Las magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero (TJA), Olimpia María Azucena Godínez Viveros y Martha Elena Arce García concluyeron su segundo periodo de manera “improrrogable” y sin ser elegidas para un nuevo periodo continúan en los cargos.

A la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, se le ha notificado en ocho ocasiones de esta irregularidad y sigue sin nombrar a las sustitutas o los sustitutos.

Las resoluciones avaladas por estas magistradas quedarían invalidadas por constituir ilegalmente el pleno de la Sala Superior.

Desde 2023, tres servidores públicos del TJA presentaron en diferentes escritos dirigidos a Salgado Pineda para informarle que los integrantes del Cuerpo Colegiado estaban siendo omisos a la ley orgánica del tribunal, al no informar del fenecimiento de los nombramientos de las dos magistradas, pero la única consecuencia fue su despido como represalia.

La irregularidad de estas impartidoras de justicia es conocida entre los litigantes de Guerrero, incluso, el ex diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García sostiene que son magistradas de facto y exhiben una complicidad entre el tribunal y el poder político local.

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Olimpia María Azucena Godínez Viveros comenzó su primer periodo el 3 de abril de 2012 como magistrada del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por un periodo de seis años, luego de que el Congreso de Guerrero aprobó la propuesta del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2015, el Congreso local aprobó un nuevo nombramiento como magistrada de la Sala Superior por un periodo de seis años para Godínez Viveros a propuesta del gobernador sustutito, Rogelio Ortega Martínez.

Dicho nombramiento feneció el 3 de noviembre de 2021 y a pesar de no haber sido ratificada como magistrada continúa en funciones.

No sólo eso, sin vigencia de su nombramiento, a finales de 2024, el pleno de la Sala Superior dictaminó “el retiro forzoso” a Godínez Viveros por haber cumplido 70 años de edad, resolviendo que tiene derecho al cien por ciento del “haber de retiro” que percibe como magistrada en activo, determinación que se consideraría ilegal.

El 18 de febrero de 2011, Martha Elena Arce García, a propuesta del entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo fue nombrada magistrada por un periodo de seis años, designación que el Congreso del Estado aprobó.

El 25 de abril de 2017, el Congreso local aprobó el nombramiento que el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores renovó a Arce García como magistrada de la Sala Superior, por un segundo periodo de seis años.

El dictamen especifica que se aprobaba “el dictamen evaluatorio 001/2017 y se ratifica para un segundo periodo de seis años improrrogables, contados a partir del 18 de febrero de 2017 al 17 de febrero de 2023”.

A pesar de la fecha límite del segundo nombramiento y cumplir 12 años como magistrada, Arce García continúa ejerciendo el cargo e integrando el pleno de la Sala Superior.

De acuerdo con información más actualizada en octubre de 2024 de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Olimpia María Azucena Godínez Viveros y Martha Elena Arce García siguen cobrando un salario mensual bruto de 137 mil 744 pesos, pero un salario neto de 97 mil 813 pesos y 94 mil 223 pesos, respectivamente.

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Jesús Lira Garduño comenzó a trabajar en el TJA en el año 2000; los dos primeros años fungió como secretario de estudio y cuenta, director de asesores y otros cargos, pero en agosto de 2002 fue nombrado secretario General de Acuerdos.

Como secretario General de Acuerdos era el encargado de dar fe de los actos del pleno de la Sala Superior.

Una de las irregularidades que le tocó observar fue el dictamen de retiro extemporaneo de Godínez Viveros porque tenía que haberse retirado desde el 2021 y no después como se hizo.

“Como secretario general, todos los magistrados que se fueron por retiro voluntario forzoso yo hacía el proyecto de dictamen. Casualmente este no lo hice yo, no pasó por mis manos, me lo entregaron, vi el dictamen, fue cuando me di cuenta que ya lo habían dictaminado porque no hubo sesión, simplemente me pasan el proyecto, me dicen, ´Para firma´. Ya iba firmado por todos (cinco magistrados), faltaba la mía nada más”.

Por este tipo de irregularidades, contó que junto a otros trabajadores han pugnado porque no se nombren magistrados a modo sino con carrera en el tribunal.

En 2021, el ex gobernador, el priísta Héctor Astudillo Flores propusó a Luis Camacho Mancilla, Héctor Flores Piedra y Eva Luz Ramírez Baños como magistrados y magistrada de la Sala Superior del TJA y a Patricia León Manzo, Jorge Alberto Alemán Aponte, Ignacio Javier Murguía, Ramón Navarrete Magdaleno y Tomás Pastor Reynoso como magistrada y magistrados de la Sala Regional del TJA.

