Exigen liberación de siete presuntos implicados en caso Ayotzinapa

Jesús Guerrero
Foto: Óscar Guerrero
Chilpancingo, a 1 de julio de 2026.

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero y familiares de siete personas que una jueza de control las vinculó a proceso por las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala en 2014, realizaron una marcha en las calles de Chilpancingo para exigir su liberación.

Los manifestantes pidieron que sean liberados el director general del Servicio Médico Forense (Semefo), César Manuel Espinoza Suástegui; el médico legista, Julio César Valladares Baranda y el ex secretario de Salud del ayuntamiento de Iguala, Ben Yehuda Martínez Villa, quienes fueron detenidos recientemente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

También están encarcelados por el mismo caso Ayotzinapa, Rodolfo Rueda Sebastían, su esposa Violeta Mazón y sus hijos Rodolfo y Helén Rueda Mazón, quienes fueron detenidos en octubre de 2025 en Iguala.

Esta familia es dueña de dos funerarias de Iguala que prestaban los servicios al Semefo de la Secretaría de Salud del estado.

En una búsqueda que realizaron los padres y madres de los 43 y personal de la Unidad Especial y Litigio del Caso Ayotzinapa fue hallada una bolsa con restos óseos etiquetados en 2024 en la funeraria “El Ángel”, que es propiedad de la familia Rueda.

Las dos mujeres y cinco hombres fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas y uso indebido al ejercicio público.

La marcha convocada por los familiares de los detenidos partió de las oficinas de la Secretaría de Salud, ubicadas en la colonia Burócratas de la capital de Guerrero.

“Si no hay justicia no puede haber paz”, decía una consigna escrita en una pancarta.

Marcela Valladares Baranda, hermana de Julio César Valladares, aseguró que la detención de su hermano y de las otras personas “no está basada en una investigación con pruebas y solo hay inconsistencias”.

Lamentó que la jueza de control haya vinculado a proceso a las personas detenidas pese a que se le prestaron pruebas de su inocencia.

Valladares Baranda informó que desde ayer martes 30 de junio, las siete personas detenidas ya están encerradas en el penal del Altiplano.

“Exigimos que haya justicia y que no se quiera constituir una verdad histórica con la detención de gente inocente”, sostuvo.

Los familiares de los siete detenidos y los trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron un mitin afuera del Palacio de Gobierno.

Marcela Valladares dijo que su hermano, Julio César, tiene 20 años trabajando en el Semefo de Iguala y que desde el 2014 ha sido citado varias veces por las autoridades por el caso Ayotzinapa.

La detención de las siete personas es derivado de la declaración que hizo un testigo protegido del caso Ayotzinapa quien aseguró que en una funeraria se utilizaron hornos crematorios que se usaron para la desaparición de personas y el hallazgo de una bolsa con fragmentos humanos etiquetados en el 2014, año en que ocurrieron los hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, aseguró que hasta el momento no les han informado los resultados de los análisis de los restos óseos hallados de esa bolsa hallados en la funeraria “El Ángel” que es propiedad de la familia Rueda.

El próximo 28 de julio, los padres y madres de los 43 tendrán una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se espera que se les informe sobre esta nueva línea de investigación que va hacia las funerarias.

“Nos han dicho que algunas personas que fueron detenidas estaban escondidas y no entendemos porque se escondían, porque como dice el dicho: ‘si nada debes nada temes’”, dijo Clemente Rodríguez.

Recordó que después de los hechos de Iguala, hubo la versión de que en las instalaciones del 27 Batallón del Ejército en Iguala se habrían llevado a un grupo de normalistas.

“Podría ser que a esos jóvenes que después de ser asesinados se les llevó a una funeraria o a la morgue para ser incinerados o cremados”, aseguró Rodríguez Moreno en entrevista.