Antes de Ayotzinapa, en Iguala
ya se vivía el terror

El lugar se ve tétrico.

“Toda esta zona es un cementerio de los narcotraficantes”, define una de las vecinas de las últimas casas de la colonia Las Parotas, ubicada en las afueras de Iguala, Guerrero.

Recargada en la tranca de madera de su patio, la memoria de la mujer viaja en retrospectiva cuando ubica que el tiradero de cadáveres, en este punto al poniente de la ciudad, empezó en 2010.

En una de las calles de la colonia San Miguelito —en esta misma zona— aparecieron los cuerpos decapitados de dos jóvenes que tenían un mensaje en una cartulina: “esto les pasó por uñas”.

La primera fosa descubierta en esta zona del antiguo ejido de Pueblo Viejo, data de abril de 2013.

Tres policías municipales de Cuetzala del Progreso, fueron desaparecidos por la organización criminal Guerreros Unidos, aparecieron junto con ocho de sus compañeros y un comandante, en una fosa en las inmediaciones de la colonia Granjeles. Del resto de los agentes privados de su libertad se desconoce todavía de su paradero.

En ese entonces, el alcalde de Cuetzala del Progreso, era el perredista Feliciano Álvarez Mesino. La Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvo en abril de 2014, acusado de pertenecer a la organización criminal de la Familia Michoacana y de ordenar secuestros en la región Norte de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

En noviembre de 2025, un juez sentenció a 25 años de prisión a Álvarez Mesino.

Entre abril y mayo de 2014, fueron halladas en esta misma zona seis fosas clandestinas con 19 cadáveres en avanzado estado de putrefacción.

Ese año, Ernesto Pineda Vega, vecino de la colonia San Miguelito, denunció que en Pueblo Viejo una célula de Guerreros Unidos secuestraba, asesinaba y sepultaba a sus víctimas.

Lo denunció ante el Ejército, se descubrió un narcolaboratorio de drogas sintéticas, pero Pineda Vega fue detuvo la Policía Municipal acusado del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.

Esta zona está compuesta por una veintena de colonias irregulares que apenas y cuentan con el servicio de luz eléctrica; cobró relevancia cuando la entonces Procuraduría de Justicia del Estado informó que un integrante Guerreros Unidos declaró haber participado en el asesinato de 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa que les entregó la Policía Municipal de Iguala tras los ataques de la noche del 26 de septiembre, donde fueron asesinadas seis personas y 27 mas resultaron heridos.

Una de las primeras versiones que incluso el ex procurador, Iñaki Blanco Cabrera dio a conocer es de que en esta zona habría sido sepultado un grupo de normalistas.

Esta versión fue descartada por la PGR que mejor inventó que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, la famosa “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, actualmente preso por el caso Ayotzinapa al igual que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La vecina de Las Parotas cuenta que por la noche y en la madrugada se escuchaba el paso de camionetas que subían hacia una vereda que lleva a uno de los cerros. 

“Hemos percibido olores fétidos, como que atrás de los vehículos llevan animales o personas fallecidas”, señala.

De la casa de la vecina a las faldas del cerro El Coyote hay unos dos kilómetros de distancia. El 5 de octubre del 2014, peritos de la PGR y de la PGE localizaron seis fosas con 28 cadáveres calcinados. Primero es una vereda donde no caben más de dos personas, pero a medida que se avanza apenas y cabe una y después hay que caminar agachado haciendo a un lado la maleza.

“A las personas que traían aquí en contra de su voluntad, no había otra forma que obligarlas a caminar derechito a su muerte”, señala uno de los agentes ministeriales que resguardaba la zona durante el tiempo que duraron las excavaciones.

Los 28 cadáveres encontrados en estas fosas estaban calcinados. “Los hicieron como en barbacoa”, describió uno de los enviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según el informe pericial, los cuerpos de las víctimas fueron colocados debajo de ramas y troncos y les prendieron fuego. Pero todavía no se determina si los quemaron vivos.

La PGR estableció que ninguno de los 28 cadáveres localizados en estas fosas pertenecía a los normalistas desaparecidos. Si no eran los estudiantes ¿entonces quiénes son?  Antes de esa noche del 26 de septiembre, en Iguala muchas personas fueron desaparecidas por miembros de la delincuencia organizada o policías municipales.

Delfino Zaragoza Ocampo cuenta que su hermano Alberto y sus compañeros Miguel Ángel Antolino Navarrete y Raúl Vázquez Zamora desaparecieron el 2 de junio del 2014, luego de salir de la central camionera de Iguala.

La denuncia por desaparición forzada de los tres militantes de organizaciones sociales la presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero y la PGE. Los familiares pidieron que se investigara a la Policía Municipal de Iguala, que respondía a las órdenes del ex alcalde, el perredista José Luis Abarca.

Y es que a los tres activistas que fueron a Iguala para buscar empleo, se les vio por última vez en las calles donde fueron atacados los normalistas de Ayotzinapa. 

“Tenemos la versión de que ese día en que los compañeros desaparecieron había muchas camionetas con hombres armados rondando las calles”, señaló.

