Gobierno detiene a líderes sociales pero no toca a organizaciones criminales en Guerrero
Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma
Chilpancingo
20 de julio de 2026
El viernes 17 de julio, Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ), junto con su esposa salieron de su comunidad Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. Horas antes, Plácido Galindo recibió una llamada telefónica del principal operador político de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Francisco Rodríguez Cisneros, para confirmarle una reunión en Acapulco.
Soldados del Ejército, Guardia Nacional y agentes de la Policía Estatal marcaron el alto a Plácido Galindo en un retén instalado en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, cerca de Monte Alto.
El líder comunitario bajó del vehículo y frente a su esposa fue detenido por los militares y policías estatales. La cónyuge del líder social denunció que los militares no le informaron hacia dónde se lo llevaban y cuales eran los cargos.
A las 8 de la noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) informaron que Plácido Galindo fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de José Pablo Xantenco en 2021 y de tener vínculos con el grupo criminal de “Los Rojos, Cártel de la Sierra o Los Tlacos”.
De acuerdo con la carpeta de investigación que integró la FGE en 2021 por el asesinato del comisario de la comunidad de Xicotlán, José Pablo Xantenco, no se acusa a Plácido Galindo del crimen ni tampoco de que tenga vínculos con algún grupo del crimen organizado.
“Nosotros hicimos la denuncia por el asesinato del comisario de Xicotlán, pero no señalamos como responsable a Jesús Plácido y tampoco de que él tenga vínculos con un grupo criminal, solo dijimos que se actuara contra quienes resulten responsables”, declaró Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del Frente de Defensa Popular “Francisco Villa” que asesora a comunidades opositoras al Cipog-EZ y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Al comisario de Xicotlán lo asesinaron porque supuestamente se negó a pertenecer a la Cipog-EZ y a la CRAC-PF.
Guevara Tejedor y autoridades de pueblos vecinos de Alcozacán han señalado a los integrantes de la CRAC-PF y Cipog-EZ de ser los responsables de desapariciones, asesinatos y familias desplazadas.
La detención de Plácido Galindo ocurre dos meses después de que junto con habitantes de las comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán denunció que durante seis días sufrieron ataques con disparos de arma de fuego y drones con explosivos por parte de intrigantes de “Los Ardillos”. Seis lugareños fueron asesinados, decenas de casas incendiadas y muchas familias siguen desplazadas.
En Xicotlán regresaron pocas familias y Tula ahora es un pueblo fantasma. En la zona de conflicto se mantiene la presencia de las fuerzas armadas, pero el gobierno no envía ayuda humanitaria. Ni siquiera una despensa alimentaria para las víctimas de desplazamiento forzado.
Después del cese al fuego por la llegada de las fuerzas armadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la gobernadora, se reunieron con habitantes de Alcozacán, zona donde operaba Plácido Galindo.
La funcionaria federal y la mandataria estatal también se reunieron con autoridades y habitantes de Coatzingo, uno de los centros de operaciones de Los Ardillos que es el corredor que une a municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín Herrera y Atlixtac.
En esta zona, integrada por un corredor de comunidades que comienzan en Atzacualoya, Chilapa, y terminan en el municipio de José Joaquín Herrera, desde cuando menos hace 10 años a este grupo criminal se le han atribuido decenas de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de familias, hasta el momento la autoridad no los ha tocado.
El 22 de octubre de 2022, un grupo de integrantes del Cipog-EZ y la CRAC-PF se apostaron en el crucero de Colotepec, en la carretera federal Chilapa-Tlapa, donde lograron que el convoy de vehículos donde iba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se detuviera.
López Obrador escuchó la serie de denuncias que le expusieron Plácido Galindo y otros integrantes de esta organización, entre ellos Adán Linares, Guillermo Hilario y Moisés Coapipisco.
El grupo de integrantes del Cipog-EZ le pidió a López Obrador que su gobierno actuara contra “Los Ardillos” que dirigen los hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez. También acusaron al ex alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, de estar coludido con esta organización criminal.
