Narcotalamontes arrasan los bosques en la sierra de Guerrero

El ruido dentado de una motosierra rasga el silencio de la selva cafetalera. El sol es un espectro que se trasluce tibio entre azulillos, olmos y guarumbos, donde una bandada de urracas grazna dando brincos entre las ramas, alterada por el estruendo ajeno del motor. Es mediodía y el aire es fresco y rebosante. El camino de tierra roja sigue un rastro de agujas de pino y bellotas de encino en cuya orilla algunos aún resisten. El rumor de un arroyo cercano lo acompaña. La carretera interestatal Atoyac-El Paraíso ha quedado muy atrás.

Desde esta ruta se puede llegar a cuatro pueblos o caseríos lejanos del ejido de San Vicente de Benítez, en plena sierra del municipio de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero: San Vicente de Jesús, La Estancia, La Soledad, o El Estudio. Es una vía que se abre en sus estribaciones hacia bosques de niebla, donde los ocotes y los encinos abundan y son la codicia de los saqueadores de madera. Los pobladores de acá así le llaman a los pinos: ocotes. Ambos son árboles longevos y aromáticos que pueden llegar a medir 40 metros de altura y alcanzar tres metros de grosor.

Los camiones troceros que pasan furtivos, de noche y hasta muy de mañana por la cabecera de Atoyac, van dejando tras de sí su peculiar olor a resina. Cruzan repletos, con 20 o 26 metros cúbicos de madera en rollo. Es una caravana silenciosa e impune. No por el freno de motor que se oye a lo lejos, sino por el silencio que se prefiere guardar ante el saqueo. No es para menos. Son los criminales de la región, “los de San Luis”, dicen acá, en referencia a un grupo criminal llamado Los Granados, los que lo están haciendo.

—Esos canijos llegaron a mi casa —dice Juan, un hombre de mediana edad de uno de estos pueblos, en alusión a los criminales— y me dijeron: ‘venimos a decirle que tiramos sus pinos allá arriba. Vaya para que los cuente. Se los vamos a pagar’.

Por “allá arriba” se refiere a La Peineta, así le llaman a la montaña de niebla que está entre todos estos caseríos. Se mira a lo lejos, a más de 2 mil metros de altura. Aún es de un verde espeso con algunos claros rojos de la tierra que va quedando descubierta por la tala.

—¿Cuántos árboles le tiraron? —se le pregunta en el corredor de su casa donde las gallinas cloquean y un gallo canta, insistente y agudo. Su mujer escucha, callada, desde el fogón de la cocina.

—Unos 60 —dice—. Bajaron tres troceros con mis ocotes. Por allá mira, por aquel claro —dice y señala—. Pasan a lo lejos. Uno nomás los oye ya al atardecer.

—¿Cuánto le pagaron?

—La primera vez que vinieron me dijeron que me pagarían a 550 pesos el metro. Subí, conté los que habían tirado y me bajé. Aquél era un despedazadero. Una lástima. A la semana regresaron y el mismo canijo vino y me dijo: ‘venimos a cerrar el trato. Ya no le vamos pagar 550, le vamos a pagar a 500 pesos el metro’. Se metió hasta acá. Nos sentamos aquí mismo. Venía armado y otros lo esperaban allá afuera. Le dije que ese no había sido el trato. Me dijo que era madera de tercera, que estaba rajada y no sé qué tanto. Le alegué que no, que yo conocía mis árboles, que estaban buenos, que su cortador fue el que no había hecho bien el trabajo. ‘Es eso’, dijo él y tuve que aceptar.

—¿Cuánto le dieron al final?

—Algo así como 25 mil pesos.

Un ecocidio de millones

En Atoyac, la cabecera del municipio, a tres horas y media de donde está el ejido de Juan, el calor agobia. Atoyac es un municipio grande, de los mayores de esta región. En la parte baja pega con la costa y en la parte alta tiene bosques de niebla y selvas. El cultivo del café ha sido por décadas uno de los principales sustentos de los habitantes de la sierra. Allá arriba hace un frío que cala; acá, en la parte costera, el calor aturde.

