia Nacional, sin embargo, no llegó.

Tras el asesinato de Marco Antonio, la gobernadora mediante su personero Francisco Rodríguez Cisneros negaron que el activista pidiera seguridad. Incluso, Félix Salgado Macedonio declaró contradictoriamente que sí sabía que Marco Suástegui tenía amenazas de muerte. ¿Por qué si se decía que era su amigo como senador no intervino para que se le brindaran la seguridad?

Hace unos días, en Chilpancingo, el ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó el asesinato de Marco Suástegui. Dijo que el crimen ocurrió porque no se le “crearon las condiciones para garantizar su seguridad”.

 

A Encinas Rodríguez se le olvidó decir que él formaba parte de la Secretaría de Gobernación cuando la CIDH remitió las medidas cautelares para proteger a Marco Suástegui.

La noche del 18 de abril, en la playa Icacos un hombre le disparó directamente a Marco Suástegui. Le provocó tres heridas, una en el estómago que lo tuvo agonizando ocho días en un hospital privado donde murió.

La reacción de las autoridades esa noche fue demasiado tímida, no armaron ninguna operación especial sobre la Costera Miguel Alemán para dar con el asesino, como sí ocurrió cuando asesinaron al cacique Luis Justo Herrera el 25 de abril en Azoyú. De inmediato detuvieron a dos presuntos asesinos.

Del crimen de Marco Suástegui no hay nada, por eso decir que quedará en impunidad no es una exageración.

“La esposa de Marco ya presentó la denuncia, ya está solicitando el castigo e investigación de los hechos, pero no tenemos ninguna pista, ninguna línea de investigación. La fiscalía no ha solicitado las cámaras de los hoteles. No tenemos dictámenes de criminalística, no tenemos informes de las policías ministeriales, no tenemos nada. No ha informado nada la fiscalía. Está esperando, como siempre, la carga de la prueba: que la esposa diga quién fue, que diga quienes fueron las personas que asesinaron a Marco. Eso es delicado, es un tema de riesgo de vida. La familia se mantiene en los bienes comunales pero tiene mucho miedo, mucho temor de que sean agredidos y que pierdan la vida también”, dice el abogado de Tlachinollan.

Posdata: “Si a mí me preguntaran dónde te gustaría volver a nacer, volvería a nacer Bienes Comunales de Cacahuatepec, si me sacaran las tripas me las metería y volvería a caminar por las veredas de Cacahuatepec. No nos sacaron y no nos van a sacar de Cacahuatepec, no me arrepiento de toda esta lucha”, dijo Marco Suástegui en la entrevista con Quadratin Guerrero.

 

Chirrionazo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su papá Félix Salgado Macedonio perdieron la vergüenza y lo exhibieron públicamente esta semana que pasó al darle el espaldarazo a Rommel Rodríguez Zavalza como director del zoológico Zoochilpan cuando no cumple los requisitos que establece la Ley del Bienestar Animal que a propuesta de Morena fue aprobada en el 2024 por el Congreso local.

Los Salgado se pasaron por el arco del triunfo esta ley y las críticas de los ambientalistas y defensores de los derechos de los animales que impugnaron este nombramiento.

Rodríguez Zavalza es licenciado en locución y no médico zootecnista como establece la Ley del Bienestar Animal. El único mérito que tiene el nuevo director del zoológico es ser empleado de Félix Salgado. ¡Vaya cinismo!