Caso Ayotzinapa: Informes oficiales señalan participación de la Sedena, mientras CNDH exculpa al Ejército

Del señalamiento a la exoneración institucional

La evolución del criterio de las autoridades sobre el papel del Ejército en el caso Ayotzinapa puede observarse al comparar la Recomendación 15VG/2018 de la CNDH, el Informe de la Covaj publicado en 2022 y la Recomendación 208VG/2026 emitida recientemente.

En la Recomendación 15VG/2018, la CNDH documentó que elementos del 27 Batallón de Infantería tuvieron conocimiento de los ataques contra los estudiantes mientras ocurrían, además de que asegura que estuvieron presentes en algunos de los lugares donde se desarrollaron los hechos. Sobre esto, la Comisión cuestionó la nula intervención de los militares para proteger a las víctimas y consideró que existían elementos suficientes para profundizar la investigación sobre su actuación.

Sin embargo, no concluye que el Ejército participó directamente en la desaparición forzada de los 43 normalistas, tampoco atribuye responsabilidad penal a mandos o soldados específicos.

Cuatro años después, el Informe de la Covaj, adoptó una postura más contundente. El documento calificó el caso como un “crimen de Estado” y sostuvo que autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido personal militar, tuvieron conocimiento de los hechos y participaron por acción u omisión. 

Además, en el informe se señala que existían indicios para investigar penalmente a algunos integrantes del Ejército y que la información obtenida permitía sostener responsabilidades individuales de mandos militares.

Ahora la Recomendación 208VG/2026 representa un cambio respecto de las posturas anteriores. Aunque reconoce que hubo graves violaciones a los derechos humanos y mantiene que la investigación del caso estuvo marcada por irregularidades, la CNDH concluyó que “no existe evidencia objetiva suficiente para acreditar la participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición forzada de los estudiantes”. 

Pero el cambio más importante radica en el concepto de “participación institucional”. 

Mientras que en 2018 la CNDH consideró necesario investigar la actuación de militares y en 2022 la Covaj sostuvo que existían elementos para atribuir responsabilidades a integrantes del Ejército, la Recomendación reciente concluye que las pruebas disponibles no permiten responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional como institución por la desaparición forzada. 

Presencia militar en la investigación

Con el paso de los años, las distintas investigaciones que se han realizado sobre el Caso Ayotzinapa han señalado posibles omisiones, intervenciones y responsabilidades de elementos militares en hechos incluso posteriores a los hechos.

En 2022, la Covaj dio a conocer la identificación de un militar infiltrado entre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Se trata de Julio César López Patolzin, integrante del Ejército mexicano que estudiaba en la Normal como parte de una labor de inteligencia. De acuerdo con la Comisión, la presencia del militar no era conocida públicamente por sus compañeros y esta “habría permitido que autoridades militares tuvieran información sobre el movimiento estudiantil”. 

López Patolzin desapareció junto con los 43 estudiantes en septiembre de 2014. 

Otro de los puntos señalados en las investigaciones es la intervención de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, lugar donde la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que habían sido asesinados y calcinados los estudiantes, versión declarada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, conocida como la “verdad histórica”.

Pero hallazgos de la Covaj y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apuntan a la presencia de elementos de la Marina en la zona antes de la diligencia oficial reportada por la entonces PGR.

Ante los cuestionamientos sobre posibles alteraciones en el lugar de los hechos, la Marina ha reiterado en diversas ocasiones que no participó en la manipulación de pruebas.

Sin embargo, al menos veinte militares han sido señalados dentro de investigaciones judiciales relacionadas con el caso. Aunque estas acusaciones no implican que todos estén señalados por ordenar la desaparición de los 43 normalistas, si los señalan por distintos delitos vinculados con el caso como la presunta alteración de la investigación, delincuencia organizada, tortura, omisiones y desaparición forzada.

Las acusaciones no solo señalan tortura durante la desaparición de los normalistas, sino también contra personas detenidas durante las investigaciones que construyeron la “verdad histórica”. 

Después de que se presentaran los avances de esta investigación en enero de 2015, organismos nacionales e internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentaron casos de personas detenidas durante las primeras investigaciones que enfrentaron golpes, amenazas, asfixia, descargas eléctricas y otras formas de violencia física y psicológica para obtener declaraciones o modificar versiones de los hecho, estos casos se incluyeron en el informe Doble Injusticia”.

Uno de los casos a resaltar es el de Carlos Canto Salgado, quien fue detenido en octubre de 2014 y acusado de delincuencia organizada y secuestro. En un video difundido años después se muestra parte de su interrogatorio, en el que se observa a un hombre con el rostro cubierto que lo interroga mientras se escuchan amenazas.

¿Qué concluye la reciente recomendación de la CNDH?

La Recomendación también documenta violaciones graves a los derechos humanos en agravio de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Reconoce violaciones graves al derecho humano a la integridad física y a la vida en agravio de las víctimas identificadas como V1, V2, V15, V44, V45 y V46.

Además, se señalan violaciones por uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra otras 45 víctimas, identificadas como V47 a V91.

En el documento, la CNDH también concluye que hubo violaciones al derecho a la verdad y a la justicia por una inadecuada procuración de justicia en agravio de las víctimas directas sobrevivientes y de los familiares de todos los estudiantes afectados.

Después de la emisión de esta última Recomendación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó “nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro”. La mandataria enfatizó que la administración federal incluso desconocía que el organismo publicaría el documento la semana pasada.