“De acuerdo a la ley reformada, los nombraron por siete años con el derecho, si es que no hay objeción, de que el Ejecutivo los nombre otros ocho años más. La intención del Ejecutivo que nombró estos últimos es que hagan su futuro porque van a durar 15 años con un salario mensual de casi cien mil pesos”.

En 2023, ya con Morena al gobierno de Guerrero, Lira Garduño, Anselmo Luisa Tolentino y Germán Serrano Medrano empezaron a informar mediante oficios a Salgado Pineda de la conclusión de sus asignaciones como magistradas de Arce García y Godínez Viveros.

Los documentos sellados de recibidos tienen fechas del 3 de febrero, 17 de mayo, 7 de junio, 4 y 24 de agosto de 2023; 16 de enero y 19 de marzo de 2024 y 28 de enero de 2025, entregados y firmados por estos trabajadores y sellados de recibidos por la Secretaría Particular de la Gubernatura.

Lira Garduño asegura que fueron insistentes con el ex secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, así como con la ahora encargada de despacho, Anacleta López Vega, para que le informaran a la gobernadora.

“Si acaso hubo respuesta una o dos veces donde nos decían que se tenía por recibido el escrito y que ‘en su momento vamos a verlo´, nada más. Pero eso no nos da ninguna garantía de que la gobernadora tuviera conocimiento”.

De acuerdo con Lira Garduño, en abril de 2024, López Vega visitó al presidente del TJA, Luis Camacho Mancilla.

Un mes después, Camacho Mancilla le pide a Lira Garduño que se presente en su oficina.

“Me dice: ’oiga, yo tengo conocimiento de que usted está presentando escritos a la gobernadora faltándole al respeto a las magistradas (Godínez Viveros y Arce García) porque dice que ya no son magistradas, ¿es cierto?´ Le digo, sí es cierto. Pero, ´¿por qué lo está haciendo?´, me dijo, le respondí porque es una verdad”.

“Me dice: ‘no, mire, lo que pasa es que con el cargo que usted tiene debe ser congruente con el tribunal.” Le dije, mire presidente, tengo 24 años en el tribunal y usted tiene tres. Usted no conoce lo que es el tribunal. Eso que me está preguntando, sí lo hemos hecho con los compañeros y lo vamos a seguir haciendo”.

Lira Garduño narra que Camacho Mancilla le exigió molesto que dejara de promover los cambios de las magistradas con la gobernadora.

Los primeros días de junio de 2024, Camacho Mancilla volvió a llamar a Lira Garduño a su oficina. Con copia en su escritorio de todos los documentos enviados a la gobernadora, el presidente de la Sala Superior del TJS le insistió a Lira Garduño detener lo que estaban haciendo.

El 13 de junio durante la sesión de pleno y desahogado el orden del día en los asuntos generales, Camacho Mancilla leyó el oficio con el cual despidió al secretario General de Acuerdos.

“Acaba de leer el documento y él les dice a las magistradas y magistrados que estaban en el pleno. ‘Ya escucharon mi punto de vista, mi asunto general, secretario tome la votación´. Y ya yo les dije, a ver, magistrados integrantes del pleno, la lectura del documento dice que por pérdida de confianza el secretario general queda despedido. Los que estén de acuerdo con eso, voten. Y los cinco de manera unánime votaron. Yo les dije, ‘bueno, magistrado presidente, el despido del secretario general es por unanimidad. No tengo nada que hacer aquí, me retiro. Levanté mis cosas y me salí”.

A sus compañeros Anselmo Luisa Tolentino y Germán Serrano Medrano ese mismo día también les notificaron que por pérdida de confianza estaban despedidos.

Lira Garduño sostiene que su despido fue injustificado sin fundamentación y motivación y el argumento más fuerte por Camacho Mancilla fue por haber informado a Salgado Pineda del fenecimiento de los nombramientos de las magistradas.

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Germán Serrano Medrano, en el momento en que fue despedido fungía como secretario de estudio y cuenta, tenía una carrera de 30 años en el tribunal.

Asegura que nunca dio lugar en el ejercicio de la función a alguna sanción por mal comportamiento y que su despido fue una represalia de Camacho Mancilla a nombre de las magistradas Godínez Viveros y Arce García, porque eran ellas a las que denunciaron acerca de que su nombramiento había concluido.

“Yo en lo particular junto con otras compañeras en 2023 denunciamos irregularidades en el manejo de la nómina. Por ejemplo se asignan salarios a trabajadores del tribunal sin respetar el tabulador para beneficiar a ciertas personas”.

Serrano Medrano como secretario de estudio y cuenta ganaba 29 mil 174 pesos mensuales, mientras otro compañero, Román Cruz Estrada, con el mismo empleo cobraba 34 mil 174 pesos, esto fue confirmado en la página de la PNT.

