Piden a Morena que investigue a Jesús Urióstegui por escándalo de cheques falsificados en el Congreso

A más de un mes de que en el Congreso de Guerrero se diera a conocer el escándalo por la expedición de 159 cheques falsificados a nombre de al menos 20 diputados y diputadas de Morena, una de las agraviadas que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a Morena para acusar a su compañero de bancada, Jesús Urióstegui García.

La legisladora local, Catalina Apolinar Santiago, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena contra Urióstegui García, quien en mayo de este año dejó la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Apolinar Santiago, al igual que su compañera de bancada Guadalupe García Villalba, interpuso una denuncia ante la FGE, además pidió a la CNHJ que investigue a Urióstegui García por su presunta responsabilidad en la expedición de los cheques falsificados.

Apolinar Santiago detectó 76 cheques emitidos a su nombre por un monto de 12 millones de pesos que nunca cobró, por lo que pidió a la Fiscalía que realice las investigaciones y se castigue a los responsables.

Los cinco diputados que integran el Comité de Administración pidieron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que realice una auditoría preventiva al Consejo de Administración del Congreso local, con el fin de que se indague el caso de los cheques “falsificados” que ya investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) a raíz de la denuncia interpuesta por dos diputadas de Morena.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo, presidente de este órgano en el Congreso, afirmó que se debe esclarecer este “escándalo” en el que presuntamente están involucrados el expresidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, y su suplente, Héctor Avilez Cruz.

Avilez Cruz, subdirector de Recursos Financieros, junto con los funcionarios de esta área administrativa del Congreso: Esli Navarrete Cisneros, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chávez Medina, Alex Cerezo Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada, son investigados por la Fiscalía por los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación y alteración, fraude y peculado.

García Villalba y Apolinar Santiago interpusieron la denuncia por cheques falsificados que salieron a su nombre sin haber recibido el dinero.

De acuerdo con la FGE, son cien cheques falsificados con un monto de más de 30 millones de pesos.

“Ya solicité a Recursos Financieros que me entregue todas las copias de los cheques que se expidieron a mi nombre del enero a agosto de 2026, porque creo que también cobraron dinero por mí y, si es así, también presentaré una denuncia ante la Fiscalía”, dijo Tito Arroyo.

En el caso de la queja que presentó su compañera Catalina Apolinar ante la CNHJ contra Urióstegui García, contó que seguramente se realizará una investigación y, en caso de que resulte responsable, habrá una sanción.

En la sesión del Comité de Administración hubo votación unánime de los diputados Tito Arroyo, Jhobanny Jiménez Mendoza, Pánfilo Sánchez Almazán, Vladimir Barrera Fuerte y la diputada Mirna Guadalupe Coria Medina para que la ASE realice una auditoría preventiva al Congreso.

Otro de los puntos que aprobó dicho comité es que Recursos Financieros rinda un informe sobre cómo fue el proceso de entrega-recepción entre el expresidente de la Jucopo, Urióstegui García, y su sucesor, Joaquín Badillo Escamilla.

“Esta sesión en la que aprobamos esto fue hace días, pero hubo mano negra por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política —Joaquín Badillo— para que no se difundiera”, acusó Tito Arroyo.

Mencionó que el director de Comunicación Social —Francisco Flores— no difundió lo que se trató en la sesión e incluso no invitó a los reporteros de la fuente para que cubrieran la reunión, la cual fue de carácter público.

Tito Arroyo, al igual que Catalina Apolinar, forma parte del grupo político de “los nuñistas” en el Congreso y son opositores a los felixistas Badillo Escamilla y Urióstegui García.

En mayo de este año, ambas facciones se disputaron la coordinación de la Jucopo, la cual finalmente quedó en manos de Badillo Escamilla tras una operación política realizada por Rubén Hernández Fuentes, esposo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.