Condiciona el gobierno de Guerrero medidas
de protección para Martha Obezo a los
resultados de la investigación

A pesar de la demanda de seguridad para la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázarez, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que su petición corresponde al gobierno federal y que la investigación determinará si el gobierno local, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, establece alguna medida de protección.

Sin embargo, Obezo Cázarez asegura que, a más de dos meses de la irrupción violenta de hombres armados a su vivienda, el 5 de julio, el gobierno estatal la ha dejado sola.

En entrevista telefónica, la viuda de Chavarría Barrera —quien fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero cuando fue asesinado el 20 de agosto de 2009— explicó que los civiles armados rompieron las chapas de su vivienda y abrieron las puertas.

“Escapé milagrosamente, de inmediato se dio aviso. Tuvo conocimiento la gobernadora, también el gobierno municipal y, por instrucción de la gobernadora, se envió una patrulla para resguardo del domicilio, el cual quedó expuesto totalmente con las puertas abiertas e inutilizadas las cerraduras. Pero esa patrulla fue retirada al día siguiente sin ninguna explicación; yo no tuve resguardo, no tuve auxilio del gobierno del estado, que fue quien tuvo conocimiento, la autoridad más alta. Entonces, tuve que salir. Ya son dos meses de estar en esta situación. Yo no sentí confianza, no tuve acompañamiento, no tuve garantías. Me dejaron sola, no sentí confianza de ir a la Fiscalía del Estado a denunciar. La denuncia la presenté en la Fiscalía General de la República y acudí al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Obezo Cázarez sostiene que las autoridades locales le manifestaron que la patrulla se retiró porque siguen protocolos para asignar vigilancia en un domicilio y que ella ni siquiera había denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

“Ningún protocolo puede estar por encima de la seguridad, de la integridad, del riesgo en el que estuve esa noche, en ese momento, y no hubo ninguna respuesta. ¿En qué condiciones iba yo a acudir a la fiscalía del estado? Sí presenté la denuncia de hechos, pero además, esas cuestiones se siguen de oficio, se investigan. Ellos tuvieron conocimiento; lo cierto es que no se ha hecho nada”, reprochó.

Del mecanismo federal, Obezo Cázarez contó que el jueves 17 de septiembre le informaron que ya fue aceptada y que le notificarían de manera formal a la FGE, a los gobiernos de Guerrero y de Chilpancingo; además, la contactarían con un destacamento de la Guardia Nacional.

“Yo quise saber si habría de manera concreta algunas medidas de seguridad que garantizaran mi regreso, no solo notificaciones ni oficios. Me explicaron que, después de que se admite, se traslada el expediente a la unidad de evaluación de riesgos del propio mecanismo, y me hablaron de un tiempo de dos meses para contactarme y hacer una evaluación de riesgos para determinar las medidas que se me podrían otorgar; realmente no tengo todavía protección. En esas condiciones, no voy a regresar”, afirmó.

—¿Lo que le pasó el 5 de julio tiene que ver con su exigencia para que se esclarezca el asesinato de Armando Chavarría?

—Sí, por supuesto. Para mí ese es el fondo más importante. Actualmente, el caso se encuentra en estudio de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no ha habido absolutamente ningún interés en la investigación del caso, ni en los gobiernos anteriores ni en el actual tampoco. El asunto es que no han podido cerrarlo por mucho que quisieran. Lo tendrán arrumbado, arrinconado, enterrado entre pilas de cientos de expedientes que corren la misma suerte, olvidados, sin investigar, pero no pueden cerrarlo. No deja de ser un antecedente que me pone en riesgo siempre. He vivido incidentes que no he hecho públicos, pero que he registrado con puntualidad y que tienen que ver con el riesgo en el que he estado todos estos años y que ha tomado concreción en un atentado. Porque aunque afortunadamente salí ilesa, llegar a mi casa, tirar las puertas, las chapas, abrirlas, entrar armados estando yo ahí, a plena luz del día, no se puede traducir en otra cosa más que en un atentado. Para mí tiene una lectura, un mensaje siniestro: cuando quieran, en el momento en que deseen, pueden consumar una atrocidad como lo han hecho con tantas otras personas, con otros activistas, luchadores, defensores también de causas justas.

Obezo Cázarez asegura que en los últimos dos años en dos ocasiones ya habían roto sus cerraduras, pero en la tercera sí entraron los hombres armados.

“Yo soy doblemente desplazada porque la casa paterna está en un lugar hacia la sierra, en el estado de Sinaloa, y está muy difícil, muy complicada la cosa. Entonces, hace años que mi familia renta casa en la ciudad y estoy en una casita de renta. Pero aspiro a regresar; el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad, no solo la mía, sino de esta situación tan generalizada. De dar seguridad a la población, de parar esta escalada irracional en la que estamos inmersos en Guerrero”.

La viuda de Chavarría Barrera exigió a la gobernadora de Guerrero que atienda su caso y que no “deje al estado sumido en el caos, sumido en la violencia”.

“En mi caso concreto, yo no pido privilegios, solo pido que se haga cargo, que me permitan regresar, pero con la garantía de que no voy a ser nuevamente agredida; no quiero ser una estadística más”.