Con molestia y permaneciendo sentado en el asiento de copiloto de la camioneta blindada en que viajaba, López Obrador les contestó que dejaran las armas y que la mejor forma para cambiar las cosas era “la lucha pacífica”.
No era la primera vez que López Obrador mostró su desenfado y malestar contra las acciones de los integrantes del Cipog-EZ y la CRAC-PF. El 1 de febrero de 2020 lanzó una serie de vituperios y calificativos contra sus dirigentes.
“Fantoches y prepotentes”, los calificó el ex presidente de la República a los dirigentes de esta organización, luego de que se difundieron imágenes en los medios nacionales e internacionales donde niños armados desfilaron en las calles de la comunidad de Ayahualtempa, en José Joaquín Herrera.
Los dirigentes y comisarios de comunidades de esa zona utilizaron ese recurso mediático de armar a los menores de edad para llamar la atención al gobierno y les hicieran justicia por el asesinato de diez integrantes del grupo “Sensación Musical” de la comunidad de Alcozacán por parte de integrantes del grupo criminal de “Los Ardillos”, el 17 de enero de 2020.
“Armamos a los niños porque el gobierno no nos garantiza ninguna seguridad”, le respondió David Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF en Alcozacán, a López Obrador.
El 22 de noviembre de 2022, Adán Linares, Guillermo Hilario y Moisés Coapipisco, tres de los integrantes del Cipog-EZ y la CRAC-PF que abordaron a López Obrador un mes antes en la vía federal rumbo a Tlapa, fueron asesinados con disparos de arma de fuego por varios hombres que iban a bordo de dos motocicletas en las inmediaciones de la comunidad de Xochimilco, del municipio de Chilapa.
Minutos antes de ser asesinados, Hilario, Linares y Coapipisco que viajaban en una camioneta fueron interceptados por agentes de una patrulla de Tránsito municipal de Chilapa y tras identificarse los dejaron ir.
Posteriormente los tres integrantes del Cipog-EZ fueron perseguidos por los motociclistas armados para matarlos a tiros.
La detención de Plácido Galindo se registra luego de que en mayo de este año declaró en varios medios nacionales e internacionales y acusó a la alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino, de tener vínculos de manera directa con los dirigentes de “Los Ardillos”.
Pero mientras la gobernadora es omisa ante la violencia en este corredor, la priísta rechazó recientemente tener nexos con esta organización criminal.
Plácido Galindo es hijo de Cirino Plácido Valerio y sobrino de Bruno Plácido Valerio, quienes en 1995 formaron parte del grupo que fundó la CRAC-PC en el municipio de San Luis Acatlán durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, acusado de la masacre de los 17 campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande.
Bruno Plácido salió de la CRAC-PC y en 2013 fundó la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg); fue asesinado a balazos por varios individuos el 17 de octubre de 2023 fuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en Chilpancingo.
Bruno Plácido presumía tener relaciones con políticos del PRI y Morena, al igual que su sobrino Jesús Plácido, tenía carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se le acusó de tener nexos con el crimen organizado.
El 9 de agosto de 2022, Bruno Plácido fue detenido por agentes de la policía ministerial de la FGE por los cargos de robo específico y daños en agravio de varias familias en Tlapa; salió en libertad bajo una fianza que le fijó un juez del viejo sistema penal acusatorio.
El crimen del líder de la UPOEG se le atribuyó a los integrantes de Los Ardillos, organización criminal que desde el gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero, luego en el interinato de Rogelio Ortega, los seis años del priísta Héctor Astudillo Flores y ahora con la morenista Salgado Pineda, se ha mantenido en la impunidad.
Ni siquiera por el asesinato del alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán, en octubre de 2024, se ha tocado al grupo criminal, el cual sigue sin esclarecerse a pesar de que según las investigaciones de la FGE, fue perpetrado por el grupo criminal.
Germán Reyes Reyes, ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo que presuntamente tiene vínculos con “Los Ardillos” sigue preso por el crimen de Arcos Catalán, pero sus abogados defensores aseguran que las pruebas en su contra son muy endebles y lo más seguro es que salga en libertad.