Don Manuel vive a orillas de la carretera que sube a la sierra de San Vicente de Benítez. Es de noche y toma café con pan en su corredor. Yo lo acompaño con un café y un pan, también. Me invitó para eso, para ver los camiones troceros que bajan sobre las 7:00 de la noche y hasta muy de mañana del siguiente día. Don Manuel conoce el problema.

Es un tema común en Atoyac. En el zócalo, los ancianos cobijados en la sombra exigua de los árboles lo platican. En las fondas los comensales y en el mercadito central las marchantas. Y hasta una alumna de telesecundaria del poblado serrano de El Cucuyachi, Kenya Reyes Castro, lo llevó al parlamento estudiantil 2026, organizado por el Congreso local, donde están los diputados. Es una preocupación cortante entre la población que no puede hacer más que lamentarse. 

En la casa de don Manuel, este día, de noche ya, no hay que esperar mucho para oír el motor de los camiones que bajan cargados de troncos. Un patio de yacas, mangos y zapotes separa su corredor de la calle. Suena música de Los Brillantes de Costa Grande en algún lugar cercano, y ocho troceros cruzan de dos en dos, separados por entre 30 y 40 minutos. Frenan en cada tope. Hay uno justo frente a la casa de don Manuel. De las 8:00 a las 12:00 de la noche se contaron una docena de camiones. Muy de mañana, a eso de las 7:00, otros tres. Muy seguidos unos de otros.

Si en cada camión cabe un promedio de 20 metros cúbicos de madera en rollo, es decir, unos 20 pinos, se tuvieron que cortar alrededor de 300 para cargar estos 15 camiones troceros que bajaron en menos de 24 horas por la ciudad. La ecuación no es tan complicada si se toma en cuenta que un metro cúbico de madera en rollo equivale a un árbol, aunque también depende de su grosor y su altura.

—No bajan todos los días —dice don Manuel que está en su casa las tardes de regreso del trabajo—. Yo he puesto cuidado y veo que bajan tres o cuatro veces por semana.

Tampoco es que sea necesario poner tanta atención. El ruido y el olor a resina los delata. En cualquier caso, si bajan cada tercer día, bajan unas 10 veces por mes. Sólo hay que multiplicar: si la caravana de 15 camiones que pasó la tarde-noche-mañana por la casa de don Manuel se repite en estos intervalos, significa que en un mes se talan unos 3 mil árboles para ser transportados.

—Cortan más en las secas —dice Juan, en el corredor de su casa, donde una perra brava olisquea, en referencia al periodo que no llueve. Los caminos acá se vuelven accidentados, en algunos puntos inaccesibles en temporada de lluvia. Así que los talamontes inician en noviembre-diciembre y paran en junio, aunque ya es julio y los camiones siguen bajando. Unos siete-ocho meses de tala equivale a unos 21 mil árboles tumbados, 21 mil metros cúbicos de madera en rollo.

—Es un ecocidio lo que están haciendo estos canijos allá arriba —dice Arturo García Jiménez, ingeniero agrónomo, en entrevista en su casa de Atoyac, construida entre árboles gigantes y frondosos, y plantas tropicales.

Un ecocidio de miles de pesos, además. El precio de la madera puesta en el aserradero, según datos de la Semarnat, es de 2 mil 400 a 3 mil 500 el metro cúbico a la venta, dependiendo de la calidad. Y si se compra a pie, o sea, en el monte, a entre 800 y mil 500 pesos el metro cúbico. Si la ecuación se hace con el valor mínimo de venta, 2 mil 400 pesos, equivaldría a 50.4 millones de pesos, en una buena temporada de tala.

Un problema de seguridad pública

La Semarnat está en el tercer piso del edificio Vicente Guerrero, en Chilpancingo. Es de los que llaman espacios inteligentes. Escritorios continuos dispuestos los unos con los otros. Algunas computadoras encendidas muestran gráficas de barras o tablas de Excel. Los empleados no están del todo cubiertos y se pueden ver entre sí o ser vistos por los jefes. Hay un pasillo apenas para caminar hacia la oficina del secretario Ángel Almazán Juárez. Hay poco ruido. Parece que el reloj no se detiene sino hasta pasadas las 3:00 de la tarde.

