Las armas de fuego entraron a las casas y ya
matan a casi dos de cada tres mujeres en México

La ley mexicana restringe al máximo la venta de armas a civiles. Aun así, las armas de fuego se volvieron parte de la vida cotidiana y dejaron de ser un asunto exclusivo de la calle o del crimen organizado. En 2024, 63 % de las mujeres asesinadas en el país murieron a tiros, alrededor de 2,350 de las 3,739 víctimas que registró el INEGI.

En 2005 la proporción era de 31 % (unas 400 víctimas). En 2024, el número de mujeres asesinadas a tiros fue casi seis veces mayor.

En la calle, las armas ya eran el principal medio para matar a una mujer al menos desde 2005. Dentro de las viviendas la historia fue distinta. Durante años, la mayoría de las mujeres asesinadas en su casa murió por otros medios, hasta que en 2021 los disparos rebasaron por primera vez la mitad de los casos, con 54 %.
El arma de fuego fue desplazando a los demás métodos. En 2005, el ahorcamiento explicaba 22 % de los homicidios de mujeres y el arma blanca, 18 %. En 2024, todos los métodos distintos al arma de fuego sumaban menos de 40 %. Data Cívica habla de “una profunda transformación estructural en la naturaleza de la violencia contra las mujeres”, en su análisis Firearms and Lethal Violence Against Women in Mexico, elaborado con registros de mortalidad del INEGI.

Entre los hombres, la proporción de homicidios con arma de fuego pasó de 55 % a 75 % en el mismo periodo. Como entre las mujeres creció más rápido, la brecha entre ambos, que en 2005 era de 24 puntos porcentuales, se redujo a la mitad.

Para la organización, el lugar del ataque ya pesa poco, porque “ya sea que el homicidio ocurra en casa o en el espacio público, las armas de fuego son ahora el instrumento más probable”. Advierte también que su presencia creciente en los hogares aumenta la probabilidad de que un conflicto doméstico termine en muerte.

Data Cívica atribuye el fenómeno a la proliferación de armas ilegales que trajo la crisis de seguridad a partir de 2006. En México hay una sola tienda legal de armas, operada por el Ejército, y aun así las armas están en el centro de la violencia homicida. Según el análisis, eso “apunta a la escala del tráfico ilegal de armas y al fracaso de los marcos regulatorios para contenerlo”. Las armas de fuego se han vuelto accesibles “cada vez más en espacios domésticos e interpersonales”, agrega.

El arma como amenaza

El análisis mexicano forma parte de un informe publicado en septiembre por la Coalición Global para la Acción de la OMS sobre Violencia con Armas de Fuego (WHO Action), que agrupa a 120 organizaciones de más de 40 países y busca que la Organización Mundial de la Salud atienda el tema. El documento revisa también los casos de Brasil, Sudáfrica y los Balcanes Occidentales.

Las personas autoras recuerdan que un arma hace daño aunque nunca se dispare. Mostrarla o amenazar con ella basta para que una mujer tema por su vida, y ese miedo puede llevarla a no denunciar o impedirle dejar a su agresor.

El informe subraya que estos asesinatos casi nunca son repentinos. Suelen llegar después de una historia de abuso y amenazas, de modo que los servicios de salud y de justicia tienen contacto con muchas de estas mujeres, con tiempo para actuar.

En los cuatro países analizados, sin embargo, las instituciones no retiraron las armas a hombres cuyo peligro era conocido, y hubo muertes que pudieron evitarse. Por eso el documento concluye que el acceso a un arma “define si la violencia se vuelve letal”.

Sin saber quién mata 

Data Cívica documenta además que cada vez se sabe menos sobre quién mata. La variable que registra la relación entre la víctima y su agresor, clave para identificar violencia de pareja o familiar, se llenaba en 12 % de los homicidios en 2005. Desde 2020 se captura en menos de 1 %.

“En la práctica, esto significa que para más de 99 % de los homicidios registrados en años recientes no hay información sobre el perpetrador ni sobre su relación con la víctima”, advierte la organización.

La organización relaciona este vacío con la crisis forense del país. Señala también que, pese a avances como la tipificación del feminicidio en 2012, las políticas contra la violencia de género “rara vez consideran cómo la disponibilidad y el uso de armas de fuego moldean la letalidad de esa violencia”.

Para las personas autoras del informe internacional, cuando un asesinato con arma se registra mal o no se registra, se oculta una causa de muerte prevenible y los recursos para atenderla terminan en otra parte.

El tráfico desde Estados Unidos

Las personas autoras del informe sostienen que ninguna ley nacional basta por sí sola. En su lectura, la violencia armada en México tiene menos que ver con el diseño de sus leyes que con la falta de control, bilateral e internacional, sobre el comercio de armas.

Según el informe, la mayoría de las armas recuperadas en escenas del crimen en México vienen de Estados Unidos, donde comprarlas es mucho más sencillo, y las decisiones recientes del gobierno de ese país, como relajar los controles a la exportación, empeoran el panorama.

Agendas separadas 

Otra conclusión del documento es que la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la lucha contra la violencia armada han avanzado por separado. Quienes estudian las armas se han concentrado en la calle y en los hombres jóvenes, mientras que quienes trabajan contra la violencia de género han prestado poca atención al instrumento con el que se mata. En los gobiernos pasa algo parecido, porque el control de armas y la protección a las víctimas dependen de instituciones que apenas se coordinan.

En el caso mexicano, el informe señala que el Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad de 2021 aborda las armas pequeñas sobre todo en relación con el tráfico ilícito.

Las y los autores advierten además que las medidas de protección sirven de poco a quien no puede usarlas. Para una mujer que depende económicamente de su agresor o que desconfía, con razón, de la policía y los tribunales, acudir al sistema formal puede resultar imposible o incluso peligroso. En esos contextos, el informe propone apoyarse en el acompañamiento comunitario y en los servicios de salud.

Las propuestas 

Para los países donde una reforma a fondo no es políticamente viable, el informe plantea como prioridad que el retiro de armas al agresor sea obligatorio, y deje de depender del criterio de jueces o policías cuando haya antecedentes de abuso o una orden de protección. Según las personas autoras, probablemente es la medida que más feminicidios evitaría con el menor esfuerzo de política pública.

A la OMS se le pide retomar un tema del que se ha ido alejando en los últimos 15 años. Entre otras cosas, el documento propone registrar el tipo de arma en las estadísticas de salud y revisar cada feminicidio para detectar en qué momento pudo evitarse. Las y los autores consideran que la organización ya cuenta con el mandato para hacerlo y que el obstáculo es de prioridades.

Para México, Data Cívica plantea varios pendientes. Uno es entender cómo circulan las armas fuera de los canales legales. Otro, revisar qué pasa con las armas de cargo de los elementos de seguridad cuando llegan a casa, porque “la línea entre la fuerza sancionada por el Estado y la violencia doméstica suele ser difusa”. La organización propone también desmilitarizar la seguridad pública, que a su juicio “ha normalizado las armas de fuego como instrumentos de resolución de conflictos”.