La vida no cabe en un
costal: El desplazamiento
forzada por la violencia en Chilapa

Cincuenta y seis años de vida no caben en un costal. Javier y Jacinta lo descubrieron una tarde de mayo, cuando tuvieron que abandonar la casa donde envejecieron juntos. Ahora, mientras comen maíz hervido y tortillas, sentados sobre sillas de plástico en la cancha de la comisaría de Alcozacán, en la Montaña Baja de Guerrero, no asimilan todavía que la violencia los haya convertido en desplazados. A sus pies descansan las pocas pertenencias que lograron rescatar: cobijas, algunos trastes, un par de mudas de ropa y cuatro gallinas que se agitan encerradas dentro de un costal.

La primera vez que estuvieron juntos aquí, en este pequeño poblado escondido a unos 80 kilómetros de Chilpancingo, fue en abril de 1970. En aquel entonces eran dos jóvenes recién casados. No hubo fiesta. Eran demasiado pobres para pagarla, dicen. Comieron mole en una pequeña reunión con algunos familiares para celebrar el inicio de lo que parecía una historia que podía extenderse tan lejos como los cerros que rodean a la comunidad nahua de Alcozacán perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez.

Medio siglo después han vuelto al mismo sitio, pero las circunstancias son otras. Ambos tienen la mirada ausente, como si buscaran entender de qué manera se rescatan décadas de existencia en unos cuantos costales de yute. Sus pérdidas no pueden cargarse sobre la espalda porque pertenecen a otro lugar: el de la memoria.

A unos metros, soldados del Ejército mexicano, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales vigilan la cancha de la comisaría, tomada y convertida ahora en un centro de operaciones desde donde intentan contener la violencia que hace más de una década acecha a la Montaña Baja, pero que se intensificó entre el 6 y el 12 de mayo provocando el desplazamiento de algunas comunidades de la región.

En esta plaza comunitaria acostumbrada a celebraciones y juegos, hay vehículos militares y decenas de hombres armados de distintas corporaciones de seguridad que reafirman con su presencia una premisa contradictoria: la única forma de devolver la paz a estas montañas es a través de las armas. 

Javier tiene setenta y ocho años. Jacinta, cuatro menos. Al contar su historia, el español aparece entre pausas largas y respuestas breves; lo que sienten encuentra  un mejor acomodo en náhuatl, su lengua materna.

Al recordar sus primeros años de matrimonio, hablan de la calma que se respiraba en Chilapa, antes de los conflictos por la disputa de sus territorios.

¨Vivíamos tranquilos”, dice Jacinta. La frase —sencilla— abarca toda una época.

Como muchas familias indígenas de la región, Javier y Jacinta arraigaron sus días alrededor de la tierra. Allí crecieron sus hijos. Allí enterraron a sus madres y padres. Su vivienda cambió con los años: primero fue de adobe y barro; después lograron algunas mejoras levantadas con cosechas, trabajo y tiempo. 

¨Antes quieres ir al monte, quieres ir a donde tú quieras ir¨, recuerda Jacinta, nostálgica de la libertad perdida. ¨Por donde quieras puede uno ir¨, reafirma en su breve español.

La montaña imponía distancias, pero no prohibiciones. Javier cuenta cómo durante años podía bajar a Chilapa —la cabecera municipal a una hora de distancia—, entre rutas de terracería que hoy están cambiando por asfalto. Podía caminar por sus calles, sentarse en el jardín central y regresar a casa al anochecer. Ahora, la sola idea le parece impensable.

“Da miedo”, dice.  La frase reaparece con insistencia en la conversación. Da miedo bajar a Chilapa. Da miedo caminar. Da miedo quedarse. Da miedo irse. Da miedo casi todo.

