ASF exhibe anomalías millonarias del gobierno de Guerrero

Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el paquete de la segunda parte de la revisión del ejercicio fiscal 2025. El gobierno de Guerrero, que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda, acumuló diversas observaciones en tres rubros prioritarios: educación, salud y obra pública.

Las observaciones adquieren relevancia porque en estas áreas los Salgado han colocado a servidores públicos y funcionarios de su círculo cercano.

En la auditoría número 925, acerca del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el órgano fiscalizador detectó que el gobierno estatal debía hacer aclaraciones por un monto de 37 millones 687 mil pesos.

La ASF resaltó seis irregularidades que presume como probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal:

La primera: el gobierno estatal pagó a 33 trabajadores que ocuparon plazas en distintos centros de trabajo en el mismo turno laboral por la cantidad de 17 millones 633 mil 753 pesos con cargo al FONE; es decir, a cada empleado le pagaron 534 mil 356 pesos. ¿Cómo se solapa una duplicidad laboral tan grosera sin que los controles internos emitan una sola alerta?

La segunda: se encontraron pagos que sumaron 10 millones 179 mil 703 pesos a 153 trabajadores con registro de defunción en las bases de datos emitidas por la Secretaría de Salud, sin acreditar la procedencia de los pagos y con cargo al FONE. En palabras llanas, se le pagó a 153 personas fallecidas. 

¿Estamos ante un esquema de desvío sistemático mediante “empleados fantasma” o ante una negligencia administrativa?

La tercera observación: el gobierno de Guerrero pagó 5 millones 380 mil 640 pesos a 15 trabajadores que ocuparon un cargo de elección popular, sin acreditar funciones vinculadas con la educación básica y normal con cargo al FONE.

Acá sería necesario que la Auditoría revelara los nombres de esos funcionarios que recibieron el pago con dinero del FONE. ¿Qué clase de impunidad permite que funcionarios cobren simultáneamente como aviadores del sector educativo?

La cuarta: se hallaron pagos que sumaron 2 millones 769 mil 674 pesos a ocho trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones geográficas resultaron incompatibles entre sí. Es decir, aviadores.

La quinta: el gobierno estatal pagó a 23 trabajadores 1 millón 289 mil 403 pesos con posterioridad a su fecha de baja en la dependencia y con cargo al FONE.

La sexta: el gobierno del estado pagó 406 mil 825 pesos a siete trabajadores durante un periodo en el que contaron con licencia sin goce de sueldo, también con cargo al FONE.

Esto revela un manejo irregular de los dineros públicos. El FONE se maneja desde la Secretaría de Finanzas y Administración estatal y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG); en la primera, aunque el titular es Raymundo Segura Estrada, el que realmente operaba era Ricardo Salinas Méndez, el oficial mayor cercano a la gobernadora. 

En la segunda dependencia, el encargado es Ricardo Castillo Peña, un expriista cercano al senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, en las decisiones económicas está el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Alejandro Moreno Lira, cercano a los Salgado. 

Es preciso cuestionar: ¿Son estos operadores políticos los verdaderos arquitectos del caos financiero detectado por la Auditoría?

En otro rubro, la auditoría 917 a los recursos del Gasto Federalizado en Materia de Salud, la ASF detectó una irregularidad fiscal mayor y por eso solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que audite a los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, ya que no acreditó el entero de la totalidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por concepto de sueldos, salarios y asimilados correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Según el documento, el gobierno del estado no justificó el entero de 317 millones 616 mil 711.62 pesos de las retenciones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y faltó por comprobar 32 millones 540 mil 538.17 pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Programa U013 2025). 

¿Cómo se puede justificar retener el impuesto a los trabajadores de la salud para después desaparecerlo de las arcas estatales?

En el tercer rubro que halló irregularidades, la auditoría 922 al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) determinó que el gobierno debe aclarar 3 millones 005 mil 379.01 pesos por las siguientes anomalías:

El Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) pagó 1 millón 980 mil 625 pesos a un contratista diferente al adjudicado en un contrato para la última etapa de la obra FAM-BÁSICO/090/2025/L.P. con recursos del FAM.

