Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucena y Arturo de Dios Palma.
Ángel Aguirre Rivero, es un cacique en declive.
El 23 de octubre de 2014, Aguirre pidió licencia al Congreso local para separarse de la gubernatura. El estado hervía porque policías, militares y presuntos criminales un mes atrás habían desaparecido a 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Ese día la desgracia política del cacique estaba echada.
Aguirre intuyó que podría ser sometido a juicio político e ir a prisión pese a sus buenas relaciones que tenía con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto.
Aguirre renunció a su militancia perredista y se mantuvo en la sombra hasta finales del 2017 cuando la exigencia de castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas disminuyó de intensidad.
Como todo político caciquil, Aguirre quiso regresar al escenario político y movió sus hilos en el PRD para buscar la candidatura a la diputación federal por el distrito 08 de la Costa Chica, como lo fue en dos ocasiones (1991 y 2003) durante la hegemonía del PRI.
Pero a Aguirre el caso Iguala lo alcanzó el 28 de diciembre del 2017, cuando en Ayutla de los Libres en una asamblea preparada para destaparlo como candidato fue interrumpida abruptamente por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ese día, Aguirre vivió una de sus peores pesadillas. “¡Asesino!, ¡asesino!”, le gritaron durante su destape.
La historia de cacicazgo político de Aguirre inició en la década de los noventas, después de haber fungido en cargos importantes con los ex gobernadores, los priistas Alejandro Cervantes Delgado y José Francisco Ruiz Massieu.
Con Cervantes fue secretario General de Gobierno y con Ruiz Massieu, secretario de Desarrollo Económico.
En aquella época del PRI absolutista, autócrata y abrumador, Aguirre empezaba a imponer en las alcaldías y diputaciones locales en la Costa Chica a sus allegados, y a billetazos sobornaba a los líderes regionales del PRD.
Otra escena con la que podemos describir los inicios de su cacicazgo fue cuando el 11 de marzo de 1996, Aguirre como líder estatal del PRI encabezó una marcha en Chilpancingo en apoyo Rubén Figueroa Alcocer, a quien la oposición le exigía su renuncia como gobernador por ser responsable intelectual del asesinato de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el 28 de junio de 1995.
Pero la suerte de su padrino Figueroa ya estaba echada. El lunes 12 de marzo Figueroa pidió licencia al Congreso y, ese mismo día, Aguirre lo sustituyó.
Uno de los compromisos que Aguirre rompió con Figueroa fue haber destituido en 1997 al secretario General de Gobierno, Fermín Alvarado Arroyo.
Uno de los asesores de Fermín Alvarado contó que Aguirre citó a éste a un desayuno a la residencia oficial de Casa Guerrero. Ahí el gobernador interino le dijo al figueroísta: “Oye, mira, sé que tienes aspiraciones políticas y sería bueno que te fueras a Acapulco para dirigir el PRI”.
Fermín Alvarado entendió el mensaje y renunció a la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, cuando Figueroa se enteró se enojó y se distanció de Aguirre.
Humberto Salgado, amigo y compadre de Aguirre Rivero fue quien ocupó el cargo que dejó Fermín Alvarado.
En 1998 en el proceso interno del PRI para la candidatura a la gubernatura, Aguirre metió mano para tratar que su primo, el actual senador Manuel Añorve Baños fuera el abanderado.
Con Aguirre, Añorve estuvo al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en noviembre de 1997 a propuesta de su primo el Congreso local lo designó alcalde interino de Acapulco.
Aguirre corrió de la alcaldía de Acapulco a su amigo de francachelas, Juan Salgado Tenorio, quien durante la tragedia del huracán Paulina en octubre de 1997, en lugar de estar atento durante la contingencia ambiental estaba de fiesta en Los Ángeles, California.
En la elección interna del PRI que fue precedida por dos batallas campales entre seguidores de la dupla Aguirre-Añorve y René Juárez Cisneros, ganó éste último con estrecho margen.
