Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma
El miércoles de la semana pasada en Chilpancingo cesó la violencia, desde ese día no se ha presentado un asesinato o un ataque al transporte público. La ciudad recuperó algo de su cotidianidad. La mayoría de los taxis y Urvan aparecieron de nuevo en las calles, aunque hasta las 7 de la noche. El comercio igual, en cuanto se oculta el sol inicia el cierre, las escuelas no volvieron a clases presenciales hasta el lunes.
Fueron casi nueve días de tensión en la ciudad, los ciudadanos estuvieron en alerta, con miedo, en la incertidumbre, nadie se permitió confiarse, y no fue para menos, la violencia que se desató fue inclemente: siete choferes del transporte público fueron asesinados, uno quemado dentro de su unidad y, por lo menos, cinco vehículos quemados.
El último hecho fue la noche del lunes 12 en la colonia Javier Mina, cuando un grupo armado atacó una base de urvan, un chofer murió y otra persona quedó herida.
¿Qué detuvo la violencia?, ¿la operación policiaco-militar? O fue como se dice: ¿un pacto entre los líderes de las organizaciones criminales, Los Tlacos y Los Ardillos?
Tras los hechos de violencia, en Chilpancingo, según las autoridades, se desplegaron unos 600 soldados del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, pero la violencia siguió.
Los criminales quemaron un taxi, luego una urvan, incluso asesinaron. El lunes por la mañana, el director de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se echó la misma cantaleta de siempre. Que en Guerrero hay gobernabilidad, que la seguridad estaba garantizada y que los choferes no tenían razón para no trabajar, que salieran a las calles a dar el servicio a la población.
Sus palabras no se sostuvieron con la realidad, en la noche atacaron la base de la Javier Mina. La noticia se difundió con velocidad. Diez minutos después, no había ninguna Urvan y ningún taxi disponible. Otra vez se esfumaron. Los esfumaron.
De inmediato, en las paradas comenzaron las aglomeraciones, grupos de 20, 30 personas esperaban las Urvan, un taxi y no pasaron. Miles se quedaron varados y no tuvieron más opción que caminar.
“Yo me confíe, porque habían dicho que ya estaba el 80 por ciento del transporte”, dijo una mujer que llevaba un niño en cada mano.
La mujer se cansó de esperar, dejó la parada y comenzó a caminar. Eso hicieron muchos, otros se quedaron a esperar hasta que un familiar llegó en vehículos particulares.
Al mismo tiempo, decenas de comercios comenzaron a bajar sus cortinas. Nadie quiso esperar el siguiente reporte de violencia. Las calles se fueron vaciando, oscureciendo hasta que quedaron casi vacías.
La ciudad no se silenció, al contrario, las sirenas de las patrullas del Ejército, la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de ambulancias predominaron. Las redes sociales también explotaron: surgieron decenas de reportes de hechos de violencia que no estaban ocurriendo. La noche terminó envuelta en la zozobra, el temor.
La mañana no fue distinta. El temor predominó. Por toda la ciudad apenas unas diez Urvan y otros diez taxis salieron a dar el servicio. El resto, las casi 790 urvan y 790 taxis decidieron no arriesgarse.
Si algo quedó claro esta semana fue que las amenazas de presuntas organizaciones criminales se cumplen y que las autoridades no lo impiden.
La primera posibilidad descartada, los soldados y policías, como en muchas otras ciudades, fueron escenografía. Hicieron presencia pero no movieron un dedo.
La actuación del gobierno del clan de la familia Salgado fue la misma de siempre: omisa.
La gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, no ha dado la cara a los capitalinos para darles una explicación de lo que están viviendo.
Como en otras ocasiones, han preferido convertirse en las víctimas en lugar de cumplir sus funciones a cabalidad. Han denunciado una campaña de desinformación, pero los primeros que desinforman y mienten son ellos.
Esta es una actuación recurrente: la gobernadora ausente, pero eso sí, bien metida en la campaña, en la grilla, en la politiquería. Es más fácil ver una publicación de la gobernadora en un evento de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum o en un evento del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que atendiendo los verdaderos problemas del estado.
La otra opción del por qué en Chilpancingo cesó un poco la violencia es la tregua.
El director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, el sacerdote, José Filiberto Velázquez Florencio, asegura que fue artífice de una tregua entre las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos.
Aunque, aclara, aceptaron firmar la tregua para proteger sus propios negocios.
Sí, sus comercios, sus establecimientos. Velázquez Florencio explica que tanto Los Ardillos como Los Tlacos han esparcido por todo Chilpancingo negocios lícitos que van desde la distribución de carne de res, de puerco, pollo, refresco, cerveza, hasta bares, centros nocturnos y, por supuesto, el transporte público.
El martes 13 de febrero se concretó la tregua. El líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez y el de Los Tlacos, Onésimo Marquina Chapa hablaron por teléfono.
El sacerdote Filiberto facilitó la llamada, intercambió los números telefónicos.
Primero, dice, se acercó a gente de Marquina Chapa para plantear la posibilidad de una acercamiento con Ortega Jiménez.
Dos semanas después, Los Tlacos dieron el visto bueno. Vino el siguiente paso, consultó a Ortega Jiménez y aceptó. No se encontraron en ningún lugar, no hubo emisario, se hablaron directamente.
Velázquez Florencio recuerda cómo comenzó su intervención con estos líderes criminales, siguiendo los pasos del obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza.