Los ancianos cuentan que hace algunos años comenzaron a escuchar historias que antes no existían en las conversaciones cotidianas. Personas desaparecidas. Conductores golpeados. Comunidades amenazadas. Trayectos que dejaron de ser seguros. El nombre de Los Ardillos empezó a repetirse en reuniones comunitarias, pláticas familiares y advertencias sobre caminos que era mejor evitar. Con el tiempo, esas historias dejaron de ocurrir en pueblos remotos y empezaron a suceder cada vez más cerca, como si las fronteras que les protegían se estrecharan cada día más.

Los hijos de Javier y Jacinta se marcharon hace años hacia los campos agrícolas de Sinaloa. Él y ella decidieron quedarse para cuidar lo único que tenían: sus animales, el campo y un hogar. Permanecieron donde siempre habían estado porque no imaginaban otra vida posible fuera de aquella comunidad. Creían que pasarían allí el resto de sus días. 

Los ataques comenzaron durante los primeros días de mayo. Durante horas las balaceras se extendieron entre cerros, caminos y comunidades. Familias enteras, como la suya, abandonaron sus viviendas mientras hombres armados, identificados por los habitantes de la región como integrantes del grupo criminal Los Ardillos, avanzaban sobre localidades como Tula, Xicotlán y Acahuetlán.

No hubo tiempo para decidir qué llevar y  qué dejar. Los documentos quedaron dentro de la casa. También la ropa, el dinero, las herramientas, parte de la cosecha y los santos que guardaban en una habitación.

“Todo lo quemaron”, dice Jacinta, pensando más en sus chivos y gallinas que en muebles o paredes. 

¨Tenemos ocho días aquí andando como perros callejeros¨, añade, mientras busca en los ojos de quien la escucha una alguna explicación que no es posible devolver. 

Sobre la posibilidad de volver, Javier responde sin pensarlo demasiado.

—Yo quisiera ir a vivir a mi casa, porque mi casa es mi casa.

Jacinta, en cambio guarda silencio. Luego pronuncia la palabra más repetida. 

—Miedo.Yo ya no voy a regresar.

Javier se aferra a la idea de la casa que dejó atrás. Jacinta entiende que hay pérdidas que hay que asumir si se quiere seguir con vida.

Atrapados en la Montaña

Afuera del centro cultural comunitario de Alcozacán, una veintena de jóvenes armados con fusiles pasa la tarde mirando sus teléfonos celulares.

Algunos revisan videos. Otros, miran sus redes sociales. Sentados en viejos pupitres escolares o recargados contra los muros, deslizan los dedos sobre pantallas, mientras otros “camaradas” vigilan los accesos del pueblo. A través de estos dispositivos se asoman a  lugares donde nunca han estado y a vidas que difícilmente podrán alcanzar.

Dentro del edificio cuelgan retratos de Karl Marx, Emiliano Zapata y otros referentes de la lucha social, sobre todo latinoamericana. En las paredes hay murales, consignas y reflexiones contra el fascismo y sobre la organización comunitaria y la defensa de los pueblos indígenas. Durante años, este espacio ha servido para la formación política de las comunidades que integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). 

En medio de una gran habitación, con fusil y morral al hombro, está Néstor, una de las voces más respetadas de esta policía comunitaria. Es bajo de estatura y usa bigote. Mientras conversa, saca de sus pertenencias algunos documentos, entre los que aparece una tarjeta bancaria.

La conserva como haría cualquier persona. La diferencia es que Néstor no puede usarla.

En Alcozacán no hay bancos, ni cajeros automáticos. No existen supermercados, ni comercios donde sea posible pagar con plástico; apenas unas cuantas tiendas ofrecen productos básicos. 

Cuando necesita efectivo, depende de otras personas. Generalmente, son las mujeres de la comunidad quienes bajan a Chilapa para comprar alimentos, medicamentos o mercancías que no llegan hasta estas montañas. Entonces, les entrega la tarjeta, comparte la clave y espera su regreso. Para Néstor y las personas de su pueblo, conseguir dinero puede tomar días, no solo por las distancias sino por los riesgos en los caminos.

Esta dificultad refleja una de las consecuencias menos visibles del conflicto que atraviesa esta región. La guerra local no sólo ha dejado personas muertas, desaparecidas y desplazadas; también ha reducido la libertad con la que la gente puede moverse por su propio entorno.

