El dolor que la ley aún ignora: la historia de Noelia y el reflejo en México. Hace unas semanas, me topé con la historia de Noelia, y desde entonces no he podido sacármela de la cabeza. Internet se inundó de comentarios, artículos y debates, pero detrás de los titulares estaba una vida marcada por un sufrimiento persistente que pocos podrían imaginar.

Noelia, una joven española, cargó desde la adolescencia con abusos que dejaron huellas profundas en su cuerpo y en su mente. Esas cicatrices no desaparecen con el tiempo; se vuelven más pesadas, más difíciles de llevar, y transforman la vida diaria en un recorrido minado de ansiedad, depresión y desesperanza. Sus múltiples intentos de suicidio no eran actos impulsivos ni caprichosos: eran la expresión de un dolor que la sociedad, la medicina y la ley muchas veces ignoran.

Cuando Noelia decidió solicitar eutanasia, lo hizo después de un proceso que exigía claridad, rigor y voluntariedad. Recordemos que España, desde 2021, permite la eutanasia bajo criterios estrictos como dolor físico o psicológico intenso e irreversible, evaluaciones médicas y psicológicas independientes, períodos de reflexión obligatorios y supervisión legal constante. 

Noelia cumplía con todos estos requisitos. La noticia conmocionó a la opinión pública, generó debates sobre moral y religión, y obligó a mirar de frente algo que muchos prefieren evitar: la autonomía frente al dolor extremo no es un lujo, es una necesidad humana que las leyes deben reconocer.

En México, sin embargo, la situación es radicalmente distinta, el Código Penal Federal, en su artículo 166, castiga con penas de hasta seis años de prisión a quienes ayuden a una persona a morir, sin diferenciar entre homicidio doloso y actos de compasión basados en consentimiento informado. En Guerrero, el Código Penal estatal, artículo 142, mantiene la misma criminalización, reforzando un patrón que ignora las necesidades de los pacientes y deja a los médicos sin protección. La Ley General de Salud, aunque contempla el respeto a la vida, no establece protocolos claros para garantizar que el dolor extremo pueda ser atendido de manera ética y legal.

Como abogado, me resulta imposible no ver la contradicción: proclamamos “todos los derechos para todas las personas”, pero en la práctica negamos la autonomía frente al dolor extremo y la libertad de decidir sobre la propia vida.

 

Criminalizamos la compasión y condenamos a quienes sufren a permanecer atrapados en un sistema que no reconoce su sufrimiento, mientras actividades legales como el consumo de alcohol, tabaco o negligencia médica matan miles anualmente sin sanción.

El Estado está fallando en su obligación de proteger derechos fundamentales, dejando que la desesperanza y el dolor decidan por quienes más necesitan protección. Y me pregunto: si “todos los derechos para todos” es más que un lema, ¿por qué el derecho a morir dignamente sigue siendo inaccesible en México?

Sísifo y la metáfora del sufrimiento eterno 

Mientras reflexionaba sobre Noelia, no podía dejar de pensar en Sísifo, aquel rey condenado a empujar eternamente una roca que siempre volvía a caer al pie de la montaña. La imagen es desgarradora, se trata un esfuerzo interminable, sin logro, sin liberación, donde cada empujón es igual al anterior, y el castigo nunca termina.

Veo en Sísifo a de personas que viven con dolor físico, enfermedades incapacitantes o sufrimiento psicológico crónico, atrapadas en un sistema legal que no reconoce su derecho a decidir sobre su propia muerte. La ley mexicana no distingue entre homicidio doloso y compasión; criminaliza la asistencia a la muerte, dejando a quienes sufren en un limbo de silencio y desesperación.

El paralelismo con Sísifo me parece inevitable porque cada día que pasa bajo dolor no reconocido por la ley es un empujón inútil. La metáfora, creo yo, se convierte en un espejo del derecho, donde el dolor existe, donde es tangible y real, pero la ley no reconoce mecanismos que permitan alivio seguro, ético, digno y protegido. 

Los códigos penales, los tabúes sociales y la moral dominante actúan como dioses implacables que condenan a millones a cargar su roca sin esperanza de liberación.

Mientras pienso en esto, me doy cuenta de que este castigo invisible no es solo simbólico, lo observamos en los tribunales, en hospitales, en hogares donde las familias desconocen qué hacer y temen la sanción legal por brindar apoyo a sus seres queridos. El dolor no espera a que la ley se modernice; el sufrimiento sigue siendo una cuestión de urgencia humana que el Estado sigue postergando.

Derecho comparado: lo que otros países nos muestran 

Noelia no es un caso aislado, recuerdo también el caso de Javier Acosta, un colombiano de 36 años, que quedó en silla de ruedas tras un accidente de tránsito, y luego desarrolló cáncer por una infección severa. Tras años de dolor físico intenso y limitaciones irreversibles, Javier solicitó eutanasia.

Su muerte, ocurrida en un hospital de Bogotá en el 2024, se realizó bajo protocolos legales claros, supervisión médica y acompañamiento familiar. Colombia reconoce la eutanasia como un derecho para personas con sufrimiento extremo, físico o psicológico, y garantiza que la decisión sea consciente, libre y protegida legalmente.

