Crimen organizado aterroriza poblados

y el gobierno no hace nada

 

El intento por despoblar la Sierra de Guerrero se ha intensificado en los últimos años. 

Intereses políticos, económicos, militares y criminales están detrás de ese intento por quedarse con la inmensa riqueza que hay en toda la región de la Sierra. En esos pueblos, a la vista tienen agua y vastos bosques, pero debajo de la tierra esconden muchos minerales ambicionados por las empresas mineras.

 

Esos intereses colocaron varios brazos armados para concretarlos. Uno de esos es la Familia Michoacana. Esta organización criminal no disimula su intención de arrebatar esas tierras.

 

El 21 de agosto se vivió el último capítulo. A la comunidad Los Bayados, en la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente, llegó un grupo armado a atacarlos. Según el relato de una pobladora, todo el pueblo pasó ocho horas refugiado en sus casas. Desde los cerros les dispararon sin ninguna consideración.

 

Fueron ocho horas de angustia, de incertidumbre, de desolación.

 

Este no es el primer ataque contra Los Bayados. Hace tres años llegó un grupo armado y los atacó igual. Esa vez salió huyendo la mayoría del pueblo, ahora apenas son ocho las familias que resisten en medio de la nada.

 

“Nos han dicho que quieren nuestras tierras, pero acá no hay nada, acá apenas y podemos sobrevivir”, dijo la pobladora.

 

La pobladora no lo dijo explícitamente, pero lo que quieren de su pueblo es el agua, los bosques y, para después, la explotación de esos minerales que están debajo de sus tierras. Los ataques a Los Bayados no pueden considerarse casuales, para nada. La comunidad forma parte de una ruta que comunica a la sierra con la Costa Grande y, al mismo tiempo, con la Tierra Caliente.

 

La ruta hacia la Costa Grande va a dar directo a los aserraderos de Tecpan y Petatlán.

 

La Sierra es, junto a la Montaña, una de las regiones que más ha sido empobrecida. Está integrada por miles de pueblos donde casi no hay nada: ni centros de salud, ni escuelas, ni caminos, ni energía eléctrica, ni agua potable. Hay comunidades que no tienen ningún centímetro de pavimentación. También es una región que ha sido asolada por las operaciones de contrainsurgencia del Ejército desde los años 60 con la guerrilla del profesor Lucio Cabañas Barrientos y a finales de los años 90 y principios de los 2000 con la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

 

Hace más de ocho años perdieron la fuente económica que sostuvo a la región durante muchos años: el cultivo de amapola. El fentanilo (droga sintética de bajo costo) desplazó al opio en Estados Unidos y el precio del kilo de goma pasó de 30,000 a 6,000 pesos. 

Este cultivo dejó de ser rentable para los pobladores, pero también para las organizaciones criminales que les compraban sus cosechas. Todos buscan sustituir lo que obtenían con los cultivos de amapola. Cada quien lo hace a su forma. Algunos ejidos han conseguido permisos oficiales para el aprovechamiento forestal sustentable. Los criminales también buscaron en los bosques, en las maderas finas, sustituir sus ganancias, pero optaron por la clandestinidad, por la violencia.

 

Los casos de ataques a pueblos de la sierra no son extraños; al contrario, son recurrentes. Hace unas semanas nos enteramos de que un grupo de la Familia Michoacana atacó desde los cerros y con drones a la comunidad de El Pescado, ubicada en el ejido de Guajes de Ayala en la sierra de Coyuca de Catalán, también en la Tierra Caliente.

 

Fue casi un día de balazos incesantes. Fue el terror sin pausa, sin tregua. Otra vez se repitió la escena: mujeres, niños, niñas y ancianos refugiados en sus casas, en las escuelas, en los centros de salud de la furia de las balas. Otra vez: pueblos viviendo horas de angustia, de incertidumbre, de desolación.

 

Hace unos días, los pobladores de El Pescado descubrieron un campamento donde la Familia Michoacana organizaba los ataques. Había decenas de bombas artesanales, trincheras, químicos, equipo táctico.

