Gobierno de Guerrero: declaraciones
patrimoniales opacas
Emiliano Tizapa Lucena, Jesús Guerrero y Arturo de Dios Palma
Chilpancingo
25 de mayo de 2026
Hace unos días la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, afirmó: ”hablar de transparencia no sólo es hablar de normas administrativas, también es hablar de la confianza que la ciudadanía ha depositado en sus servidores públicos”.
El 19 de mayo, Salgado Pineda celebró el supuesto inicio del periodo para la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, rodeada de sus burócratas y parte de su gabinete. Ahí presumió que ya había presentado su declaración patrimonial correspondiente a 2025.
Sin embargo, esa “confianza” de la que habló la mandataria ha sido traicionada constantemente por ella y sus funcionarios.
Por ejemplo, la gobernadora —que habló de la rendición de cuentas y la transparencia— apenas tiene tres declaraciones patrimoniales públicas; la de este año será la cuarta, que aún no está disponible en la página de DeclaraNet.
Pero las tres declaraciones públicas de la gobernadora están casi vacías; los pocos datos que tienen son sus estudios y su salario.
La versión pública de las declaraciones de Salgado Pineda indica que es maestra en Derecho Penal y Juicios Orales por el Colegio de Matemáticas y se tituló en diciembre de 2018.
Respecto a su salario, correspondiente al 2022, la gobernadora afirmó que tuvo un ingreso anual neto de 1,053,847 pesos. Para 2023, la gobernadora aseguró haber ganado 988,664 pesos netos al año. En 2024, su remuneración anual neta fue de 1,066,531 pesos.
Esa es toda la información que la gobernadora hizo pública. No hay un dato más. La gobernadora no informa si estos años adquirió una casa, un departamento, un terreno, un vehículo, joyas. Nada. Tampoco informa si hizo inversiones, o adquirió deuda o pasivos, préstamos o comodatos, participación en empresas ni fideicomisos.
La gobernadora no explica si tiene alguna participación en la empresa familiar, el periódico El Guerrero que dirige su hermana Sol Salgado Pineda.
Pero El Guerrero antes se llamó La Jornada Guerrero, franquicia que compró su padre, Félix Salgado Macedonio, después de que dejó la alcaldía de Acapulco. La Jornada Guerrero operó con la razón social Editorial Eve S.A. de C.V.
¿Por qué la gobernadora se niega a ser transparente? ¿Con declaración patrimonial incompletas corresponde a la confianza que el electorado le depositó?
La falta de transparencia de Salgado Pineda se convirtió en un ejemplo; uno de sus más cercanos colaboradores, Francisco Rodríguez Cisneros, también ha limitado la información pública.
El funcionario estatal, según su declaración patrimonial, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y tiene una maestría en Administración por el Colegio Mayor de San Carlos.
La otra información pública es solo su salario: Rodríguez Cisneros en 2022 declaró una ganancia anual neta de 660,210 pesos, misma cifra reportada en 2023. Pero para 2024, luego de que desde abril de ese año fuera designado como subsecretario de Desarrollo Político y Social, su ganancia anual neta fue de 586,061 pesos.
¿Cómo es posible que como director general de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Rodríguez Cisneros ganara más que como subsecretario?
El funcionario estatal tampoco tiene pública ninguna información extra.
Augusto César Cruz Castillo, quien en 2022 era el coordinador de la agenda de la gobernadora, es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de licenciado en Administración Pública por el Instituto Mexicano de Profesionalización Educativa.
En febrero de 2024 fue nombrado como secretario Técnico del Ejecutivo o, como informalmente le llaman, el jefe de la Oficina de la Gubernatura.
Cruz Castillo declaró en 2022 como coordinador de agenda haber ganado anualmente 610,174 pesos netos; en 2021, aumentó a 627,641 pesos; para 2024 su reporte de ganancia anual fue de 624,630 pesos; y para 2025 su ganancia anual fue de 619,722 pesos.
René Posselt Aguirre, el licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Americana de Acapulco, es el director general de Comunicación Social.
En 2022 de Posselt Aguirre reportó un ingreso neto anual de 520,700,000 pesos, según consta en su declaración patrimonial. La cifra es exorbitante.
Si fue un error, ¿por qué a tantos años no han hecho la corrección? Y si no lo es: ¿por qué un director de Comunicación Social ganó esa cantidad? Que no es poca cosa.
Para 2023, Posselt Aguirre declaró una ganancia anual neta de 616,000 pesos; en 2024 la cifra patrimonial reportada fue de 660,723 pesos; en 2025, su ganancia aumentó a 800,173 pesos.
Otro caso es Hilda Ruth Lorenzo Hernández, médica cirujano por la Universidad Autónoma de Guerrero. En 2022, como subsecretaria de Bienestar, su salario anual fue de 446,417 pesos; en 2023, reportó 421,788 como ganancia anual neta; en 2024 declaró 618,314 pesos y para 2025 su ganancia anual neta fue de 631,815 pesos.
Lorenzo Hernández fue designada como secretaria de la Mujer el 21 de enero de 2026.
De todos estos funcionarios y funcionarias, esta es la única información pública en sus declaraciones públicas. El ejemplo de Salgado Pineda de no ser transparente en sus bienes se reproduce en sus subalternos.
¿Cómo saber si en lo que va de esta administración han aumentado su patrimonio personal?
Cuestionar a la gobernadora resulta extraordinario; la prensa se encuentra en un momento de silencio casi absoluto, muy pocos se atreven siquiera a fiscalizar una acción de la mandataria.
Aunado a ello, todos los órganos de fiscalización son controlados por el senador Félix Salgado Macedonio y es impensable que la Auditoría Superior del Estado (ASE) o el Congreso local presionen al Ejecutivo en la transparencia de la información a la que deberíamos tener acceso como ciudadanos.
Peor aún, a nivel nacional el órgano encargado de acceso a la información, así como en lo local, fueron desaparecidos. Ahora los mismos gobiernos son los encargados de autovigilarse.
La fiscalización de la gobernadora no debe ser vista como un asunto de género ni como un asunto personal, sino como una normalidad a la que cualquier funcionaria o funcionario debería acostumbrarse en una democracia.
Chirrionazo
Este viernes arribó a Chilapa la Misión Civil de Observación Sexta, cuyos integrantes denunciaron en su trayecto que las autoridades les habían negado la seguridad para llegar a Alcozacán.
El objetivo de la misión era documentar las “violaciones a los derechos humanos y para acompañar a las comunidades” tras una serie de ataques armados en algunas comunidades.
La nota fue difundida en diversos portales y medios de comunicación. Sin embargo, el gobierno del estado se enganchó contra la difundida en El Universal, con la intención de desacreditar a nuestro compañero Arturo de Dios Palma.
En los grupos oficiales de Comunicación Social del gobierno estatal difundieron un boletín con el título “Respecto de la nota publicada por El Universal titulada ‘Dejan sin seguridad a misión civil en Chilapa’, el Gobierno de México desmiente categóricamente dicha versión y precisa lo siguiente:”.
La versión no es propia del corresponsal de El Universal, sino que simplemente recogió lo expresado por los integrantes de la misión en una transmisión en redes sociales difundida incluso por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Decenas de medios difundieron la denuncia.
Esto demuestra que el gobierno estatal intenta desacreditarnos mediante sus páginas y medios a los que manipula mediante convenios publicitarios. Llamamos al gobierno estatal a detener su embestida mediática. Si van a desmentir una información, no lo hagan con el mensajero, sino desmientan a la misión y a las organizaciones que expresaron dicha denuncia.