Otra irregularidad del IGIFE fue haber ejecutado una obra por la cantidad de 1 millón 018 mil 075 pesos que difiere sustancialmente del objeto del contrato FAM-BÁSICO-2025/096/2025/A.D. con los conceptos de obra ejecutados.

En 2025, este instituto tuvo dos titulares: de enero a noviembre estuvo al frente Benjamín Guinto Nava, y el año lo cerró el actual director, Enrique Ramírez Barrios.

La ASF promovió también que se verifique a diversos contratistas, ya que las obras indicadas en los contratos no fueron registradas en el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; es decir, se podría interpretar que evadieron la verificación del cumplimiento de obligaciones obrero-patronales.

La observación está dirigida al IMSS para auditar a diversos contratistas del estado, tales como Codegro S.A. de C.V., Grupo Rama Construcción, Consorcio Constructivo Óptimo, G.C. Escobedo, Constructora Heresc, Construcciones Todo Terreno, entre otros. 

¿Cuántas empresas operan bajo el amparo de la opacidad oficial de Guerrero?

Estas irregularidades evidencian que la corrupción no terminó de tajo, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador pretendió argumentar.

Estamos en la recta final del gobierno de Salgado Pineda y en múltiples ocasiones ha presumido avanzar en transparencia, pero con ese tipo de observaciones oficiales, hace necesario fiscalizar con mayor lupa los gastos que ejerce su gobierno para tratar de evitar el famoso año de Hidalgo.

Chirrionazo

Hoy lunes, un cuarto diputado local advirtió que presentará su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resulte responsable por la falsificación de cheques a su nombre.

Guadalupe García Villalba fue la primera; la segunda en denunciarlo formalmente fue Catalina Apolinar Santiago; la tercera, Gloria Citlalli Calixto Jiménez; y el cuarto es el también morenista Aristóteles Tito Arroyo.

Lo curioso de la lista filtrada la semana pasada —que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, aseguró que es falsa por tener datos alterados— es que esos cuatro diputados que denunciaron son los que tienen las cantidades más altas registradas: García Villalba tiene marcados 79 cheques por 16 millones 068 mil 500 pesos; Apolinar Santiago tiene registrados 111 cheques por 14 millones 548 mil 500 pesos; Calixto Jiménez tiene 79 cheques por 12 millones 695 mil 500 pesos; y Tito Arroyo tiene marcados 88 cheques por 12 millones 052 mil 500 pesos. 

De acuerdo con fuentes del Legislativo local y confirmado por Badillo Escamilla, cada uno de los 46 legisladores y legisladoras recibe mensualmente 337 mil pesos para gestoría, más 40 mil pesos de salario neto; es decir, por lo menos disponen de 377 mil pesos al mes. En un año, cada legislador suma solo por esos conceptos 4 millones 524 mil pesos, lo que significa que los 46 legisladores manejan en total 208 millones 104 mil pesos al año solo por esos dos conceptos.

Hay otros tres legisladores que también en ese listado registran una alta cantidad con muchos cheques: la priista María del Pilar Vadillo Ruiz, con 89 cheques por 13 millones 123 mil 500 pesos; la perredista Erika Isabel Guillén Román, con 78 cheques por 11 millones 771 mil pesos; y el independiente Julián López Galeana, con 103 cheques por 14 millones 309 mil pesos.

¿Por qué solo los morenistas han señalado la falsificación de los cheques y la priista, la perredista y el exemecista no dicen nada? ¿Acaso ellos tres sí recibieron esa cantidad y no les falsificaron sus firmas?

Lo único certero es que todo el Congreso de Guerrero debería quedar bajo investigación de las autoridades federales. Ahora la Jucopo acusa que están bajo una campaña de desprestigio; aunque ellos deberían preguntarse desde cuándo la credibilidad ya la habían perdido.