La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodriguez no es la única que no ha podido comprobar en qué gastó el presupuesto público, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, está en la misma situación, sin embargo hay una diferencia: el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, no la audita y sólo guarda silencio.

El auditor protege a la gobernadora por una sencilla razón: Peralta Hidalgo le debe al clan de los Salgado que el Congreso de Guerrero lo haya nombrado en el cargo en septiembre de 2022, pese a su rastro en gobiernos priistas y perredistas.

En un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se observó que en el ejercicio fiscal 2022 el gobierno de la morenista Salgado Pineda no solventó 257 millones de pesos de recursos federales, que se presupuestaron para obras en comunidades de extrema pobreza de Guerrero, pero que no se construyeron.

Por el mismo tipo de recursos federales en los que a Salgado Pineda se le encontraron irregularidades en el manejo, la ASE interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra de López Rodríguez por negarse a comprobar 896 millones de pesos que utilizó en el ejercicio fiscal de 2023.  La fiscalía integró una carpeta de investigación contra la alcaldesa por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte.

Un ex funcionario importante del gobierno de López Rodríguez reveló que la morenista está metida en un gran problema porque la comprobación de sus cuentas públicas de su primera administración (2021-2024) no las tiene preparadas.

“Debería de aclarar (la edil) las cosas, si es que lo puede hacer, pero no creo que pueda”, comentó.

Otro político que era cercano al clan de los Salgado, aseguró que el manejo financiero en la administración estatal “es un desmadre” y vaticinó que en 2026, de cara a la disputa por la candidatura a la gubernatura, seguramente van a relucir de manera pública las irregularidades de esta administración.

Los 257 millones 490 mil pesos de recursos federales que no ha solventado el gobierno de Salgado Pineda son de cinco programas: el Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para Adultos (FAETA); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF) y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Lista de aviadores, obras no verificadas y otras sin terminar, retenciones de cuotas al Issste y Fovissste, pagos a fallecidos y gastos sin comprobar son algunas de las irregularidades que documentó la ASF de la administración de Guerrero derivado de las auditorías que realizó.

En Salud, la auditoría observó que hubo pagos a personal sin el perfil académico y uso indebido de la cuenta bancaria mezclando recursos de diferentes fuentes. Por esta irregularidad, la ASF inició un procedimiento administrativo expediente DCJAA1A/2261/2023.

La auditoría detectó que la Secretaría de Salud realizó un manejo inadecuado de retenciones fiscales del ISR por un monto de 55 millones 600 mil pesos. Estas retenciones a los trabajadores son al Issste y Fovissste.

Otra grave irregularidad que documentó la ASF, y que podría ser una consecuencia de la situación crítica de atención que existe en los hospitales generales, hospitales básicos comunitarios y centros de salud, es que la Secretaría de Salud no tiene un control de medicamentos e insumos de manera efectiva y seguridad en su suministro.

La ASF señala que la Secretaría de Salud no comprobó 90 millones de pesos que gastó en “especie”, es decir no se sabe en qué se utilizó ese dinero.

Desde los gobiernos del PRI y del PRD, el sistema de salud está colapsado y desde el 2018, el gobierno de Morena prometió que mejoraría este servicio e incluso mejor que el que se brinda en Dinamarca.

En Guerrero se ha documentado que el servicio en los centros hospitalarios es pésimo, porque se carece hasta de paracetamol y de suero antialacrán y no se diga de equipo médico, enfermeras, médicos y ambulancias. O centros de salud que están sin funcionar, como el de Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín Herrara, que fue inaugurado por Salgado Pineda hace ocho meses pero no funciona porque se les olvidó construir drenaje, tubería de agua, planta tratadora y energía eléctrica, una obra en la que, según se dijo, se invirtieron 37 millones de pesos. 

La toma por parte de organizaciones sociales del Hospital General de Tlapa que iba inaugurar la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el 6 de junio, es una muestra de la inconformidad de la ciudadanía por las deficiencias en este servicio que es un derecho humano.

En las auditorías que aplicó la ASF al gobierno estatal detectó que el rubro de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF) se realizaron pagos a 431 servidores públicos que no desempeñaban funciones inherentes al objeto de esas participaciones. Es decir, se descubrió una lista de aviadores en nómina.

Esta irregularidad en la que las autoridades estatales incurrieron causó un daño patrimonial de 36 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal que podría acarrear una implicación legal por posibles desvíos de recursos públicos.

Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que son destinados para reducir la pobreza, el gobierno de Guerrero no comprobó obras y por ende se ignora en qué gastó esos recursos.