Su trabajo pastoral lo puso cerca de ellos: “No es difícil encontrarlos, trabajamos en sus territorios y ellos han pasado por las iglesias, por las escuelas, por la vida común de los pueblos”.
Cuando estuvo de párroco en Chilapa, contactó al líder de Los Ardillos para intervenir por la liberación de un joven.
Con Los Tlacos el contacto lo hizo el año pasado, cuando comenzó a apoyar a los pobladores de la comunidad de El Nuevo Caracol, en la sierra de Heliodoro Castillo que resiste a los embates de la Familia Michoacana.
—¿En los intereses de estos grupos se incluyen puestos políticos?
—Sí, porque todos los grupos necesitan a las policías municipales, ellos ponen o sugieren a los secretarios de Seguridad Pública porque al final son, no sé si su brazo armado, pero sí una manera de controlar la seguridad de los territorios. De ahí vienen las regidurías, los contratos de obra pública, cada grupo tiene su maquinaria, ya aparecen empresarios de la construcción.
—¿Les interesan las minas?
—Las minas dejan una rentabilidad muy grande, ellos no están en la explotación de las minas porque no tienen la tecnología ni el conocimiento, pero sí en toda la industria que se genera alrededor, la están aprovechando. […] Por eso tiene la intención de desplazar para cuando llegue una concesión, ellos ya estén ahí (en los pueblos) para negociar.
¿Cuánto va a durar esta tregua? No se sabe. Es un acuerdo que pende de alfileres. Lo de fondo sigue sin resolverse. No hay un combate frontal y ninguna medida que reduzca la operación de estas organizaciones criminales. Al contrario: ¿Quién les dio el acceso a los negocios legales? ¿Qué autoridad les da las licencias de funcionamiento? ¿Quién opera esas empresas lícitas?
—¿Cree que esta tregua pueda prolongarse o de qué va a depender?
—Esta tregua presenta un precedente y La Familia Michoacana y Los Tlacos también pueden llegar a acuerdos. La duración va a depender de que dejen de arreglar sus asuntos con las armas, poniéndose de acuerdo y no necesariamente utilizando la violencia. Lo que nosotros estamos haciendo es desarmar el conflicto.
Para llegar a la paz falta mucho, Velázquez Florencio tiene alternativas, como el desarme de estos grupos y reincorporarlos a la actividad económica lícita, pero para que se logre no es tan fácil, dice el sacerdote.
“Esto es muy complicado porque hablamos de una justicia restaurativa; qué pasaría con las víctimas que les han hecho daño, tienen que mirar a los ojos a las personas que les han hecho daño y pedirles perdón […] Es complicado, estamos hablando de una economía inmoral que tiene su origen no solamente en Guerrero, tiene sus brazos en otros países como Estados Unidos y ahí es donde se topa. Porque por más interés que tengan los líderes locales para llegar a un cambio, habrá que ver si los que están más arriba los dejan”.
Las últimas semanas, los cuatro obispos de Guerrero han estado en el ojo del huracán por el intento de establecer una tregua entre las organizaciones criminales y pacificar el estado.
Las reacciones han sido variadas, pero hay una que destaca, la del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, quien rechazó el diálogo entre los obispos y los líderes criminales. Incluso se atrevió a decir que sus intervenciones no llegaran a pacificar Guerrero.
También Reynoso Núñez negó que parte de los acuerdos de la tregua fuera el reparto de 135 concesiones del transporte, pero bastará esperar y ver qué rutas del transporte se ven favorecidas, sobre todo porque en Chilpancingo han ido desapaciendo rutas al sur de la ciudad y ellos no actúan.
Estas declaraciones están llenas de cinismo por una razón básica, si los obispos están dialogando con criminales para establecer treguas es precisamente porque el Estado, los gobiernos no están cumpliendo con su obligación que es garantizar la seguridad de la población.
Sí Guerrero estuviera en paz, ¿habría la necesidad de establecer treguas? No. Sin embargo la molestia de las autoridades es que estos diálogos ponen a un más en relieve la omisión de las autoridades de garantizar la paz.
Pero ese rechazo también es hipócrita, dice que no dialogan con criminales y hacen todo lo contrario. Y cada vez se documenta más, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez. Hay muchos más, como el ex fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, que renunció después de que se difundió un video donde sostiene una reunión con un presunto líder criminal.
Los gobernantes no sólo dialogan, sino establecen pactos, porque sin estos pactos cómo acuerdan la protección. Cómo es posible que sacerdotes y, ahora, hasta medios de comunicación puedan acceder a los territorios de los líderes criminales pero los militares y los policías no. ¿Las corporaciones no tienen las capacidades y herramientas? Sí y de sobra, sólo que no tienen la instrucción del político que gobierna.
Que quede claro: las organizaciones criminales no son autónomas, sin el aval, el permiso, la autorización de alguna autoridad no podrían operar cómo lo hacen.
CHIRRIONAZO. El 14 de febrero, día de San Valentín, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia y la gobernadora Evelyn Salgado, su papá, Félix Salgado y su hermana, Liz Salgado, presidenta del DIF, festejaron por separado bodas comunitarias con abrazos y pastel en Chilpancingo.
Así mientras la población de esta capital no entraba a su cotidianidad pues todavía no habia transporte público en su totalidad y las clases en las escuelas seguían suspendidas, el clan de los Salgado y Norma Otilia tuvieron un día de fiesta.
Bueno hasta la alcaldesa Norma Otilia, bailó bajo las aguas de la fuente de la alameda central . ¡Qué cinismo!