“La exigencia es que tomen cartas en el asunto porque el tribunal es un órgano encargado de impartir justicia, es importante para la sociedad, pero desafortunadamente con las prácticas que se han venido teniendo con los gobiernos anteriores, se ha dicho de la cuarta transformación, pero actualmente se siguen tolerando prácticas irregulares”, reprochó el ex trabajador.

Para el ex diputado local y secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, es un escándalo que dos magistradas del TJA no tengan vigencia, porque sus resoluciones ya son nulas.

“Es un tribunal que debiera frenar los abusos del poder público, del poder político, de la administración, pero en los hechos está confabulado con el propio poder y nunca va a frenar eso. Con esa condescendencia con magistrados que ya están fuera de su periodo exhiben una complicidad con el poder y entonces los ciudadanos que se duelen en ningún momento van a encontrar justicia, porque ya no son magistrados formales, legales, sino de facto”, sostiene.

Cayetano García dice que es “vergonzoso” para quienes ostentan esas responsabilidades al no tener la dignidad, honradez y honestidad para reconocer que su nombramiento ya no tienen vigencia.

“¿De dónde viene esa condición, esa circunstancia de aferrarse a tener un cargo cuando ya no se tiene? El mal ejemplo viene del viejo régimen, o sea, esto ya es sistemático, no hay estado de derecho en Guerrero, en Guerrero hay un estado de chueco. Y todo esto que estamos viendo y padeciendo es más de lo mismo, tanto del viejo régimen como en el actual”.

El ex diputado federal lamentó que en la entidad “de nada sirvió votar por Morena” porque sostiene que en Guerrero “hay un gravísimo retroceso y lo peor es que ni los legisladores ni siquiera el partido es capaz de hacerlo notar, de pedir una rectificación”.

De acuerdo con Cayetano García, el TJA a diferencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y del Tribunal Electoral del Estado no se contempla en la reforma al Poder Judicial federal con la cual este año se votará en las urnas para elegir a jueces, ministros y magistrados, aún faltaría una reforma en materia de elección de tribunales administrativos, agrarios, así como los tribunales laborales y fiscalías.

“Lo que nosotros queremos es que también se elija esos tribunales administrativos, agrarios, laborales y fiscales. Todo eso se tiene que elegir en las urnas”, expuso.

El fundador de Morena en Guerrero reconoció que “todavía hace falta muchísimo para alcanzar un auténtico sistema de justicia en nuestro país”.

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Lira Garduño confiesa que acudieron en abril de 2023 con el senador de la República y padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, para informarle del caso del TJA.

“Lo interceptábamos en la calle, le contamos, nos dijo ‘ah es el caso Olimpia, sí ya lo conozco. De la otra (magistrada) no me acuerdo su nombre, pero ya lo sabía. Nos firmó el escrito que nos recibió y le dejamos una copia. Se la entregó a su secretario particular y le dijo: ‘Esto agrégalo a la carpeta del caso Olimpia´. O sea, el senador sabe perfectamente cuál es la situación ahí en el tribunal”, manifestó el ex secretario General de Acuerdos.

Tras el despido de los tres trabajadores del TJA algunos de sus compañeros mediante un escrito internaron recabar firmas para pedir su reinstalación, pero los magistrados los amenazaron.

En agosto de 2024, los tres trabajadores demandaron a los cinco magistrados y magistradas de la Sala Superior del TJA ante el Tribunal Laboral y están en proceso de la segunda audiencia programada del 4 de abril de este año, exgien su reinstalación o liquidación.

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La omisión de la gobernadora y de los integrantes del TJA tiene consecuencias. Las resoluciones firmadas por las magistradas Godínez Viveros y Arce García carecerían de validez.

Bernardino Santiago Flores, un ex trabajador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Juan R. Escudero se ha amparado por una resolución firmada por las dos magistradas “de facto” en la que favoreció al gobierno municipal, luego de que reclama un despido injustificado ocurrido en 2009.

El ex trabajador reclama ahora un millón 200 mil pesos como compensación.

Santiago Flores se amparó porque reclama que el TJA no analizó la documentación que le presentó el ayuntamiento de Juan R. Escudero para corroborar que está gestionando dicho dinero ante el Congreso del Estado y el gobierno estatal para pagarle.

EL TJA además, no multó al gobierno municipal y le extendió un plazo de 15 días para comprobar dicha gestión cuando sólo puede dar tres días por ley.

El tercer argumento del amparo de Santiago Flores es el porqué dos ex magistradas están firmando una resolución de la cual ya no están facultadas para hacerlo.