La administración de Salgado Pineda realizó pagos de 5 millones 300 mil pesos sin evidencia plena de entrega de bienes y servicios.

Y otros 11 millones de pesos de recursos del FISE que supuestamente se gastaron en techos, pisos e instalaciones eléctricas, cuyas obras no están en operación, inexistentes pues.

En este rubro, indica la ASF, se omitió un pliego de observaciones por daño patrimonial, que podrían derivar en responsabilidades penales por uso indebido de recursos públicos.

Otro daño patrimonial de 7 millones 70 mil pesos que incurrió el gobierno de Salgado Pineda fue en el rubro del gasto del Fondo para la Educación Tecnológica de Adultos (FAETA).

El gobierno no entregó documentación comprobatoria de servicios prestados, así como personas que no desempeñaban funciones educativas en escuelas tecnológicas y para adultos.

Uno de los programas gubernamentales que siempre ha sido objeto de denuncias por irregularidades es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del cual la ASF sancionó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por un daño patrimonial de 68 millones 800 mil pesos.

En octubre de 2021, en el arranque del gobierno de Salgado Pineda, fue designado en la SEG al ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y ex líder estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, quien pese a que no era muy afín a los Salgado se le mantuvo en el cargo hasta en enero del 2025, en este momento que está metido en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura en 2027.

Ricardo Castillo Peña, un ex priísta y ex líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que en sus inicios políticos fueron con el controvertido empresario, Pioquinto Damián Huato, fue designado en la SEG, que de acuerdo a la ASF, no ha solventado recursos públicos millonarios.

El informe de la ASF señala que en el ejercicio fiscal del 2022, cuando Marcial Rodríguez era el titular de la SEG, se detectó que en los gastos del FONE, hubo una lista de “aviadores”, para decirle técnicamente, hubo pagos indebidos a personal sin acreditación documental e incluso a fallecidos.

En el transcurso de la semana pasada un grupo de docentes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opositores al grupo del líder de esta organización, Silvano Palacios, dieron a conocer documentación oficial que desde septiembre de 2022, la SEG no ha pagado 184 millones 665 mil 671 pesos a una aseguradora, lo que ha provocado que los deudos de 636 docentes y pensionados fallecidos siguen sin recibir el pago del seguro de vida.

“El dirigente del SNTE (Silvano Palacios) no ha denunciado esta grave irregularidad porque es lacayo de la gobernadora”, dijo Álvaro Palma García, uno de los dirigentes del Grupo Estatal de Personal de Apoyo de Asistencia de Educación Guerrero.

En el manejo de los recursos del FONE hubo deficiencias contables que impiden seguimiento del gasto y generan vulnerabilidad de fraude.

Los informes de la ASF que derivaron en las observaciones al gobierno de Guerrero debe de tenerlos el auditor Peralta Hidalgo sólo ha enfocado sus baterías contra la alcaldesa de Acapulco, quien sigue sin demostrar con documentos oficiales haber comprobado los 898 millones de pesos de recursos del FAIS que ejerció en el 2023. 

La edil en forma poco hábil ha escapado del bulto diciendo que el gobierno de los Salgado a través del auditor Peralta Hidalgo, la quieren “descarrilar” para la candidatura a la gubernatura del 2027.

Y aunque es cierto, también como lo revelan las auditorías de la ASF, la alcaldesa y la gobernadora han demostrado que los recursos públicos no los han utilizado con transparencia y, sobre todo, con honradez.

Chirrionazo

El escándalo que protagonizó el secretario del Bienestar del gobierno estatal, Pablo André Gordillo Oliveros, al gastar casi 2 millones de pesos en su boda de lujo en una hacienda de Morelos, no le pegó al gobierno de Morena. 

Resulta que el domingo 8 de junio, el delegado de los programas federales de Bienestar, Iván Hernández Díaz, se festejó su cumpleaños en un centro social de Chilpancingo, cuyo ágape empezó muy temprano y concluyó hasta la noche. 

Hubo comida, mezcal, cerveza y pastel. Funcionarios y trabajadores de la delegación le festejaron a Hernández Díaz, quien goza de las mieles del poder. 

Por cierto, a la fiesta llegó el líder de Morena, Jacinto González Varona, quien sigue de capa caída luego del intento de “cuartelazo” que le querían dar los Salgado. 

Chinto, acudió con su viejo amigo, para recibir un consuelo. Dicen que ambos recordaron sus andanzas con su líder fallecido, César Núñez Ramos.