En el caso del asesinato de los diez integrantes del grupo Sensación Musical, en enero de 2020, regresaban a su comunidad tras amenizar una fiesta en una localidad vecina cuando fueron interceptados y masacrados a balazos; la camioneta en la que viajaban fue empujada hacia el fondo de un barranco.
La fiscalía, a cargo del abogado Jorge Zuriel de los Santos Barrila, integró una carpeta de investigación donde se señala a “Los Ardillos” como autores de esa masacre. Han pasado más de seis años y nadie ha sido detenido.
En Guerrero, “Los Ardillos” no es el único grupo criminal al que el gobierno no lo toca. Otra organización intocable es La Familia Michoacana, que al igual que “Los Tlacos” y “Los Rusos” han aumentado su poder de fuego en regiones de Guerrero bajo la protección, colusión y omisión de las autoridades.
El 17 de junio, unas semanas antes de que integrantes de La Familia Michoacana atacaran a balazos con drones explosivos a las localidades serranas de Los Órganos, La Hacienda y El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán, el secretario del ejido Guajes de Ayala Javier Hernández Peñaloza aseguró en una de sus publicaciones en Facebook que en abril de 2022, el ex alcalde de Tlachapa, Martín Mora Aguirre se presentó como representante del senador Félix Salgado Macedonio y de su hija la gobernadora a una reunión donde estuvo el líder de la organización criminal, Jhonny Hurtado Olaoscaga, alías “El Pez”, para negociar un pacto de paz en la región.
Tras los señalamientos del líder de Guajes de Ayala, Mora Aguirre rechazó tener esos vínculos con la Familia Michoacana y negó haber estado en alguna reunión.
“Yo no representó a nadie y el gobierno no me ha comisionado y no soy funcionario del gobierno”, apuntó Mora Aguirre.
“Ese cuate (Hernández Peñaloza) nos está focalizando y si algo nos pasa a mí o a mi familia lo señalo como responsable”, sostuvo Mora Aguirre en una aclaración que hizo al periódico El Sur.
Aseguró que las declaraciones que hizo Hernández Peñaloza tiene motivaciones políticas porque su esposa Guadalupe Eguiluz Bautista, es aspirante a la candidatura a la gubernatura por Morena.
La familia Mora Eguiluz han mantenido un cacicazgo en Tlachapa desde hace 15 años intercambiándose cada tres años la alcaldía bajo las siglas del PRD y ahora con Morena.
Hernández Peñaloza encabeza a un grupo de civiles armados que da seguridad a las familias de las localidades de Guajes de Ayala y el gobierno lo identifica como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En los casi cinco años que lleva gobernando Salgado Pineda, en Tierra Caliente se han registrado hechos de violencia de alto impacto perpetrados por integrantes de la FM.
En octubre de 2002, miembros de la FM masacró a balazos a 20 personas entre ellas, el alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Almeda y a su padre el ex edil Juan Conrado Acosta.
La matanza se originó luego de que los líderes de la FM, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, descubrieron que el secretario de Desarrollo Rural del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, Nazario Domínguez Nájera, falleció en un accidente automovilístico provocado.
Los líderes de la organización criminal habían pactado con el edil Conrado Almeda de que Nazario Domínguez se convertiría en el candidato a la alcaldía del municipio en 2024. Sin embargo, Conrado Almeda hizo saber a su grupo político que pretendía reelegirse.
Después de la masacre, la violencia en Tierra Caliente –dominada por la FM– no ha parado.
En diciembre de 2022, en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, el mismo grupo armado masacró a ocho personas.
El 2 de mayo de 2023, en un hecho sin precedentes, alcaldes y alcaldesas de ocho municipios de Tierra Caliente y los diputados locales de los dos distritos además de un diputado federal de esta región obligaron a transportistas, familias y comerciantes a cerrar cuatro días las vías federales para exigir la destitución de la ex fiscal General del Estado, la teniente militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien ordenó la ejecución del cateo de una bodega en Ciudad Altamirano donde aseguraron 13 vehículos, entre ellos un Lamborghini, valuado en 5 millones de pesos y una camioneta Hummer de 2 millones de pesos.