Comparar esto con México deja en evidencia un vacío profundo dado que no existen criterios claros para evaluar la intensidad del sufrimiento, ni protocolos de protección para médicos, ni mecanismos que garanticen justicia a las familias.

La SCJN, aunque ha emitido fallos sobre derechos humanos relacionados con la autonomía personal y el aborto, no ha generado criterios universales ni guías para proteger el derecho a morir dignamente.

Y aquí surge mi duda, si yo hiciera la solicitud ante la Secretaría de Salud y luego tuviera que acudir al amparo indirecto, ¿estarían nuestros jueces preparados para asumir la complejidad ética, jurídica y social que esto implica? La respuesta parece ser que no.

Pienso que el vacío legal tendría consecuencias prácticas como médicos criminalizados, familias enfrentando conflictos sobre seguros, herencias y gastos funerarios, pacientes obligados a sufrir en silencio. Además, la desigualdad de acceso es evidente porque quienes tienen recursos podrían viajar o pagar asesoría privada; los más vulnerables quedan condenados a vivir su dolor sin alternativas… “aguantando vara” como dice la “chaviza”.

Estos ejemplos me hacen pensar que la eutanasia no debería limitarse únicamente a enfermedades terminales. Personas con dolor crónico, discapacidades severas o depresión persistente podrían ejercer su derecho a morir dignamente si existieran protocolos claros. Criminalizar la compasión no solo es injusto, es éticamente insostenible y jurídicamente arbitrario.

Más allá del derecho: implicaciones éticas, sociales y económicas 

La discusión sobre la eutanasia toca todos los ámbitos, desde lo legal, pasando por lo médico, lo social y económico. México no solo carece de protocolos seguros y claros; tampoco existe información las implicaciones prácticas, por ejemplo, el cobro de seguros de vida, herencias, deudas, responsabilidades de médicos y familiares, objeción de conciencia. Todo esto permanece en un limbo legal que pone en riesgo a todos los involucrados.

No se me olvida que cuando hablamos de derechos humanos, seguimos privilegiando la moral y la religión sobre la evidencia y los propios derechos, sobre las propias personas. Legisladores y jueces, en muchos casos, no están preparados para debatir sobre autonomía, compasión y protocolos claros. 

En el mundo de la abogacía, en las protestas, existe la frase “todos los derechos para todas las personas”, pero esto, sigue siendo un ideal incumplido. No todos los derechos llegan a todos, y cuando se trata del derecho a decidir sobre la propia muerte, la realidad demuestra que muchos derechos son todavía promesas vacías.

La eutanasia debe pensarse exclusivamente como un derecho médico sino como un derecho humano fundamental, una extensión de la dignidad, autonomía y libertad. Negarla es perpetuar desigualdad, sufrimiento y violencia institucional contra quienes más necesitan protección.

La justicia frente al sufrimiento: un cierre abierto

Después de recorrer la historia de Noelia, reflexionar sobre casos como el de Javier Acosta, repasar la metáfora de Sísifo y analizar los vacíos legales de México, queda una verdad que no admite interpretación: el sufrimiento no va a esperar a que la ley se modernice. 

La criminalización de la compasión y el silencio jurídico no son errores menores, son fallas profundas del Estado en su obligación de proteger derechos fundamentales. Cada día que pasa sin un marco legal claro, cada médico que teme ser procesado y cada paciente que sufre en silencio son una muestra de la injusticia estructural que enfrentamos.

Como abogado, repito, me resulta imposible ignorar la contradicción de gritar “todos los derechos para todas las personas”, porque cuando se trata de autonomía frente al dolor extremo, esa frase parece un mito. 

Criminalizar la asistencia a la muerte, negar protocolos claros, permitir desigualdad de acceso y postergar la regulación es un fracaso sistemático de nuestra justicia. 

No me dejarán mentir, pero históricamente, todos los derechos se han conquistado a fuerza de lucha, sangre polémica y resistencia, y lo vemos en ejemplos como el aborto hasta el reconocimiento de identidades, la adopción homoparental o el acceso a tratamientos médicos críticos. 

Ningún derecho se entrega por decreto moral o religioso; se logra con leyes claras, decisiones valientes y voluntad política.

El caso de Noelia, que resonó tanto en México, nos muestra que tarde o temprano tendremos que enfrentar este debate. No será un tema que se pueda ignorar; muchas y muchos de nosotros, como sociedad, nos cuestionaremos lo mismo: hasta dónde llega la autonomía, qué significa morir con dignidad y cómo debe el Estado responder ante el sufrimiento humano. Pero la realidad es dura: no estamos preparados. 

Los poderes se echarán la bolita entre ellos, con tal de mandar a la congeladora cualquier discusión, cualquier proyecto, dejando que la incertidumbre y la desesperanza determinen la experiencia de quienes sufren.

México tendrá que adoptar una postura, y será un debate que tocará la vida de muchas personas: pacientes, familias, médicos y legisladores. La autonomía y la dignidad no desaparecen por ignorarlas; el dolor no espera. 

La justicia frente al sufrimiento exige claridad, valentía y acción concreta. Mientras tanto, seguimos viviendo en un limbo legal donde el Estado prefiere mirar hacia otro lado, y donde cada decisión tomada por alguien que sufre es una lección que nuestra legislación aún no ha aprendido.