Organización criminal condiciona liberar a secuestrados si le dejan explotar su ejido
Arturo de Dios PalmaTecpan2 de octubre de 2026
El grito de ayuda este viernes fue grande: más de 2 mil pobladores de Tecpan, Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso marcharon por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, para exigir la liberación de ocho pobladores del ejido de El Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, que están desaparecidos desde hace ocho días.
A las 10 de la mañana, las 2 mil personas salieron de las instalaciones de la Expo Feria, en uno de los extremos de la cabecera municipal de Tecpan. La mayoría iba vestida de blanco, con globos del mismo color y con pancartas con una exigencia única: la presentación con vida de los ocho pobladores que el 24 de septiembre fueron privados de la libertad en el ejido de El Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente.
La mañana del 24 de septiembre, presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana privaron de la libertad a los ocho pobladores cuando acudían a realizar sus labores en el campo.
Los privados de la libertad son identificados como: Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años; Everardo León Atanacio, de 17; Nicolás Atanacio González, de 74; José Leodanis Medrano López, de 24; Ulises Medrano López, de 24; Isidro Brito Arriola, de 32; Domingo Atanacio Quirino, de 50; y Fidel Quirino Atanacio, de 54.
Los 2 mil pobladores marcharon durante dos horas bajo el sol inclemente de la Costa Grande. Durante todo el camino no dejaron de lanzar consignas exigiendo la liberación de las ocho personas. La marcha cruzó la cabecera municipal y, en el punto conocido como Aguas Blancas, terminó para iniciar con el mitin.
Juan Atanacio Orozco fue el único familiar de las ocho personas privadas de la libertad que habló en el mitin. Juan es padre de Jordi Alberto, el adolescente de 12 años, e hijo de Nicolás Atanacio González, dos de los desaparecidos.
“No puedo más”, dijo Juan y dejó el micrófono. Apenas caminó unos metros y se derrumbó. Se sentó en el piso y comenzó a llorar. Juan apenas pudo decir unas palabras. Dijo que era campesino junto con su padre y su hijo. Que todos los días luchan cosechando algo de maíz para por lo menos alimentar a sus animales.
“Ahora cultivar maíz y cuidar los animalitos es un delito. Ya no sabemos qué hacer: somos gente de la sierra, gente humilde, gente trabajadora. En estos momentos el gobierno nos está abandonando, nos está dejando solos. Un niño de 12 años, ¿qué pudo haber hecho?, ¿qué delito pudo haber cometido?”.
“Hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a todos. El gobierno no hace nada, ¿qué nos espera? Solo le pedimos que haga su trabajo, de lo contrario, le decimos que nos vamos a ir más arriba, no sé bien a dónde, pero tenemos que hacer algo. Disculpe, pero no puedo más”, dijo Juan, padre del chico de 12 años desaparecido.
Uno de los organizadores de la marcha, que pidió el anonimato, explicó el origen de la desaparición de los ocho pobladores. La Familia Michoacana rompió un trato.
“Los pobladores y La Familia Michoacana tenían un trato: los pobladores le permitían que pasaran por una orilla del ejido, así lo hicieron, pero ahora atacaron a la gente que vive en esa orilla y quieren todo el ejido. Ayer en la tarde del jueves fue liberado el niño de 12 años, caminó tres horas, se topó con unos militares, quienes lo llevaron a El Balcón. Los militares lo entregaron encapuchados, como delincuentes. Al niño, La Familia Michoacana lo utilizó como mensajero: La Familia Michoacana mandó a decir que va a liberar a los otros siete si le entregan todo el ejido. La gente no está dispuesta a entregar sus tierras, las va a defender. Esto ya lo saben las autoridades, lo sabe el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y nada están haciendo”.
Durante este año, los ataques a comunidades serranas han sido constantes. Todas las agresiones tienen un común denominador: las organizaciones criminales intentan despoblar las comunidades para apropiarse de sus recursos naturales, como el agua y los bosques.
La madrugada del 28 de agosto, un grupo armado masacró a seis personas en la comunidad serrana Cerro de las Lumbreras, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.
De acuerdo con testimonios de los pobladores, a las 4 de la mañana irrumpió en su comunidad el grupo armado y comenzaron a atacar las viviendas.
Sin embargo, según el testimonio, atacaron directamente la vivienda de la familia Hernández Solano, donde fueron asesinadas seis personas.
Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas con los nombres de Genaro, Milo, Porfirio y Basilio; entre las víctimas está una mujer con discapacidad.
La irrupción, de acuerdo con los pobladores, la encabezó Leonel Barragán Tolentino, alias La Changa, presunto integrante de la organización criminal Los Tlacos.
Explicaron que el ataque se debió a que se negaron a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses los han acosado para que les entreguen sus tierras y sus árboles.
Contaron que, tras el ataque, la mayoría de los pobladores salieron huyendo y ahora se encuentran refugiados en pueblos cercanos.
El 21 de agosto, a la comunidad Los Bayados, en la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente, llegó un grupo armado y los atacó. Según el relato de una pobladora, el ataque duró ocho horas.
Este no es el primer ataque contra Los Bayados. Hace tres años llegó un grupo armado y los atacó igual. Esa vez salió huyendo la mayoría del pueblo; ahora apenas son ocho las familias que resisten en medio de la nada.
“Nos han dicho que quieren nuestras tierras, pero acá no hay nada, apenas y podemos sobrevivir”, dijo la pobladora.
La Sierra —junto a la Montaña— es una de las regiones que más ha sido empobrecida en Guerrero. Está integrada por miles de pueblos donde casi no hay nada: ni centros de salud, ni escuelas, ni caminos, ni energía eléctrica, ni agua potable. Hay comunidades que no tienen ningún centímetro de pavimentación.
También es una región que ha sido asolada por las operaciones de contrainsurgencia del Ejército desde los años 60 con la guerrilla del profesor Lucio Cabañas Barrientos y a finales de los años 90 y principios de los 2000 con la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Hace más de ocho años perdieron la fuente económica que sostuvo a la región durante muchos años: el cultivo de amapola. El fentanilo (droga sintética de bajo costo) desplazó al opio en Estados Unidos y el precio del kilo de goma pasó de 30 mil a 6 mil pesos.
Este cultivo dejó de ser rentable para los pobladores, pero también para las organizaciones criminales que les compraban sus cosechas. Todos buscan sustituir lo que obtenían de la amapola. Cada quien lo hace a su forma. Algunos ejidos han conseguido permisos oficiales para el aprovechamiento forestal sustentable. Los criminales optaron por la clandestinidad, el despojo y la violencia.
A inicios de julio, La Familia Michoacana atacó desde los cerros y con drones a la comunidad de El Pescado, ubicada en el ejido de Guajes de Ayala en la sierra de Coyuca de Catalán, también en la Tierra Caliente.
Los pobladores de El Pescado descubrieron un campamento donde La Familia Michoacana organizaba los ataques. Había decenas de bombas artesanales, trincheras, químicos, equipo táctico.
Javier Hernández Peñaloza, poblador de El Pescado, lo ha dicho claro: La Familia Michoacana quiere sus bosques, su madera. Los quiere desterrar para quedarse con sus recursos naturales.
En diciembre de 2022, a la comunidad de El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, llegaron unos 100 integrantes de La Familia Michoacana; llamaron a los pobladores para que se reunieran en el patio de la primaria. Apenas comenzaban a llegar los primeros y asesinaron a siete, incluido un adolescente de 11 años.
Esa vez, pobladores de El Durazno denunciaron que la masacre se debió a que no quisieron ceder a La Familia Michoacana parte de sus huertas de aguacate ni de su bosque.