 

Javier Hernández Peñaloza, secretario técnico del ejido de Guajes de Ayala, lo ha dicho claro: la Familia Michoacana quiere sus bosques, su madera. Los quiere desterrar para quedarse con sus recursos naturales.

 

En diciembre del 2022, a la comunidad de El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, llegaron unos 100 hombres armados; llamaron a los pobladores para que se reunieran en el patio de la primaria Ignacio Zaragoza. Apenas comenzaban a llegar los primeros y asesinaron a siete, incluido un adolescente de 11 años entre ellos.

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los armados llegaron en 10 camionetas pickup, todas rotuladas con las letras FM, en referencia a la Familia Michoacana, con 10 personas en cada una.

 

Esa vez, pobladores de El Durazno también denunciaron que la masacre se debió a que no quisieron ceder a la Familia Michoacana parte de sus huertas de aguacate ni de su bosque.

 

Los Bayados, El Pescado y El Durazno no están tan alejados el uno del otro; conforman una misma zona en toda la amplitud que es la sierra. Estos son apenas tres ejemplos, no son los únicos, hay muchos más. Los ataques no son cosa aislada. Las autoridades conocen el contexto, los riesgos constantes que sufren y también a los atacantes.

 

Hay preguntas que requieren respuestas urgentes:

 

¿Por qué las autoridades no le garantizan la seguridad a esos pueblos?

 

¿Por qué permiten los ataques?

 

¿Hay protección oficial para la Familia Michoacana?

 

¿Qué buscan con estos ataques?

 

¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de todos estos ataques?

 

Está claro que para la explotación del agua, los bosques, las maderas finas y los minerales se requiere de la participación de muchos más intereses que los de la Familia Michoacana. Se requiere de políticos que den protección y que ignoren los ataques y los desplazamientos, que ignoren la tala ilegal y la comercialización de esa madera. Pero también se requiere de empresarios dispuestos a comprar y vender esa madera ilegal.

 

El secretario del ejido de Guajes de Ayala, ha sido contundente: el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda protege a la Familia Michoacana. Hace meses, en una transmisión en sus redes sociales, fue más allá: afirmó que el gobierno del estado tiene un interlocutor con esa organización criminal. Dio nombres y apellidos.

 

“¿Hasta cuándo van a seguir protegiendo a la Familia Michoacana? En 2021, aquí en Guajes de Ayala tuvimos el primer conflicto con esos compas de la Familia Michoacana. Después de casi un año y 11 meses se empezaron pláticas de paz y en la última reunión, en abril del 2022, estuvo Johnny Hurtado, Don Pez, y en esa reunión se ventilaron sus marranadas que tienen tejidas en el estado. Martín Mora se presentó como el enlace entre la Familia Michoacana y el gobierno. ¿Hasta cuándo los van a seguir protegiendo, a esta gente que está acabando con el estado?”.

 

Hernández Peñaloza se refirió a Martín Mora Aguirre, el secretario de Formación Política del Comité Estatal de Morena. Ese político de vieja trayectoria: exdirigente estatal del PRD, exdiputado local, exalcalde de Tlalchapa, un municipio de la Tierra Caliente que su familia ha gobernado desde hace más de 15 años de manera consecutiva. Los Mora-Eguiluz han podido gobernar durante todo ese tiempo sin ningún impedimento pese a que la Familia Michoacana, han impuesto un control férreo en toda la región. También, Mora Aguirre ha sido un viejo aliado de Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora.

 

Mora Aguirre negó la acusación de Hernández Peñaloza. Dijo que sus dichos tenían intenciones políticas para perjudicar las aspiraciones de su esposa, la diputada local, Guadalupe Eguiluz, que busca la candidatura de Morena a la gubernatura. Negó conocer a Hernández Peñaloza y haber participado en esa reunión.

