Acapulco: el criminal tenía permiso oficial para extorsionar

El 17 de diciembre de 2025, el director del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, le tomó protesta a 24 integrantes del Consejo Consultivo de la Bahía Histórica de Acapulco, entre ellos Abad Esparza Bustos, a quien las autoridades federales lo ubicaron como operador de la red de extorsión que dirigía Jesús Zamora Cervantes.

La detención de Zamora Cervantes, junto con seis hombres y cuatro mujeres, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) formaban parte de una red criminal dedicada a extorsionar sistemáticamente a prestadores de servicios públicos de las playas de Acapulco, ha destapado una cloaca en la que se presume podrían estar involucradas, por lo menos por omisión, autoridades del municipio de Acapulco y del gobierno estatal.

Ramírez Mendoza –ex dirigente de Morena en la Ciudad de México y ex operador político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– avaló los nombramientos de Esparza Bustos y de los otros 23 integrantes del Consejo Consultivo, integrado por representantes de organizaciones sociales, académicos, comunitarias, expertos en urbanismo y portavoces del turismo local.

Esparza Bustos se hacía llamar vocero del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos en Acapulco y aparece en la fotografía junto con los 23 integrantes del Consejo.

Cuando Abad fue designado en este cargo honorífico, el gobierno federal ya tenía una investigación en curso en su contra, como lo informó el viernes 5 de junio en su conferencia mañanera la presidenta de la República, quien dio a conocer que las indagatorias del caso llevaban ya ocho meses.

Zamora Cervantes pasó de ser un ciudadano de bajo perfil a un empresario restaurantero y contar con una base social a la que controlaba bajo amenazas.

Así fue como logró que desde el 30 de septiembre del 2023, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez lo designara asesor general del ayuntamiento, con un salario mensual bruto de 41 mil 763 pesos, y, neto de 34 mil 283 pesos.

La Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT) reporta que hasta el 30 septiembre de 2025 Zamora Cervantes dejó de percibir el salario de 41 mil 763 pesos, lo que presume que fue destituido del cargo.

En este 2026, una fuente del ayuntamiento de Acapulco contó que tenían versiones extraoficiales de que Zamora Cervantes tenía relaciones con la delincuencia.

Pero, ¿realmente el que dirigía a un grupo de la delincuencia organizada era Zamora Cervantes como lo asegura la SSP?, ¿la alcaldesa, el resto de sus asesores y funcionarios acaso no sabían de las acciones del presunto líder de prestadores de servicios?

Existe la versión de que Leticia Lozano Zavala, secretaria General del Ayuntamiento y cercana de López Rodríguez, fue quien acercó a Zamora Cervantes para que le dieran el cargo en el ayuntamiento.

Aunque también fuentes del municipio informaron que el ex diputado local perredista y ex líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) y ex coordinador de asesores de López Rodríguez, René Lobato Ramírez habría recomendado a Zamora Cervantes para el cargo.

Lobato Ramírez dejó la coordinación de asesores en 2024, en el inicio del segundo trienio municipal de López Rodríguez.

Lobato Ramírez perteneció al grupo político de Félix Salgado Macedonio, cuando ambos militaban en el PRD, pero unos años se distanciaron y ahora en Morena se reencontraron haciendo alianzas.

El 8 de mayo, Zamora Cervantes publicó una fotografía en su Facebook con Lobato Ramírez y René Bejarano Martínez –operador político externo de Morena– en un café que está cerca del aeropuerto de Acapulco.

En la misma imagen aparece Óscar Chávez, el ex subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales del gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

Bejarano Martínez, apodado “el señor de las ligas” luego de que en 2004 apareció en un video recibiendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, estuvo en Acapulco durante varios días en reuniones con políticos morenistas, entre ellas con Guadalupe Eguiluz Bautista, diputada local de la Tierra Caliente, región que se convirtió en el bastión de la organización criminal de la Familia Michoacana. Eguiluz Bautista se promociona para la candidatura a la gubernatura por Morena.

El encuentro de Zamora Cervantes que divulgó en una imagen al lado de uno de los principales políticos que incide en las decisiones importantes de Morena por su cercanía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se da en un contexto de las pretensiones políticas que tenía con miras al proceso electoral de 2027.

En abril pasado, Zamora Cervantes declaró en un medio de comunicación de Acapulco que en un lapso de 15 días logró afiliar a Morena a 7,000 personas.

Algunos columnistas del puerto –proclives a escribir por un interés económico– destaparon a Zamora Cervantes como aspirante a la alcaldía de Acapulco. El mismo empresario confesó esa aspiración durante un entrevista periodística.

Una fuente de Morena no descartó que Zamora Cervantes aparezca en el padrón de afiliados del partido, aunque justificó que no tienen la capacidad de saber que esa persona recién incorporada al partido sea acusada de delincuente posteriormente.

“Si se afilió (Zamora Cervantes) no tendría nada de extraordinario, cualquiera se puede afiliar; no somos la FGR”, contestó en tono molesto uno de los dirigentes del CEN de Morena.

Sin embargo, otro de los modus operandi de Zamora Cervantes era utilizar a sus huestes para movilizarlos contra operaciones de corporaciones policiacas federales y estatales o contra las obras que realizaba el gobierno federal.

En abril pasado, la alcaldesa López Rodríguez destituyó al director de Vialidad Pública, Genovevo Pozos luego de que Zamora Cervantes y su grupo protestó en las calles y exigió la remoción del funcionario.

