Violencia y política en Guerrero:
el asesinato como herramienta por el poder

La violencia y la política en Guerrero siempre se han cruzado. En este 2026 ya lo hicieron en varias ocasiones: una alcaldesa fue atacada a tiros, un presidente municipal fue privado de la libertad, un regidor fue asesinado, un ex alcalde también y a diversos dirigentes y ex dirigentes partidistas los acribillaron; los funcionarios municipales se han convertido en el principal blanco.

Este cruce entre violencia y política en Guerrero no es nada nuevo; en los últimos años se ha mantenido más vigente que nunca. En lo que va del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda han sido asesinados cuatro alcaldes en funciones, uno electo y siete ex alcaldes. Sin embargo, el recuento de los últimos cinco años es mucho más amplio.

El proceso electoral legalmente no ha comenzado, pero muchos políticos, sobre todo los de Morena, ya están en plena campaña: realizan mítines por todos lados en busca de elegir al candidato o candidata a la gubernatura.

En los procesos electorales es donde la violencia se muestra de forma más nítida y variada. Recordemos la última campaña, donde hasta el día del cierre los candidatos fueron asesinados, o cómo a muchos ni siquiera se les permitió participar. En los resultados también fue evidente la influencia de la violencia: hubo votaciones impensables con candidatos que lograron más del 90 por ciento de los sufragios.

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El especialista en seguridad pública, David Saucedo, considera que el retorno de la violencia política en México se debe a que las organizaciones criminales buscan expandir su poder y por eso participan en los procesos electorales, financiando campañas y candidatos afines a sus proyectos criminales.

—¿Por qué la violencia en contra de políticos?

—Casi todos los grupos de macrocriminalidad, los grandes, CJNG, Sinaloa y la Familia Michoacana, establecieron esquemas de gobernanza criminal. Es decir, saltaron del esquema tradicional de dominio territorial para realizar actividades delictivas a contar con anillos de protección política, policial, militar, y empezaron a financiar proyectos políticos para avanzar territorialmente. Y casi todos los cárteles están en expansión, incluso los cárteles de nivel medio, como el Grupo Sombra de Veracruz —conocido ahora por el secuestro y asesinato de Roxana Guzmán, la periodista—, el Cártel de Santa Rosa de Lima, el de La Unión de Tepito, el Cártel Independiente de Acapulco; prácticamente todos están expandiéndose, como La Barredora en Tabasco. Y hay tres modalidades distintas de expansión. 

“Una: la formación de células para combatir a otros grupos criminales y apoderarse y arrebatarles territorios. La segunda: alianzas que van haciendo los grupos criminales. Por ejemplo, el CJNG va avanzando en territorios y planteando alianzas con los grupos locales y absorbiéndolos y, de la noche a la mañana, son grupos que dejan de tener identidad local y se convierten en integrantes del CJNG. Y la tercera: la participación de los cárteles en los procesos electorales, financiando campañas y candidatos que son afines a sus proyectos criminales. Pero una vez que termina el proceso electoral, los cárteles, cuando no ganan en las urnas, tratan de obtener territorios por la fuerza. Y es cuando también se da el fenómeno del ataque hacia los alcaldes, regidores y funcionarios de gobiernos estatales.

“Entonces, los cárteles en este esquema de expansión de dominio territorial están provocando un retorno del asesinato político. El asesinato político en México fue erradicado en el México posrevolucionario, lo que permitió que hubiera fórmulas de convivencia democrática y de transmisión pacífica del poder. Quizá esa fue una de las principales virtudes que tuvo nuestro sistema autoritario: el erradicar la violencia política y la batalla entre facciones armadas para lograr una transición pacífica del poder. Pero los cárteles de la droga, en su lógica de expansión y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder, ya sea localmente en los municipios o a nivel estatal en todas las entidades del país”.

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El domingo 28 de junio, esa violencia dio una muestra. Eran las 11 de la mañana en la comunidad de San Juan de los Llanos, en el municipio de Igualapa, en la Costa Chica, cuando el ex alcalde Apolonio Álvarez Montes manejaba una camioneta Nissan de color gris, momento en que un grupo armado lo alcanzó y le disparó.

El ex edil murió al instante: su cadáver quedó —desangrándose— recostado sobre el volante. Álvarez Montes fue tres veces alcalde de Igualapa; en 2024 se postuló nuevamente como candidato a la alcaldía por el PVEM, pero perdió la elección. En dos de las tres alcaldías que encabezó se postuló por el PRI.

Un mes antes, el 22 de mayo, fue asesinado a balazos el subdirector de Seguridad Pública de Igualapa, René Hernández López. Hernández López llevaba menos de un año en el cargo; sustituyó a Eliseo García Mosso, quien fuera asesinado junto con tres agentes en una emboscada.

La noche de ese mismo 28 de junio, en la carretera Chilapa-Hueycantenango, en Chilapa, en la región Centro, un grupo armado atacó a la alcaldesa de José Joaquín Herrera, la morenista Micaela Manzano Martínez. Eran las 10 de la noche y la alcaldesa salió ilesa del ataque. Se dirigía a Hueycantenango, la cabecera municipal.