Los vehículos asegurados pertenecían a los líderes de la FM, informó la FGE. La Fiscalía integró una carpeta de investigación contra los ediles y legisladores, pero no se judicializó.
El grupo de ediles y diputados levantaron el bloqueo en la vía luego de doblegar al gobierno estatal, la gobernadora viajó en helicóptero a Ciudad Altamirano para negociar en una reunión en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería.
La consecuencia del aseguramiento de los 13 vehículos, en agosto de 2023 hombres armados irrumpieron en las oficinas de la Fiscalía Regional en Coyuca de Catalán y se llevaron por la fuerza a la Ministerio Público, Jaqueline Salgado González, quien tenía dos días de haber sido asignada al cargo.
Salgado González fue liberada por el grupo criminal un día después de su secuestro. Posteriormente ella protestó afuera del Congreso local denunciando que el gobierno estatal y la FGE le negaba medidas cautelares y que tenía mucho miedo porque había sido amenazada de muerte.
La venganza de la FM no paró ahí. En septiembre de 2023, integrantes de la organización criminal privaron de su libertad y asesinaron a balazos al fiscal regional, el coronel militar retirado Víctor Manuel Salas Cuadras, quien apenas había tomado posesión al cargo en Coyuca de Catalán.
Salas Cuadras había ejecutado la orden judicial de cateo en la bodega donde estaban bajo resguardo los 13 vehículos en Ciudad Altamirano.
Informes de la FGE indican que en Coyuca de Catalán y Arcelia prácticamente las agencias del Ministerio Público están sin operar.
El 19 de septiembre de 2023, hombres armados de la FM incendiaron las instalaciones del Ministerio Público de Arcelia. Y en octubre de 2022, en la conferencia mañanera López Obrador, el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, acusó a la jueza Isis Peralta Salvador quien en julio de 2022 retrasó una orden de cateo que le solicitaron las autoridades de la FGE para asegurar cinco ranchos ubicados en los municipios de Iguala, Arcelia y San Miguel Totolapan, propiedad presuntamente de los líderes de la FM.
Según Mejía Berdeja, esos ranchos eran utilizados por la FM para mantener recluidas a sus víctimas.
Pese a esos señalamientos, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial no investigó a Peralta Salvador y la cambió del distrito judicial de Hidalgo, en Iguala, por el distrito de Tabares en Acapulco.
En agosto de 2025, Peralta Salvador fue atacada a balazos por hombres armados cuando viajaba en una camioneta en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco. La funcionaria judicial, al igual que su hijo que iba con ella, resultó ilesa.
Peralta Salvador es allegada al senador Félix Salgado Macedonio y a propuesta de la mandataria estatal fue designada por el Congreso local como magistrada provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) este 16 de julio.
Por ello, en Guerrero las organizaciones criminales son intocables e impunes, porque desde hace sexenios quienes intentan defenderse de su asedio son encarcelados o asesinados.
Chirrionazo
Este sábado en Chilpancingo, la aspirante a coordinar los Comités en Defensa de la Soberanía de Morena, Esthela Damián Peralta, respondió que desconocía quién hace la repartición de sombrillas y bolsas con su imagen en la capital. La ex consejera jurídica de la Presidencia de la República respondió: “No, ahí si no sé. No, no lo sé, desconozco”.
Y cuando las reporteras y reporteros hacían más preguntas, Damián Peralta atajó: “Ya, ya, ya, ya, quedamos que cuatro (preguntas)” y se alejó.
La ex consejera jurídica tuvo tres eventos en Chilpancingo, la primera en una escuela católica donde se lanzó contra Beatriz Mojica Morga, al decir: “A mí al menos me genera desconfianza alguien que pudo tener, la oportunidad de estar del lado correcto de la historia…hay quienes han pensado que el neoliberalismo y (Ricardo) Anaya son una opción, tengan cuidado”.
Y es que recordó que en el proceso de 2018, Mojica Morga respaldó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya. Damián Peralta cerró con una concentración en la plazuela del barrio de San Mateo, donde sus simpatizantes le gritaron que la respaldarán por la gubernatura.