Cuando se le platica de lo que ocurre en la sierra de Atoyac y se le muestran algunas fotos el secretario no lo niega. Acepta que se está talando de forma ilegal y no sólo en Atoyac. Está pasando en donde hay, lo que él llama, “macizos forestales”. Son al menos 100 mil hectáreas que abarcan 15 municipios de la Sierra de Guerrero. Dos por ciento de los 4.3 millones de hectáreas del área forestal total que no sólo es donde hay árboles maderables, sino selvas, bosques medianos y otras áreas arbóreas, dice un documento de la Comisión Nacional Forestal.

Coyuca de Benítez, Atoyac, Técpan, Petatlán, Zihuatanejo, en la Costa Grande. San Miguel Totolapan, Ajuchitlán, Coyuca de Catalán y Zirándaro, en Tierra Caliente. Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Chilpancingo en la región Centro. En todos estos municipios se sabe de tala clandestina, dice el secretario. En Malinaltepec, Metlatónoc e Iliatenco en la Montaña, y en la parte alta de San Luis Acatlán, en la Costa Chica, ocurre en menor medida.

—¿Se tiene un cálculo de cuánta área se está deforestando de esta manera?

—No lo sabemos con precisión porque no sólo es la tala ilegal. También hay tala por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera.

—¿Quiénes están talando de este modo, ustedes lo saben? —se le pregunta—. Es decir, allá en Atoyac los ejidatarios lo tienen bien claro. Ellos señalan a grupos criminales que llegan a comprarles sus árboles bajo amenaza.

—Así es —asienta sin añadir más. Su oficina es amplia. La entrevista se desarrolla en una mesa redonda con cinco sillas donde también está su jefa de prensa, que toma nota. Su escritorio está frente a la puerta de acceso y atrás de este hay un ventanal luminoso con vista a la avenida Juárez de donde su secretaria se asoma de vez en cuando, inquieta.

—¿Tienen algún plan para contrarrestarlo?

—Nosotros como Secretaría coordinamos el Consejo Forestal Estatal. Vamos a tener una reunión y uno de los temas que vamos a tratar es la tala ilegal. Vamos a invitar a la Sedena y a la Guardia Nacional, además tenemos una policía ecológica. Los vamos a capacitar para que puedan identificar la madera ilegal en retenes dispuestos para eso. Como ya te dije, no sólo ocurre en Costa Grande, es un problema que tenemos en todo el estado.

Entonces dice que llevarán a agentes de la Fiscalía General del estado, que retendrá a los camiones troceros, y que se consignará al Ministerio Público a los conductores si no comprueban que la madera procede de un ejido con permiso “de aprovechamiento forestal”. También dice que tendrán que estar presente los inspectores de la Profepa. Todo para “detener en lo posible la tala ilegal”, porque “ya no es clandestina. Lo hacen de manera abierta y a cualquier hora del día”, dice, y desde el escritorio puede que se vea así. Allá arriba, en la sierra, es difícil —cuando no peligroso— subir a las zonas donde se está talando, mucho menos tomar fotografías.

—Y por otro lado están los aserraderos que compran esta madera. En Atoyac se conoce dónde. Diversos activistas señalan una finca llamada Los Coyotes.

—Vamos a verificar en las madererías qué madera es lícita y cuál ilícita, y a proceder en el transcurso de este mes. Tampoco podemos decir fechas ni nada porque sería alertar a los malandros.

El delegado de la Comisión Nacional Forestal, Calos Toledo Manzur, no es tan optimista. Entrevistado en su oficina en Chilpancingo, un espacio reducido con una mesita de madera en el centro, una cafetera encima de la que sólo él beberá, dice: “ese (la tala ilegal) es un tema de seguridad pública”. Los trabajadores que andan por los pasillos, en su mayoría, parecen técnicos. Vestidos de pantalón de faena y chalecos de cazador. Hay pocos y hay poca actividad. El lugar es silencioso. Unos pinos exiguos asoman desde el recibidor que está fuera. Al lado, un desplante de construcción abandonado. Será, cuando se retome, las nuevas oficinas. No se ve que haya mucho qué hacer aquí.