Pobladores de la Sierra afectadas por lluvias denuncian desatención del gobierno de Evelyn

Jesús Guerrero
Chilpancingo 
14 de octubre de 2026.

Autoridades y habitantes de 66 comunidades de la Sierra se presentaron en el destacamento del Ejército que está en la localidad de Las Margaritas para pedir que los apoyen a abrir los caminos de esa zona, los cuales resultaron destrozados por las lluvias del huracán “Simón”, ya que hasta el momento el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no los ha apoyado.

“En vez de cortar las plantas de amapola nos deberían de abrir las carreteras”, les dijeron los pobladores a los militares.

En la protesta participaron habitantes y comisarios de 66 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, quienes irrumpieron pacíficamente en la base militar.

Uno de los comisarios denunció que, luego del huracán Simón, hablaron con el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales del gobierno de Salgado Pineda, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les pidió “paciencia”, ya que les aseguró que se les iba a apoyar, pero que no hicieran protestas ni denuncias ante los medios de comunicación.

“Nosotros hemos sido muy pacientes y respetuosos con la gobernadora, pero nuestra paciencia tiene un límite y no podemos esperar más, ya que la gente de la Sierra sigue incomunicada porque los caminos están destrozados por las lluvias”, dijo un comisario.

El destacamento del Ejército en la localidad de Las Margaritas se instaló antes del huracán “Simón” y su prioridad es realizar la destrucción de los plantíos de amapola que están nuevamente sembrando los campesinos ante el retiro de los apoyos sociales como Sembrando Vida y el fertilizante por parte del gobierno federal.

Dijeron que, a pesar de que el kilo de la goma de opio bajó hasta los 6 mil pesos —hasta el 2017 estaba entre 35 y 40 mil pesos—, la gente nuevamente empezó a sembrar amapola.

Uno de los comisarios acusó al exdelegado estatal de los programas sociales del Bienestar, Iván Hernández Díaz, de haberles prometido que los iba a incluir en los programas sociales a cambio de que lo apoyaran para que fuera candidato a la gubernatura.

“Ese amigo (Iván Hernández) nos engañó y nos quitó los programas”.

En la plática que los campesinos y autoridades tuvieron con los mandos del Ejército, les pidieron que los apoyen para abrir los caminos y se repare la carretera Atoyac, El Paraíso-Puerto Gallo.

“Si no nos van a mandar maestros, médicos y despensas, que cuando menos nos reparen los caminos para que podamos viajar, ya que tenemos que vender nuestros productos de consumo básico y trasladar a nuestros enfermos a un hospital porque en la Sierra todos los centros de salud están cerrados”, informó un comisario.

El pasado 19 de septiembre, en la comunidad de La Ola, del municipio de Tecpan de Galeana, más de dos mil pobladores y comisarios de la Sierra —que abarca también los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Coyuca de Catalán— acordaron en una asamblea exigir al gobierno una mesa de trabajo para plantearle sus demandas, como la apertura de escuelas, centros de salud, rehabilitación de caminos y la instalación permanente de varias bases militares para enfrentar la inseguridad.

Ya casi se cumple un mes de esa asamblea y de la petición al gobierno de Salgado Pineda, y hasta el momento los pobladores y autoridades no han recibido ninguna respuesta.

El 24 de septiembre pasado, cinco días después de esa asamblea de los campesinos en la localidad de La Ola, supuestos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana (FM) de El Balcón, del municipio de Ajuchitlán, privaron de su libertad a ocho hombres, entre ellos a un niño de 12 años a quien liberaron el primero de octubre. A través de él, los criminales enviaron un mensaje a las comunidades en el sentido de que la condición para dejar en libertad a los siete restantes es que les den paso libre en su territorio para explotar sus recursos naturales.

El Juzgado Noveno de Distrito amplió un amparo promovido por el sacerdote Filiberto Velázquez, en el que le pide al gobierno que realice la búsqueda de los siete hombres desaparecidos, quienes podrían estar en los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan y zonas colindantes con el Estado de México.