Los funcionarios estatales y municipales le tenían miedo a Zamora Cervantes porque llegaba a movilizar a más de 5,000 personas, cerrando las calles y avenidas para lograr su propósito.

El subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, Francisco Rodríguez Cisneros y el oficial Mayor de la Secretaría de Administración y Finanzas, Ricardo Salinas Méndez, llegaban con Zamora Cervantes para que a cambio de un arreglo económico parara las protestas.

Un líder de transportistas contó que durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores, Zamora Cervantes estuvo de marzo a septiembre de 2018 como encargado de despacho de la Comisión de Transporte y Vialidad.

Asegura que Zamora Cervantes al igual que todos los que han estado al frente de Transportes del Estado, se alían con las mafias del crimen organizado.

En una fotografía del gobierno del estado con fecha 18 de marzo de 2018, Astudillo Flores informa el nombramiento de Zamora Cervantes relevando en el cargo a Miguel Ángel Piña Garibay, que regresó a ese puesto en septiembre en ese mismo año. Meses después, Piña Garibay fue detenido con otras dos personas por portar tres armas de fuego en Acapulco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Zamora Cervantes y los otros 10 integrantes de su organización extorsionaban a los prestadores de servicios turísticos por lo que se presume que son los que trabajan en las 42 playas que están en la franja de la bahía de Acapulco.

En marzo pasado, se dio a conocer ese diagnóstico de Fonatur en el que se advierte que en las principales zonas turísticas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión el “cobro de piso” y la cooptación de liderazgos particularmente en áreas de alta concentración de concesiones y actividad económica.

El informe de Fonatur señala que empresarios y prestadores de servicios han denunciado en privado durante años, la obligación de realizar pagos informales para poder operar.

Se establece que en 42 playas del puerto hay redes de extorsión y cobro de piso que incluye a la Zona Diamante y Barra Vieja, esta última en la zona rural de este municipio.

De acuerdo a un informe de las autoridades, en Acapulco operan tres grupos del crimen organizado que se dedican a la extorsión, cobro de piso a todos los sectores económicos y la venta de droga: Los Rusos, El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Las autoridades no han establecido si Zamora Cervantes y sus diez cómplices pertenecen a una de estas tres organizaciones del crimen organizado.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien encabezaba las protestas contra la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec se puso a la cabeza de los reclamos hacía el gobierno de los prestadores de servicios de la playa Icacos quienes estaban cansados de las extorsiones y el cobro de piso.

En abril de 2024, Suátegui Muñoz salía de la playa Icacos cuando fue atacado a balazos por la espalda por un grupo de individuos. Ocho días después falleció en un hospital privado.

Una de las líneas de investigación del crimen del activista que debió de seguir la Fiscalía General del Estado (FGE) era hacia los operadores del grupo criminal que encabezaba Zamora Cervantes, pero hasta el momento se desconoce si existe alguna indagatoria al respecto.

Antes de que Suástegui Muñoz fuera asesinado, él denunció que gente de Zamora Cervantes exigía el pago de una cuota y aceptaron dársela para que pudieran trabajar, pero después les pedieron más dinero.

“Nomás vamos a trabajar para ustedes”, les dijo Suástegui Muñoz a los extorsionadores, quienes meses antes fueron a la playa para robarle dos motos acuáticas y prenderles fuego.

“Eso le costó a Marco Antonio que lo asesinaran”, afirmó Abel Barrerá Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los familiares de Suástegui Muñoz platicaron estos antecedentes del caso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se comprometió a pedirle al fiscal, Zipagná Jesús Torres Ojeda, que investigara y fuera a fondo.

A más de un año del crimen del activista, la FGE no ha dado a conocer el resultado o avances de las investigaciones.

Tras el informe de la Fonatur donde se muestra la gráfica de cómo opera la delincuencia en las playas de Acapulco, la fiscalía guardó silencio.

Tuvo que venir a Guerrero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para realizarle la chamba a la FGE.

Zamora Cervantes se sentía tan impune que hasta se tomaba selfies con una variedad de políticos no solo de Morena.

Aparecía con la alcaldesa López Rodríguez, con la gobernadora, con el senador priísta Manuel Añorve Baños, con la senadora Beatriz Mojica Morga, con diputados federales como Javier Taja Ramírez y hasta con empresarios del puerto.

Sheinbaum Pardo aseguró que se investiga a funcionarios por su presunto involucramiento en las actividades ilícitas de esta organización criminal: ¿Está dispuesta la presidenta de la República a detener a una alcaldesa, legislador local y federal, funcionario de gabinete o a la misma gobernadora con quienes mantenía relación cercana Zamora Cervantes?

Por el nombramiento de asesor en un gobierno municipal y por las actividades públicas a las que asistía de la clase política de Guerrero y su aspiración a gobernar es más que evidente que Zamora Cervantes no era la cabeza de una red criminal y que no hacía sus actividades sin que las autoridades locales y estatales no estuvieran enteradas. 

Es iluso pensar que ninguna autoridad estatal, municipal o la FGE se diera cuenta de las operaciones criminales que realizaba el empresario y su banda. ¿Quién le cree al secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñónez Orozco, quien afirmó que no tienen ninguna queja de extorsión por parte de los empresarios de Acapulco? Debería ser destituido por querer encubrir una realidad que viven cientos de comerciantes y empresarios porteños y que la federación es la que lo está revelando.