Los Ardillos y en aislamiento impuesto por años de violencia

Néstor asegura que hay hombres como él que llevan casi una década sin bajar a Chilapa. La cabecera municipal más grande de la Montaña Baja, reconocida por su mercado índigena con más de quinientos años de antigüedad, se encuentra a 20 kilómetros de distancia. Para muchos habitantes el trayecto ya no se mide en kilómetros, sino en el peligro  que representa entrar a uno de los centros de operaciones más importantes de Los Ardillos.

La historia reciente de Alcozacán, Tula, Xicotlán y otras comunidades vecinas no puede entenderse sin el impacto de esta célula delictiva. El grupo surgió tras la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva y consolidó su presencia en municipios como Quechultenango y Chilapa. Fundada por Celso Ortega Rosas, conocido como “El Ardillo” y posteriormente encabezada por integrantes de su familia, la agrupación fue ampliando su influencia mediante el control de rutas, comunidades y actividades económicas estratégicas.

Habitantes, organizaciones sociales y policías comunitarias comenzaron a denunciar asesinatos, desapariciones, desplazamientos y presiones contra distintos pueblos de la región. En la Montaña, el nombre de Los Ardillos aparecía cada vez con más frecuencia en advertencias sobre caminos que era mejor evitar y relatos sobre personas que no regresaban a casa.

Néstor recuerda esos años como el inicio de una disputa que transformó la relación de los pobladores con su propio entorno. Frente al avance de las células armadas, paralelo al abandono institucional, distintos pueblos indígenas fortalecieron sus formas de organización comunitaria. De esos procesos surgió y se consolidó el CIPOG-EZ, una organización que articula comunidades nahuas en torno a la defensa del territorio y la autonomía.

En las comunidades de la Montaña Baja, la manera de hacer frente a esta situación que se iba agravando, fue organizar  guardias, reforzar sistemas propios de vigilancia y aprender a convivir con una amenaza permanente.

Durante los días posteriores a los ataques de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió públicamente a la situación en la Montaña Baja. En contraste, entre los pobladores se repetía una interrogante: ¿dónde estaba la gobernadora Evelyn Salgado?

La percepción de quienes viven aquí y sufren los estragos de la violencia, es que los operativos de seguridad llegan siempre cuando la crisis ya estalló, mientras los problemas que alimentan el conflicto —la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades— continúan sin resolverse.

La disputa territorial entre grupos criminales y la forma en que la criminalidad ha permeado el tejido social en la región, ha dejado ya una huella profunda. Según registros documentados por el propio CIPOG-EZ, desde 2014 al menos 76 integrantes o simpatizantes de esta policía comunitaria han sido asesinados y otras 25 personas permanecen desaparecidas.

En comunidades pequeñas como éstas, las cifras adquieren otra dimensión. Las personas que ya no están —porque murieron o nunca volvieron— tienen nombres. Son familiares, vecinos, compañeros de trabajo y personas con las que se compartía la milpa, las fiestas patronales o las faenas del campo.

Mientras Néstor habla, afuera del centro cultural los jóvenes continúan observando sus teléfonos. Escuchan corridos tumbados o responden mensajes, mientras esperan el siguiente turno de vigilancia. Los rifles apoyados junto a los pupitres advierten que no se trata de una reunión de amigos o de compañeros de escuela. Son jóvenes que crecieron sabiendo que algún día les tocaría combatir para defender a su comunidad.

La resistencia permitió que comunidades como Alcozacán conservaran cierto grado de autonomía frente a los intentos de control criminal que les acechan desde hace años. Sin embargo, permanecer también ha tenido un costo. Muchos jóvenes crecieron limitando sus desplazamientos y asumiendo responsabilidades de vigilancia a corta edad. Para algunos, la posibilidad de estudiar, emigrar o simplemente conocer otros lugares quedó subordinada a una realidad marcada por la defensa permanente del territorio.