En 2014, Delfino se unió a la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa.

Delfino buscó a su hermano en los cerros de Loma del Coyote, ejido de Pueblo Viejo, donde peritos de las entonces procuradurías, resguardados por policías federales, estatales, Ejército Mexicano y la Armada, localizaron seis fosas clandestinas con 28 cadáveres quemados con diesel.

Del otro lado de esta zona, en la colonia Loma del Zapatero, en abril y mayo de ese año hallaron ocho fosas clandestinas con 26 cadáveres.

Para llegar a Pueblo Viejo se entra por el Periférico Norte, justo donde la noche el 26 de septiembre se dio en segundo ataque a balazos por parte de presuntos criminales y policías municipales y donde fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Navaen y, donde al día siguiente, apareció desollado el estudiante Julio César Mondragón Fontes. De allí también se llevaron a los 43 desaparecidos.

Un taxista dice que esta zona del poniente de la ciudad, rumbo al municipio de Teloloapan, es una de las más peligrosas. Quien entra y no conoce el lugar por lo menos lo asaltan, cuenta el chofer. 

“Aquí es tierra de nadie, porque mandan los sicarios. Y nadie, ni siquiera el Ejército, les puede hacer algo”, afirma.

Cuenta que a raíz de los hechos de violencia del 26 de septiembre, la gente de Iguala vive en una constante zozobra y miedo.

Sin embargo, desde antes, la situación de inseguridad en Iguala era muy grave.

“Desde antes había asaltos, asesinatos. Y las extorsiones a los comerciantes y vendedores ambulantes es algo ya común”, explica.

El taxista tiene una certeza: “En Iguala, los que mandan son los de la delincuencia, y no la autoridad”.

Autoridades de Guerrero señalaron que esta zona al poniente de Iguala fue escogida por Guerreros Unidos para instalar narcolaboratorios y casas de seguridad en las que mantenían retenidas a sus víctimas, a quienes después las ejecutaban y sepultaban en algunos puntos de las faldas de los cerros.

Esta organización criminal tuvo un dominio en Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Cuetzala del Progreso, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Taxco de Alarcón, municipios aledaños a Iguala.

Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, municipios que completan la región norte del Estado, eran disputados por Guerreros Unidos con la Familia Michoacana.

Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, esta presencia de organizaciones criminales convirtió a Iguala en una zona de horror y lamenta que fuera hasta que ocurrió la tragedia de los normalistas fue que la comunidad nacional e internacional cobra conciencia de ello.

“Estamos hablando de que seguramente en ese lugar, en los cerros, puede haber decenas de fosas con personas que han sido secuestradas y que sus familiares siguen en su busca”, explica.

Hernández Barrera asegura que el horror que se vive en Guerrero desde antes del 26 del septiembre del 2014, es parecido al de la década de los setenta.

“Estamos igual o peor que en la Guerra Sucia, aunque ahora el nuevo ingrediente es que el gobierno se une con las bandas de la delincuencia para perseguir y asesinar a sus opositores”, lamenta.

El activista recuerda que en Taxco, municipio cercano a Iguala, antes del 26 de septiembre del 2014 se hallaron más de 60 cadáveres en fosas clandestinas.

“Iguala era tierra en donde mandaba la delincuencia bajo el consentimiento de las autoridades, en este caso de José Luis Abarca, pero los gobiernos federal y estatal lo protegieron”, indica.

Con Abarca en las calles de Iguala circulaban sin pudor un grupo armado denominado Los Bélicos, conformado por criminales y policías que se dedicaban a mantener el orden en la ciudad, pero no sólo eso también desaparecían, asesinaban, extorsionaban, torturaban. 

Los Bélicos se movían con toda libertad porque en Iguala gobernaba Abarca de mano de Guerreros Unidos. La noche del 8 de marzo del 2013, cuando entraba a su domicilio en el centro de la ciudad, hombres armados le dispararon al síndico de Iguala, Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. 

El 30 de mayo del 2013, un grupo armado —tal vez Los Bélicos— desapareció al dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona junto a otras siete personas. Fueron detenidos después de haber encabezado una protesta contra Abarca.

Tres días después, sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala, fueron hallados los cadáveres de Hernández Cardona, de Ángel Román Ramírez y de Rafael Banderas Román. 

Uno de los siete detenidos, testificó que fue Abarca quien disparó directamente a Hernández Cardona. 

Después de estos crímenes, Abarca siguió gobernando, Los Bélicos continuaron recorriendo las calles de Iguala imponiendo el terror.  La noche del 26 de septiembre de 2014 no surgió de la nada, en Iguala el crimen estaba enraizado y nadie lo impidió.

Abarca cumple una condena por 20 años de prisión por el asesinato de Carvajal Salgado y otro de 92 por la desaparición y asesinato de Hernández Cardona y sus siete compañeros. Todos en esa ciudad sabían que la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa era hermana de Mario y Alberto Pineda Villa operadores financieros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos.

Pineda Villa fue detenida en noviembre del 2014 acusada por la entonces PGR por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.