Aguirre, un cacique en vilo por Ayotzinapa
Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma.Chilpancingo 10 de agosto de 2026
El 27 de diciembre de 2017, en Ayutla de los Libres, después de tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero intentó regresar a la política “por la puerta grande”, como suele decir a sus amigos cercanos.
“¡Asesino!”, “¡asesino!”, fueron los gritos de los padres y madres de los 43 que esa mañana resonaron en el pequeño salón “Victoria”, donde cobijado por un grupo de ex colaboradores de su gobierno, Aguirre Rivero se autodestapó como precandidato a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica, región en la que había ostentado el mismo cargo en dos ocasiones anteriores.
Vestido de guayabera blanca y con el rostro descompuesto, Aguirre Rivero no atinaba a decir nada. En medio de la gritería, la ex diputada local perredista, Hilda Ruth Lorenzo Hernández –actual secretaria de la Mujer–, se acercó a él para tomarse una fotografía y posó una sonrisa forzada.
La ex secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez; el de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja y el ex senador Celestino Cesáreo Guzmán se replegaron del presidium ante la irrupción de los padres y madres de los 43 que lograron boicotear el acto político, pese a que algunos de ellos y ellas recibieron empujones de los acarreados y guardaespaldas de Aguirre Rivero.
Cristina Bautista Salvador, Bernardo Campos Cantor y el actual vocero de los 43, Melitón Ortega, tío de uno de los normalistas desaparecidos encabezaron la protesta contra Aguirre.
Campos Cantor –“El tío Venado”– murió en septiembre de 2021 sin conocer el paradero de su hijo, al igual que en anteriores fechas otros cinco padres y madres.
Ese 27 de diciembre de 2017, Aguirre Rivero tuvo un día frustrado, ya que pretendía regresar a la política luego de que en noviembre de 2014 tras pedir licencia al Congreso renunció al PRD, donde desde el 2010 se afilió cobijado por el grupo de “Los Chuchos”, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, quienes le dieron la candidatura a la gubernatura.
En 2011, Aguirre Rivero logró ganar con 673 mil 799 votos en las urnas la gubernatura de Guerrero, 15 años después de que ocupara el cargo –bajo su militancia en el PRI– de manera interina tras la licencia que solicitó al Congreso, Rubén Figueroa Alcocer, a quien en abril de 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo señaló de haber incurrido en graves violaciones a las garantías individuales y encubrimiento en la masacre de los 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 perpetrada por policías estatales.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) no consignó una averiguación previa contra Figueroa Alcocer derivado de la resolución de la Corte.
En Guerrero, que ya era gobernado por Aguirre Rivero, el ex procurador de Justicia Antonio Hernández Díaz tampoco consignó una indagatoria por la matanza de Aguas Blancas contra Figueroa y otros ex funcionarios, entre ellos el ex secretario General de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el ex procurador, Antonio Alcocer Salazar.
Aguirre protegió a su antecesor, protegió a Figueroa.
En 2021, con tres años gobernando el morenista, Andrés Manuel López Obrador, quien no cumplía su promesa que hizo a los padres y las madres de los 43 con hacerles justicia, Aguirre Rivero se reincorporó a las filas del PRD y fue el principal artífice para que se constituyera una alianza electoral con el PRI para postular la candidatura de su viejo aliado Mario Moreno Arcos, secretario de Desarrollo Social del gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Aguirre Rivero fue uno de los principales operadores políticos de la campaña de Moreno Arcos, quien perdió las elecciones ante la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio.
Aguirre Rivero criticó al calor de la campaña a Salgado Pineda de ser “inexperta” y de no garantizar la estabilidad en el estado, a pesar de ello se reunió con ella el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que la morenista asumiera la gubernatura.
Y es que Aguirre Rivero desde hace años ha tejido relaciones políticas con Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.
En 2011, cuando Aguirre Rivero asumió la gubernatura aceptó la petición de Salgado Macedonio de nombrar a su hija Evelyn en la delegación de la Secretaría de la Mujer en Acapulco, cobrando un salario de alrededor de 25 mil pesos mensuales.
Por eso se entiende que Salgado Macedonio hasta antes de 2018 se mantenía en las filas del PRD, porque además, nunca se le vio en ninguna protesta para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De cara al proceso preelectoral de 2027, Aguirre Rivero que tiene sembrados cuadros políticos en Morena, PRD, PRI y MC, reapareció el pasado 30 de julio ofreciendo una conferencia de prensa en Acapulco, en la que consideró que era “inocultable” la infiltración del crimen organizado en las alcaldías de Guerrero y solicitó al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que aplique en Guerrero la “Operación Enjambre” como lo hizo en Morelos y Estado de México, donde fueron detenidos ediles presuntamente vinculados con las organizaciones criminales.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el gobierno de Aguirre Rivero hubo un fuerte crecimiento de cuatro principales organizaciones criminales: La Familia Michoacana, Los Ardillos, Cártel de la Sierra o “Los Tlacos” y Guerreros Unidos, este último que a la postre serían ejecutores de la desaparición de los 43, el cual se diseminó y ahora se conoce como “La Bandera”.