El corredor donde fue atacada la alcaldesa es el mismo donde están ubicadas las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, de Chilapa, que en mayo fueron atacadas desde los cerros y a través de drones por la organización criminal Los Ardillos. Los ataques duraron seis días y cesaron hasta que los pobladores salieron huyendo de sus pueblos para refugiarse en la comunidad de Alcozacan. Ese corredor es disputado desde hace unos 12 años; Los Ardillos han intentado someter a las comunidades nahuas para tomar el control de toda esa subregión.

El lunes 29 de junio, muy temprano, se difundió rápidamente una noticia: en el poblado El Kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco, una familia fue masacrada. Dentro de una vivienda hallaron los cadáveres de dos mujeres y el de un hombre. Había casquillos calibre 9 milímetros y de rifles AK-47.

Las dos mujeres fueron identificadas como Josefina Saldaña Parra, de 70 años, y Janeth Magnolia Gutiérrez Saldaña, de 40; tía y prima del rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán. El hombre fue identificado como Édgar Solorio, de 50 años. Saldaña Almazán hace unas semanas solicitó licencia al Consejo Universitario para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura a la gubernatura.

Junio fue un mes violento para los políticos y funcionarios. El día 9, en la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, fue asesinado a balazos Ermelo Rivera Campos, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía. Eran las 6 de la tarde cuando, según el reporte policiaco, dos hombres se acercaron a la camioneta donde viajaba el aspirante y le dispararon a él y a su chofer. Ambos murieron al momento.

Rivera Campos fue el director de Finanzas del gobierno anterior de Coyuca de Benítez que encabezó el morenista Osiel Pacheco. En el municipio era conocida su aspiración a ser candidato de Morena a la alcaldía en 2027; incluso, lo ubicaban como uno de los más adelantados. En el proceso electoral de 2024, Coyuca de Benítez marcó el final de la contienda electoral: el último día —en medio del mitin de cierre de campaña—, el candidato del PRI a la alcaldía, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue asesinado a balazos.

El 6 de junio, en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica, fue asesinado a balazos Sabel Silva Cisneros, investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y activista de la población LGBTIQ+. Si bien Silva Cisneros no buscaba competir por algún cargo, sí era uno de los activistas más conocidos en la región.

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—Morena aceleró su proceso interno y en Guerrero se han incrementado los asesinatos, ¿tiene esto alguna relación? —se le plantea a David Saucedo. 

—Sí, por supuesto. La violencia política en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, cuyos ciclos políticos y ciclos de violencia son muy similares, está asociada a los procesos electorales. En efecto, como la contienda interna morenista es la que determina quiénes van a ser potencialmente los candidatos y, posteriormente, funcionarios, la violencia está orientada a eliminar a candidatos incómodos que no son afines a los proyectos criminales. Son dos momentos: durante el proceso electoral y después del proceso electoral, cuando las autoridades electas, muchas de ellas vinculadas con grupos políticos, se convierten automáticamente en enemigas de otros grupos. Tenemos grupos de alcaldes ligados a Los Tlacos, otros a Los Ardillos, otros al Cártel Independiente de Acapulco, otros ligados al CJNG. Entonces, la pelea que hay entre cárteles se traslada al ámbito político con el mismo saldo: candidatos a regidores, exalcaldes, alcaldes y funcionarios municipales asesinados. Seguramente es de esperar que eso también ocurra con dirigentes de partido en el ámbito estatal y también municipales.

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El alcalde de Taxco, el morenista Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital IMSS-Bienestar, vivieron en carne propia la violencia que azota a esa ciudad. 

El 11 de abril, el padre fue privado de la libertad cuando se dirigía al hospital que dirige. Dos días después, el alcalde también desapareció. Según versiones, acudió a negociar con la Familia Michoacana la liberación de su padre. Tras una robusta operación de policías y militares, ambos fueron liberados.

La desaparición del alcalde trajo el trágico recuerdo del alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán. La mañana del 6 de octubre de 2024, se adentró solo, sin su seguridad, en la guarida de los líderes de la organización criminal Los Ardillos: Quechultenango. Seis horas después fue hallado decapitado en una calle de Chilpancingo.

Marzo —de principio a fin— fue uno de los meses más violentos. El día 2, sobre la carretera Chilapa-Tlapa, fue asesinada Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud del ayuntamiento de Atlixtac, en la Montaña. Una de las versiones señala que la funcionaria salió de madrugada de su casa junto con su asistente, fue interceptada por un grupo armado y posteriormente ambos fueron asesinados a balazos sobre la carretera.

Un día después, en la comunidad de Tierra Colorada, en la región Centro, fue asesinado el director de Obras Públicas del gobierno comunitario de Ayutla, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador de la misma dependencia, Francisco Bonilla.