Néstor repite una frase que ha acompañado durante años a los movimientos comunitarios de Guerrero:

—Preferimos morir de pie que morir de rodillas.

Su afirmación sintetiza una convicción política pero también la forma en que se entiende la supervivencia en estas montañas.

Mientras cae la noche sobre Alcozacán, los focos iluminan tenuemente el patio del centro cultural. Los jóvenes continúan vigilando los accesos al pueblo. Detrás de ellos, las montañas desaparecen lentamente bajo la oscuridad. 

Un pueblo fantasma

De lejos parece una bandera blanca; un pedazo de tela que ondea con el viento de la tarde sobre un campo de maizales secos en la comunidad de Tula, parece pedir tregua. Por unos segundos, la escena transmite una extraña sensación de calma en medio de un paisaje de abandono. De cerca, la ilusión se desvanece; es sólo un retazo colocado allí para ahuyentar a las aves.

Debajo de la falsa señal, dispersos entre los surcos, aparecen decenas de casquillos desperdigados. Más adelante, los cuerpos de un burro y dos toros, que quedaron atrapados durante los ataques, se descomponen bajo el sol. El olor a putrefacción se mezcla con el de la tierra caliente y el humo que aún emanan algunas construcciones.

En medio de esa desolación está Juana. Su figura enjuta apenas rompe la inmensidad del campo: un punto azul que avanza entre los maizales. Camina sola, rodeada por ese silencio pesado, casi sepulcral, que se instaló sobre la comunidad desde que comenzó esta nueva ola de violencia. El viento mueve la escasa vegetación seca y hace ondear el retazo de tela a la distancia; fuera de eso, hay pocos indicios de vida en los alrededores.

Detrás de Juana, está el pueblo de Tula o lo que queda de él. Antes de los ataques era una pequeña comunidad rural enclavada en la Montaña Baja de Guerrero, con apenas una veintena de familias. Había una escuela de nivel básico donde estudiaban las niñas y los niños de la localidad, un Centro Integrador de Desarrollo —conocido por los habitantes como el Centro Comunitario del Bienestar— y unas cuantas viviendas dispersas entre los cerros y los cultivos de maíz. No mucho más. 

Hoy, las calles permanecen vacías, las escuelas cerradas y viviendas conservan las huellas del fuego. El Centro Integrador continúa ennegrecido por las llamas. La mayoría de las familias abandonó la comunidad durante los días más intensos de la violencia y quienes regresaron, lo hicieron únicamente para rescatar algunas pertenencias, escoltados por elementos de la Guardia Nacional. Subieron durante unas horas, recogieron ropa, herramientas, documentos o animales y después volvieron a marcharse.

Juana también escapó cuando comenzaron los ataques. Como tantas y tantos de sus vecinos, dejó atrás su casa y buscó refugio lejos del pueblo. Sin embargo, decidió volver. Lo hizo porque aquí están sus gallinas y chivos, animales de los que depende para sostenerse y que forman parte de lo poco que aún le queda, después del desplazamiento forzado.

Mientras avanza lento entre los terrenos, esparce alimento sobre la tierra. Poco a poco las aves comienzan a acercarse y unos cuantos chivos avanzan detrás de ella. La escena posee una serenidad desconcertante, entre tanta destrucción.

A unos metros se encuentra la vivienda de su hermano o lo que queda de ella. Las láminas retorcidas y los restos ennegrecidos apenas permiten reconocer el lugar donde antes se levantaba la casa. El fuego consumió la construcción, el maíz almacenado y los papeles de la familia. Él decidió marcharse y no volver.

Juana no sabe qué ocurrirá en los días, semanas y meses por venir. No sabe si la comunidad logrará recuperar la normalidad, ni cuántas familias regresarán para intentar quedarse. Lo único que tiene claro es que los animales necesitan comer y que, en medio de tantas pérdidas, representan una de las pocas certezas que conserva. 

Bajo el silencio de los campos, Juana —una mujer que cuida la vida en un pueblo del que casi todos se fueron— desafía el abandono.