José Luis Abarca Velázquez, era el caso más visible de sus operaciones ilícitas, porque según las autoridades de las entonces Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Guerrero tenía fuertes nexos con Guerreros Unidos y prueba de ello, la policía municipal conocida como “Los Bélicos” era acusada de detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones.
Abarca Velázquez junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa están presos por delincuencia organizada, además es acusado de la desaparición, tortura y asesinato de los dirigentes de la Unidad Popular Emiliano Zapata: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román en mayo de 2013.
Sin embargo, en 2025 un juez condenó a 92 años de prisión a Abarca Velázquez por el delito de secuestro en agravio de los tres activistas. Los delitos de asesinato y tortura, la autoridad judicial los desechó.
Tras los asesinatos de Hernández Cardona y sus dos compañeros y meses antes del crimen del síndico procurador del ayuntamiento de Iguala, Justino Carbajal Salgado, sobrino de Salgado Macedonio, Aguirre Rivero tenía conocimiento de que Abarca Velázquez –cercano al ex secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso– formaba parte del grupo Guerreros Unidos, de acuerdo a los reportes de seguridad que recibía.
En ese entonces nunca se supo que la Procuraduría local abriera una investigación al ex edil perredista de Iguala.
En septiembre de 2014, con el asesinato de tres estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de los 43, explotaron públicamente los nexos de Abarca Velázquez con el crimen organizado, pese a que Aguirre Rivero lo sabía.
En las próximas horas, un juez federal decidirá si vincula o no a proceso a Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.
La ex magistrada del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín y la ex subprocuradora de Justicia en Iguala, Blanca María del Rocío Estrada, que también fueron detenidas por el caso Ayotzinapa son testigos protegidas por la Fiscalía General de la República y son quienes acusan a Aguirre Rivero de haber ordenado el ocultamiento o destrucción de dos videos de las cámaras de seguridad de Ciudad Judicial de Iguala que grabaron las escenas cuando policías estatales y municipales se llevan entre 17 y 20 normalistas luego de bajarlos del autobús de la empresa Estrella de Oro con número 1531, la noche del 26 de septiembre de 2014.
¿Qué hacía Aguirre Rivero el viernes 26 de septiembre mientras en Iguala se desataba una feroz embestida policiaca y militar en las calles de Iguala contra los normalistas?
Gente del círculo cercano a Aguirre, detallan que éste se encontraba en la residencia oficial de Casa Acapulco, ubicada en la zona exclusiva de Pichilingue.
A través de un aparato de espionaje llamado “El Perro” y que durante su gobierno lo compró a la empresa Hackim Team para vigilar a las organizaciones criminales y activistas sociales, fue como Aguirre Rivero y su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez se enteraron de todo lo que sucedía en Iguala la noche del 26 de septiembre.
El ex fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, en una comparecencia ante el Congreso local confirmó la versión de la existencia de ese aparato de espionaje y con la llegada de Héctor Astudillo Flores presuntamente se destruyó.
La FGR señala que según una de las “testigos protegidos” confesó que Aguirre Rivero no quería que se supiera lo de los videos grabados en Ciudad Judicial de Iguala porque su sobrino Ernesto Aguirre estaba involucrado con el grupo criminal de “Guerreros Unidos” y que los normalistas fueron confundidos como integrantes de la organización rival de “Los Rojos”.
El 17 de septiembre de 2023, a una semana de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes, Aguirre Rivero reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto siempre lo quiso encarcelar por el caso y que el Ejército nunca le informó de lo que en tiempo real estaba ocurriendo en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Aguirre dijo que el entonces comandante de la 35 Zona Militar, Alejandro Saavedra Hernández, le informó dos días después del 26 (es decir, el 28 de septiembre) que todos los normalistas estaban en su escuela y eso de que estaban desaparecidos “era una farsa”.
En el informe que en septiembre de 2022 dio a conocer el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, indica una lista de 21 involucrados en el caso, entre ellos un grupo de militares, entre ellos Saavedra Hernández a quien se le acusa por omisión.
En el informe de Encinas Rodríguez estaba la magistrada Galeana Marín y el ex procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera.
Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa renunció luego de que el ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se negó a aprobar órdenes de aprehensión contra 21 presuntos involucrados en la desaparición de los 43, entre ellos varios mandos militares y la magistrada en retiro Galeana Marín.
En este nuevo giro de las investigaciones que realiza la fiscal Ernestina Godoy Ramos, Galeana Marín –según la FGR– es pieza clave para el Caso Ayotzinapa porque participaba en las reuniones que convocaba Aguirre Rivero para borrar las evidencias de los hechos de Iguala.
Es importante que las autoridades federales aclaren qué otros funcionarios participaban en dichas reuniones y que también sean llamados a la justicia por complicidad.
La embestida contra Ayotzinapa en Iguala por el gobierno de Aguirre Rivero no era algo casual, ya que hubo otros hechos de represión que los antecedieron contra los normalistas.
El 12 de diciembre de 2011, diez meses después de que Aguirre Rivero asumió el cargo su gobierno junto con agentes de la Policía Federal desalojaron a balazos a normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol que la cerraron para solicitar una audiencia con las autoridades locales.
Los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados a balazos durante el desalojo, según las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los que mataron a balazos a Gabriel y a Jorge, fueron los agentes ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, quienes fueron absueltos por un juez después de un año de estar en prisión.
A los 20 agentes federales a quienes se les comprobó que accionaron sus armas a través de la prueba de rodizonato de sodio ninguno fue a prisión.
El entonces Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, a quien se le acusó de presuntamente haber ordenado sembrar rifles de asalto Ak-47 a varios normalistas para que se hiciera aparecer que había sido un enfrentamiento con los policías durante el desalojo en la autopista no se le fincaron cargos.
Sobre estos hechos ocurridos en diciembre de 2011, Aguirre Rivero tiene una acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de derechos humanos en Guerrero señalan que en los próximos meses podría emitirse una recomendación al Estado Mexicano.
En el 2012, Vidulfo Rosales Sierra –abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan– se desplazó de México tras haber recibido una serie de amenazas de muerte, que según él, había indicios de que provenían del gobierno de Aguirre Rivero.
Rosales Sierra llevó el caso jurídico del desalojo de los normalistas de diciembre de 2011 e interpuso una demanda de juicio político contra Aguirre Rivero ante el Congreso de la Unión, petición que fue desechada por los legisladores cuya mayoría legislativa la tenía el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, era amigo del ex gobernador de Guerrero.
El próximo 12 de diciembre se cumplirán 15 años del brutal desalojo en la Autopista del Sol y en septiembre 12 años de la desaparición de los 43, Aguirre Rivero está preso pero no enfrenta la justicia por ninguno de los dos casos de manera directa.
Lo único que resulta extraño es que el ex gobernador es encarcelado después de que a mediados de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe del Caso Ayotzinapa que exonera al Ejército de los hechos de Iguala.
¿Es Aguirre Rivero un chivo expiatorio para justificar la participación del Ejército en la desaparición de los 43? Nadie duda de su omisión y de su desprecio y odio hacia los normalistas, pero ahora la FGR deberá sostener no solo con dos testimonios sino con pruebas que confirmen su participación en uno de los casos más dolorosos que tiene este país.
Chirrionazo
El gobernador de facto, Félix Salgado Macedonio, ordenó nuevamente para que los trabajadores de Palacio de Gobierno fueran forzados a acudir a Ciudad Altamirano para echarle porras en su asamblea “por la soberanía”.
Los burócratas fueron citados a las 3 de la madrugada de ayer domingo en el parque Margarita Maza de Juárez en Chilpancingo, donde abordaron los autobuses que los trasladó a la localidad de Tierra Caliente y donde domina la organización criminal La Familia Michoacana.
Aparte del acto político de Félix, sus hijas Liz y Celeste Salgado Pineda inauguraron dos obras a las que les impuso el nombre de dos de sus familiares.
Liz y Celeste son parte del paquete de negociación de Félix y que está planteando a los aspirantes a la gubernatura Beatriz Mojica Morga y Esthela Damián Peralta para que les den un cargo de representación popular en 2027.
Cuenta que en el cuarto de guerra de Damián Peralta, que la ex consejera jurídica lo mandó por un tubo con sus propuestas.
Los burócratas que fueron de acarreados a Ciudad Altamirano denunciaron que aparte de que les ofrecieron una torta de jamón con un chile envinagre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se negó darles un día de descanso para reponer su día de asueto de fin de semana.
Así que los trabajadores del Palacio se presentaron este lunes a trabajar a primera hora pese al viajecito de 12 horas, la asoleada y el miedo de que durante el trayecto no les saliera un comando armado.