El extinto ex gobernador Juárez Cisneros tuvo una apretada victoria en las elecciones constitucionales en 1999, con casi 15 mil votos de ventaja al entonces perredista, Félix Salgado Macedonio, quien fue favorecido por el voto de castigo de los priistas que apoyaban a Añorve.
Por poner en riesgo la permanencia del PRI en el gobierno estatal, René Juárez Cisneros, Héctor Astudillo Flores, Figueroa y el entonces priista, Florencio Salazar Adame hicieron un bloque para echarle montón a Aguirre, dejando fuera de los cargos políticos a integrantes de su corriente.
En 2003, Aguirre regresó a la escena política y ganó la diputación federal en su bastión de la Costa Chica. Casi a finales del 2010, el PRI abrió su proceso interno para recuperar la gubernatura que estaba en poder de Zeferino Torreblanca Galindo.
Se eligió como candidato del PRI a Manuel Añorve y eso molestó a Aguirre, quien ya tenía un plan B, pues negoció con el grupo político de Los Chuchos del PRD (Jesús Ortega y Jesús Zambrano) para que lo designaran como su abanderado.
A la candidatura de Aguirre se sumó Convergencia y el PT. El resultado lo conocemos: ganó y, de paso, se vengó de sus opositores del PRI, Figueroa y René Juárez.
Sin embargo, la administración de Aguirre fue represiva, turbia y llena de escándalos por sus nexos con organizaciones criminales.
El 12 de diciembre de 2011, policías federales, estatales y agentes ministeriales asesinaron a balazos a dos normalistas de Ayotzinapa, José de Jesús Herrera Pino y Gabriel Echeverría, durante un desalojo en la autopista del Sol, donde también hubo decenas de heridos y detenidos.
Los estudiantes pedían mejoras en su escuela y dotación de material didáctico.
¿Qué hacía Aguirre esa mañana del 12 de diciembre? ¿Acaso estaba en el festejo de la virgen de Guadalupe en Casa Guerrero? Aguirre quedó impune, su gobierno continuó tras una serie de cambios en su gabinete.
El viernes 26 de septiembre de 2014, ¿qué hacía Ángel Aguirre en Casa Acapulco cuando en las calles de Iguala desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa?, ¿Acaso no pudo evitar esa tragedia o él ordenó dicha represión?
En sus diversos informes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que el mandatario estatal al menos fue omiso.
¿Por qué Aguirre no pidió al Congreso local que removiera a José Luis Abarca Velázquez como alcalde para que fuera detenido? El entonces procurador, Iñaky Blanco, había dicho que tenía establecida que el edil, varios de los mandos de la Policía Municipal y agentes como los responsables de los hechos de Iguala en complicidad con Guerreros Unidos.
Si no ocurrió fue porque los perredistas lo encubrieron. En ese momento, el coordinador del Congreso local era Bernardo Ortega Jiménez, quien durante el gobierno de Aguirre creció políticamente.
Hace apenas unos días, en un artículo que escribió en el periódico El Universal, el ex subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez señala a Bernardo Ortega como integrante del grupo criminal de Los Ardillos, junto con sus hermanos Iván, Celso y Antonio.
El perredista Bernardo Ortega, quien por tercera vez es diputado local, se ha deslindado de las actividades ilícitas de sus hermanos y argumenta que no tiene ninguna relación con ellos desde hace 15 años.
Durante el segundo mandato constitucional de Aguirre, no solamente José Luis Abarca y Bernardo Ortega tuvieron un auge político, también lo hizo el perredista, Carlos Reyes Torres, quien ha sido dos veces alcalde de La Unión y tres veces diputado local, en 2019 junto con su hermano Crescencio fueron señalados por Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios de pertenecer a esta organización criminal que opera en Michoacán.