 

Lo cierto es que con la llegada del clan de los Salgado al gobierno de Guerrero, la Familia Michoacana ha intentado expandirse más allá de la Tierra Caliente —región que convirtió en su bastión — sin que nadie se lo impida.

 

En los dos primeros años del gobierno de Salgado Pineda, la Familia Michoacana aumentó sus operaciones y recrudeció su violencia. Un recordatorio breve: el 5 de octubre del 2022, unos 100 hombres tomaron la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, atacaron el ayuntamiento y luego masacraron al alcalde, Conrado Mendoza; a su padre, el dos veces alcalde Juan Mendoza Acosta, y a unas 21 personas más.

 

Tras la masacre, el gobierno federal anunció una persecución contra la Familia Michoacana, pero no dejó de operar.

 

El 7 de diciembre, 80 integrantes de esa organización criminal —según la fiscalía— irrumpieron en el penal de Coyuca de Catalán: desarmaron a los custodios, entraron y se llevaron a un reo que apenas había ingresado.

 

El 10 de diciembre, masacraron a siete en El Durazno.

 

El 12 de diciembre abandonaron el cadáver de Samuel Ávila Marín, alias El Vago, el reo que fue sacado del penal de Coyuca de Catalán.

 

El 25 de diciembre del 2022, la Familia Michoacana privó de su libertad a Alan García Aguilar, Fernando Moreno Villegas y José Alberto Benítez Santos. Dos días después, al reportero Jesús Pintor Alegre.

 

Moreno Villegas, Benítez Santos y Pintor Alegre fueron liberados 15 días después.

 

De la desaparición de Alan García y de los demás se supo hasta el 9 de enero del 2023, cuando la Familia Michoacana subió un video en la página de Facebook Escenario Calentano.

 

“Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video (sic)”, decía el mensaje que acompañó al video donde Moreno Villegas y García Aguilar dicen —o los obligaron a decir— que están asumiendo las “consecuencias” por las publicaciones que hicieron contra esa organización criminal.

 

En ese video, Alan García dice que es el creador de la página Escenario Calentano. Es lo último que se sabe de Alan.

 

En enero del 2023 comenzó la disputa por la región Norte. La violencia se recrudeció en Iguala: asesinatos, ataques, cadáveres abandonados. Muchos de estos crímenes van firmados por la Familia Michoacana.

 

También, la Familia Michoacana apareció en el conflicto en los municipios de Apaxtla y Teloloapan, donde las organizaciones criminales Los Tlacos y La Bandera mantienen una disputa.

 

El 21 de enero de 2023, en Apaxtla, la Policía Estatal detuvo a seis autodefensas de la comunidad de Tlacotepec, vinculados a Los Tlacos, y a otros dos del Movimiento Apaxtlense. Dos días después, policías, soldados de la Guardia Nacional y agentes de la FGE los liberaron en los límites de Guerrero y Michoacán, en la Tierra Caliente. Nunca aparecieron.

 

El grupo de autodefensa de Tlacotepec denunció que los detenidos fueron entregados a la Familia Michoacana.

 

La tarde del 28 de enero, a la comunidad de El Parotal, en Petatlán, arribó un convoy conformado por cinco patrullas comandadas por el director de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía Estatal, el capitán de Marina Jaime Téllez Díaz, quien apenas días atrás había tomado el cargo.

 

Según los pobladores, los policías llegaron y comenzaron a golpear a la gente, se metieron a las casas a robar. Cuando el convoy de la policía salía del pueblo, un grupo de habitantes les hizo el alto y les pidió que se identificaran; todos los policías lo hicieron menos tres hombres vestidos de civiles que iban en las patrullas de la UFE.

 

Se enfrentaron y ahí murió el director de la UFE, otro agente y los tres civiles.

 

Por la noche, los pobladores interrogaron a los 32 agentes de la Policía Estatal que sobrevivieron. El interrogatorio lo difundieron en redes sociales:

 

—¿Con qué grupo venían?

 

—Con la Familia Michoacana —dijeron los agentes.