La noche del 13 de marzo, la ex comisaria de la comunidad de Milpillas del municipio de Ometepec, en la Costa Chica, Claudia Ivet Rodríguez Estrada, fue asesinada a balazos. De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 11 de la noche, hombres armados llegaron a la miscelánea propiedad de la ex comisaria y le dispararon con armas largas. La ex comisaria murió en el lugar del ataque. Rodríguez Estrada fungió como comisaria en dos ocasiones en la comunidad de Milpillas y también era líder del PRI en el municipio de Ometepec.

En la misma región, el 16 de marzo, fue asesinado a balazos José Alberto Gálvez Morales, activista y director de Atención a Grupos Vulnerables del ayuntamiento de Marquelia.

La tarde del 27 de marzo, el regidor del ayuntamiento de Xalpatláhuac, en la región de la Montaña, el priista Bartolo Casarrubias de los Santos, fue atacado a balazos cuando caminaba hacia su casa en la colonia Cuba, en el municipio de Tlapa. El reporte indica que hombres armados interceptaron al edil y le dispararon. Casarrubias de los Santos era regidor de Atención y Participación Social de Migrantes y Asuntos Indígenas en el ayuntamiento de Xalpatláhuac. 

El edil había sido director de la Juventud en la anterior administración que encabezó la exalcaldesa priista Selene Sotelo Maldonado. Sotelo Maldonado intentó reelegirse en 2024, pero perdió contra el actual alcalde, Ramón Lorenzo Cárdenas, postulado por Movimiento Ciudadano. 

En la campaña, la entonces alcaldesa fue atacada a balazos y responsabilizó a Lorenzo Cárdenas. En el ayuntamiento de Xalpatláhuac, una fracción de regidores ha responsabilizado al alcalde del asesinato de su compañero. El edil lo ha negado.

El 5 de febrero fue asesinado a balazos el ex dirigente del PRI en el municipio de Azoyú, en la Costa Chica, Humberto Quezada Justo, cuando se dirigía a la escuela primaria que dirigía.

La mañana del 11 de febrero fueron hallados muertos Rosalío Balbuena y Alfredo Cano, el secretario particular y el auxiliar, respectivamente, del presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona. Ambos fueron encontrados dentro de una camioneta —en el fondo de un barranco— sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura de la comunidad de El Peral, en Chilapa. 

La muerte de los dos colaboradores fue confirmada por González Varona a través de un comunicado. En el documento, sin que ninguna investigación ministerial lo sustentara, González Varona aseguró que se trató de un accidente automovilístico.

En 2025, en la región Centro de Guerrero, en particular en los municipios de Chilapa y Zitlala, fueron hallados muertos varios políticos y una familia entera en similares circunstancias. 

En abril de 2025, hallaron una camioneta dentro de una barranca en la zona conocida como El Aguacate, cercana a las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, en Mártir de Cuilapan. Dentro estaban los cadáveres del ex alcalde de Zitlala, el priista Roberto Zapoteco Castro, y su chofer, Vicente Salgado Marcos.

Zapoteco Castro fue alcalde de Zitlala de 2015 a 2018. En 2024, el priista se volvió a postular como candidato a la alcaldía y perdió ante la perredista Khalia Ramos, a quien impuso su padre, Rogelio Ramos Tecorral, quien gobernó ese municipio desde 2018 hasta 2024.

El 25 de agosto de 2025 fueron hallados los cadáveres de Lidia Tehuitzin Guillermo y el de su esposo Gabriel, dentro de su vehículo volcado en un barranco en la carretera Zitlala-Mártir de Cuilapan. En 2024, Tehuitzin Guillermo fue candidata de Morena a la alcaldía de Zitlala y perdió ante la perredista Khalia Ramos.

La tarde del 24 de febrero, el director de la Policía Municipal de San Jerónimo, en la Costa Grande, Yosdin Jacobo Gil Huitz, fue emboscado por un grupo armado. El mando policiaco salió ileso. Un mes antes también había sido atacado a balazos por un grupo armado.

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—Las agresiones se concentran o la mayoría de ellas se concentran en el nivel municipal. ¿A qué se debe? 

—Por supuesto que a los cárteles les interesa tener el control de la fiscalía estatal, de la policía estatal y de los mandos regionales, tanto de la fiscalía como de la policía estatal, pero se apoderan de manera preferente de los municipios. Cada municipio, dependiendo del tamaño, tiene un estado de fuerza, tiene elementos, radiopatrullas, armamento y sistemas de videovigilancia. Entonces, para los grupos criminales es muy importante tener el control de los municipios para tener a su vez el dominio de los territorios; para no rivalizar con las autoridades en materia de seguridad pública, las cooptan. De igual manera, cuando quieren avanzar y controlar otro municipio, entran en ruta de colisión con los funcionarios que están al servicio del grupo criminal rival. Esa es la principal razón por la cual, en todo el país, las principales bajas que se dan en las élites políticas son funcionarios municipales, regidores, directores de la administración municipal, alcaldes o candidatos a las alcaldías.