Crescencio Reyes, es alcalde de La Unión por segunda ocasión y fue diputado local por el PRD.
En este 2024, Crescencio Reyes quiere heredar la alcaldía a su esposa.
Con estos antecedentes, no es fortuito ni gratuito que Aguirre busque congratularse con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, al manifestar públicamente que la apoyará y no a la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, y no es que sea un “estadista” sino es un oportunista en declive.
En resumen, el apoyo de Aguirre a Claudia tiene como propósito que durante los próximos seis años de gobierno mantenga la impunidad que gozó con López Obrador.
Por lo pronto, sus declaraciones no cayeron bien en el PRD. La buena estrella de Aguirre languidece. El grupo de dirigentes que él mismo impulsó durante su gobierno ya le dieron la espalda y lo acusaron de traidor. Le ocurrió nuevamente lo del PRI y a algunos de sus allegados los hicieron a un lado de las candidaturas.
En respuesta al chaquetazo de Aguirre, la mayoría de los dirigentes de las tribus del PRD: Bernardo Ortega, Carlos Reyes, Perfecto Rosas y Evodio Velázquez mayoritearon a la corriente aguirrista Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) en la sesión del Consejo Político Estatal del PRD el pasado 27 de febrero.
Aguirre pretendía imponer a la diputada local Yanelly Hernández Martínez en la fórmula al Senado acompañando a su primo Manuel Añorve, pero la quitaron y la sustituyeron por Ivette Díaz Bahena, la actual secretaria general del Comité Estatal del PRD y esposa del ex legislador Perfecto Rosas.
Otro aguirrista es el dirigente estatal, Alberto Catalán Bastida, a quien lo dejaron fuera de las candidaturas a diputados plurinominales y tampoco será abanderado a la alcaldía de Chilpancingo como lo pretendía.
Es más, en los próximos meses las tribus opositoras a Aguirre se van a unir para destituir a Catalán Bastida de la presidencia del PRD.
Por eso cabe ese dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos.
Aguirre está en su ocaso, aunque sigue impune por el caso de los 43. Tampoco se puede pasar por alto que gran parte de la violencia que vivió y vive Guerrero es gracias a él.
Aguirre fue quien respaldó la desarticulación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dividiéndolos a billetazos, su mano derecha incluso recién salió de la cárcel, Eliseo Villar Castillo.
También Aguirre empoderó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabezó Bruno Plácido Valerio, asesinado el pasado 17 de octubre de 2023, pero que en su mayoría esta organización fue relacionada a grupos locales del crimen organizado y paramilitares.
CHIRRIONAZO. El cinismo del gobierno del clan Salgado raya en el vil descaro. El pasado viernes 1 de marzo, la gobernadora Evelyn Salgado y su papá Félix Salgado ordenaron a todos los jefes del Palacio de Gobierno que los cientos de trabajadores de confianza se fueran de acarreados a la Ciudad de México para el arranque de campaña de la morenista Claudia Sheinbaum.
Desde las 6 de la mañana decenas de autobuses y Urvan se formaron a las afueras del Palacio de Gobierno para que los empleados los abordaran.
Un sandwich con una tira de jamón, una embarrada de mayonesa, un pedacito de jitomate y chile, además de un agua o jugo, fue lo que les dieron a los trabajadores acarreados.
En la caseta de Paso Morelos de la autopista del Sol, los vehículos hicieron una parada y los empleados se bajaron para que les dieran un sombrero de Tlapehuala (calentano).
Funcionarios de primer nivel como el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, fueron acusados por los trabajadores del Palacio de haberlos amenazado con despedirlos en caso de que no obedecieran la orden de ir al mitin de la morenista.
¿Cuánto gastó el gobierno del estado por el acarreo?
Lo que debe de hacer el INE es investigar esto porque prefigura un grave delito electoral, aunque conociendo al encargado de la junta local, Donaciano Muñoz Loyola, se da por echo que no pasará nada.