 

El Parotal forma parte de la sierra que comparte la región de la Costa Grande y la de Tierra Caliente, de esa franja que llega hasta El Durazno y Los Bayados.

 

Los ataques armados a las comunidades tampoco son exclusivos de la región de la Tierra Caliente. En mayo, durante seis días, la organización criminal Los Ardillos atacó pueblos nahuas de Chilapa y luego los desplazó. Los dos casos tienen varias similitudes. Una: los grupos armados buscan despoblar para luego explotar los recursos naturales.

 

Pero hay una similitud en particular: tanto la Familia Michoacana como Los Ardillos, en los territorios donde operan, forman parte de intereses más amplios que los criminales, los cuales incluyen a políticos y empresarios.

 

La Familia Michoacana en la Tierra Caliente cuenta con toda la protección y apoyo de por lo menos ocho de los nueve alcaldes que integran la región, incluida la alcaldesa de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz. Son alcaldes y alcaldesas que han mostrado que se mueven conjuntamente para preservar intereses.

 

En abril del 2023, bloquearon la carretera federal Altamirano-Iguala para denunciar que la FGE había cometido abusos contra la población; luego se supo que en realidad la protesta era porque se habían asegurado unos 30 vehículos, varios de ellos propiedad de los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, presuntos líderes de la Familia Michoacana.

 

En la región Centro, donde predominan Los Ardillos, sucede casi lo mismo: este grupo forma parte de una red donde un grupo de alcaldes y alcaldesas operan de manera conjunta para que prevalezcan sus intereses. Recordemos como en julio del 2023, junto con 10,000 pobladores de comunidades que controla este grupo, tomaron la capital del estado para supuestamente exigir obras públicas.

 

Esa vez, la marcha la encabezaron los alcaldes de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón; de Quechultenango, Cinthia Gil Hernández; de Mochitlán, Gerardo Mosso López, y la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino.

 

En 2023, a Matías Marrón el gobierno federal lo vinculó con Los Ardillos tras la irrupción que hicieron a la capital y donde tomaron el Congreso, el Palacio de Gobierno, vehículos oficiales y retuvieron a 13 personas entre funcionarios y soldados de la Guardia Nacional.

 

A Carballo Chino, pobladores de Chilapa la vinculan directamente con Los Ardillos por ser la cuñada del líder de ese grupo, Celso Ortega Jiménez.

 

¿Es posible que la Familia Michoacana y Los Ardillos intenten desplazar pueblos completos sin el permiso oficial?

 

 

 

 

 

 

En menos de dos meses, Gustavo Alarcón Herrera cumplirá dos años frente al gobierno municipal de Chilpancingo luego de que suplió a Alejandro Arcos Catalán –asesinado y decapitado por la organización criminal Los Ardillos– y es la fecha en que el doctor no da una.

 

El asesinato a mansalva de la conocida médico, activista feminista y dirigenta de MC, Nadia Vehurini Matadama Díaz, el pasado viernes 22 de agosto cimbró a la sociedad capitalina, pero a Alarcón Herrera no le mereció ningún comentario, ni siquiera una condolencia a los familiares.

 

El edil está más preocupado de que el PRI lo postule como candidato en 2027 para reelegirse y, los problemas de inseguridad que prevalece en Chilpancingo le valen una pura y dos con sal.

 

Mientras la ciudadanía de a pie está expuesta a asaltos, secuestros o hasta a un balazo por las calles, Alarcón Herrera se pasea a bordo de su camionetota blanca blindada y escoltado por doce agentes de la Guardia Nacional.

 

Alarcón Herrera finalmente cumplió su sueño de ser alcalde de Chilpancingo para emular a su padre Saúl Alarcón –aquel que cuando fue edil se echó la puntada de que iba a sembrar un millón de arbolitos en santuario forestal de Omiltemi– pero tiene la ciudad convertida en un caos.

 

Nomás falta darse una vuelta al Zócalo que está convertido en un tianguis