Aguirre, preso después de 12 años
de impunidad
Jesús Guerrero y Arturo de Dios Palma Chilpancingo
7 de agosto del 2026
7 de agosto del 2026
Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, este 6 de agosto pasó su primera noche en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada. La fiscal, Ernestina Godoy Ramos informó que después de un reanálisis de investigación del caso Ayotzinapa, se detectaron indicios de que Aguirre Rivero ordenó la destrucción de los videos que grabaron las cámaras 12 y 15 ubicadas fuera del Palacio de Justicia de Iguala que captaron como policías municipales y presuntos integrantes de la organización criminal Los Guerreros Unidos, detuvieron y se llevaron a casi la mitad de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos esa noche del 26 de septiembre de 2014.
“En mayo de 2026, un segundo testigo protegido, robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel N ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala […] que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, explicó la fiscal.
De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, a Aguirre Rivero lo detuvieron a las 9:46 de la mañana de este jueves en la colonia Cedros, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, cerca de la caseta de cobro de autopista México -Querétaro.
Desde 2014, los normalistas de Ayotzinapa han escogido como blanco de ataques el edificio de la Palacio Judicial en Iguala.
En su primer informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) precisó que en el puente El Chipote, a un costado del Palacio de Justicia, patrullas de la Policía de Iguala, Huitzuco y Cocula, detuvieron al autobús Estrella de Oro 1531 y después lo atacaron y bajaron a unos 20 estudiantes.
Incluso desde ese puente que está a unos 20 metros del edificio del Poder Judicial tomó fotografías un soldado del 27 Batallón de Infantería que realizaba labores de inteligencia la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“El GIEI investigó y confirmó que existían grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en las se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Dichas grabaciones estaban en poder de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero”, dice ese informe.
En ese entonces, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín declaró que los videos nunca existieron.
Sin embargo, el GIEI en su primer informe dice que la propia Galeana Marín le confirmó la presencia de los videos e, incluso, les dijo que los pondría a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación.
El GIEI también informó que mucha evidencia visual, como el video de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, fueron mal procesadas, incluso, “de manera negligente” fueron borrados o destruidos.
Los normalistas de Ayotzinapa que cumplen casi 12 años exigiendo al gobierno –primero al del priísta Enrique Peña Nieto y posteriormente a Andrés Manuel López Obrador y ahora al que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo– la presentación con vida de sus 43 compañeros y han acusado al ex gobernador Ángel Aguirre y a la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín, de haber ocultado o destruido esos videos que grabaron el secuestro de los estudiantes.
El edificio de Palacio Judicial que es un búnker está ubicado al lado sur de Iguala a un costado de la carretera federal que conduce a Chilpancingo.
Ataques con bombas molotov, petardos y pedradas son parte del material que los normalistas han utilizado para atacar las instalaciones judiciales.
El 23 de octubre de 2014, Ángel Aguirre Rivero pidió licencia al Congreso local y cuatro días después los diputados designaron como gobernador interino a Rogelio Ortega en medio de las protestas de los normalistas para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Los padres y madres de los 43, los normalistas, así como los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) que mantenían un plantón en el zócalo de Chilpancingo, exigían la entrega de los videos grabados en Palacio de Judicial de Iguala.
Sin embargo, pese a esas acusaciones el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, estuvo de acuerdo que la magistrada Lambertina Galeana se mantuviera en la presidencia del Poder Judicial.
En septiembre de 2023, el entonces subsecretario de Gobernación y responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) Alejandro Encinas Rodríguez, rindió un informe en donde implicó a un grupo de militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala y a la magistrada Lambertina Galeana por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.
El 14 de mayo de 2025, agentes de las fuerzas de seguridad federal detuvieron por los delitos desaparición forzada y contra la administración de la justicia a la magistrada en retiro, Lambertina Galeana cuando se encontraba en su domicilio en Chilpancingo. En abril pasado un juez federal le otorgó a Galeana Marín la prisión domiciliaria.
Abogados que fueron consultados no descartaron que en el proceso judicial que enfrenta Galeana Marín haya sido beneficiada con el criterio de oportunidad señalando a Aguirre Rivero de haberle ordenado la destrucción de los videos donde se ve cuando a un grupo de normalistas de Ayotzinapa son secuestrados por los agentes y civiles armados la noche del 26 de septiembre de 2014.
La figura de criterio de oportunidad es utilizada por el Ministerio Público para interrumpir o dejar de ejercer la acción penal a una persona para que esta culpe a otra. Galeana Marín, según sus ex compañeros del Poder Judicial, padece varias enfermedades propias de su avanzada edad y un juez le accedió la prisión domiciliaria.
Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional (GN) resguarda el domicilio de la magistrada en retiro.
Siempre le pedimos a AMLO que investigara a Aguirre
Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista desaparecido Christian Rodríguez Telumbre, dijo que en muchas reuniones con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador le pidieron que se investigara a Aguirre Rivero.
“Parece que ya se nos está haciendo justicia con la detención del ex gobernador y nosotros esperamos que la fiscal (Ernestina Godoy) detenga al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos porque también es culpable de la desaparición de mi hijo y de los demás muchachos”, dijo don Clemente.
En septiembre de 2020 en plena pandemia por Covid-19, la comisión del caso Ayotzinapa informó que un hueso encontrado en el punto conocido como la Barranca de la Carnicería, en Cocula, pertenece al normalista desaparecido Christian Rodríguez.
El padre de Christian recordó que varias veces fueron a protestar a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia y la ex presidenta Lambertina Galeana siempre les decía que esos videos “no existían”.
“Nosotros siempre dijimos que esos videos le fueron entregados al ex gobernador Aguirre y ahora que está en la cárcel que confíese dónde están porque en algún lugar debe de haberlos ocultado”, aseguró Rodríguez Moreno.
Clemente recordó que un pasaje ominoso que vivieron como padres fue en diciembre de 2017 cuando le vieron la cara a Ángel Aguirre durante su destape como aspirante del PRD a la diputación federal en la localidad de Ayutla de los Libres.
“Interrumpimos su acto político porque en forma cínica quería reaparecer en la política para ser candidato a diputado federal”, dijo el papá de Christian.
Don Clemente dice que tiene la esperanza de que la Fiscalía General de la República (FGR) detenga a otros implicados en el caso entre ellos a mandos militares a quienes, según él, desde el gobierno de Enrique Peña, se les ha protegido.
Isidoro Vicario, abogado de los padres y madres de los 43, señaló desde el 2014 siempre han señalado a Aguirre como responsable de los hechos de Iguala.
“Con los señalamientos que le hace la FGR a Aguirre no solamente incurrió en omisiones sino también tuvo participación directa para que no se supiera la verdad de lo que les pasó a los estudiantes y eso es muy grave”, mencionó el abogado.
