ASF pide a Evelyn informar si IEPC
contrató a empresarios ligados a Taddei

En las elecciones de 2021 en las que Morena ganó la gubernatura, la mayoría en el Congreso y los municipios más importantes, los empresarios de materiales electorales Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas —este último ligado a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala— obtuvieron contratos millonarios por parte del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC).

El expriista Nazarín Vargas Armenta, consejero electoral y cercano al exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, presidía el órgano local.

Tras el escándalo que se desató en el INE y que derivó en la salida de Taddei Zavala del INE por haber otorgado contratos millonarios al empresario José Alfredo Hernández Casillas a cambio de presuntos sobornos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya tiene en la mira al IEPC de Guerrero.

La semana que pasó, la ASF solicitó a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, documentación complementaria para detectar si los recursos ministrados al IEPC fueron asignados a las empresas de elaboración de materiales electorales, Corporativo Zeg, S.A. de C.V., Cajas Graf, S.A. de C.V., SERIPLAST de México, S.A. de C.V., Reconstrucción de Comunicación, Producciones, S.A. de C.V., Comercializadora JVLY, S.A. de C.V.; Formas Finas y Materiales y Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V.

En el oficio número AEEF/1497/2026, con fecha del 28 de octubre de 2026, se establece que la información requerida forma parte de la fiscalización y revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.

La ASF dio un plazo de diez días hábiles a la mandataria estatal, contados a partir del 28 de octubre, para que envíe la información requerida.

De acuerdo con fuentes del IEPC, en las elecciones de 2021, la empresa de elaboración de materiales electorales CAJAS GRAF, propiedad de José Andrés Hernández Rocha —hijo de Raymundo Hernández Casillas—, recibió un contrato millonario del IEPC.

En el informe de egresos de 2021 del IEPC se establece que se ejercieron 81 millones 606 mil 370 pesos para la producción y distribución oportuna de documentación electoral.

De acuerdo con fuentes del IEPC, en las elecciones de 2024 para alcaldes en los 83 municipios y diputados locales para los 28 distritos, ninguna empresa de materiales electorales se les acercó para firmar un contrato, debido a que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado les redujo el presupuesto, sumado a los retrasos en su liberación.

Por la falta de presupuesto, el IEPC recurrió al organismo descentralizado del gobierno federal Talleres Gráficos de México (TGM), que elaboró los materiales electorales aceptando que el pago se realizara posteriormente.

Para 2027, se renovará la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, el gobierno del estado ya advirtió al IEPC que no habrá muchos recursos para la organización de las elecciones.

“No habrá presiones de proveedores de material electoral porque seguramente recurriremos a Talleres Gráficos”, dijo una fuente del IEPC.

El 17 de julio de este año, el IEPC solicitó al Congreso local la asignación de un presupuesto de mil 14 millones de pesos para 2027, cuando se llevarán a cabo las elecciones locales.

En este 2026, el IEPC ejerció un presupuesto de 472 millones 447 mil 831 pesos, mientras que en 2025 ejerció 351 millones 410 mil 140 pesos. Tanto en 2025 como en este 2026 no hubo elecciones.

De acuerdo con el informe de la ASE sobre la revisión de la cuenta pública de 2025 del IEPC, su desempeño financiero fue “aceptable”.

Pero, al igual que en el INE, el organismo electoral de Guerrero también ha enfrentado escándalos por presuntos actos de corrupción de algunos consejeros electorales.

En 2005, tras las elecciones a gobernador —que ganó el perredista Zeferino Torreblanca Galindo—, así como a alcaldes y diputados locales (la primera celebrada en febrero y la segunda en octubre de ese año), el Congreso local inició una investigación sobre supuestos sobornos que el dueño de la empresa Servicios, Asesorías y Materiales Electorales, S.A. (SAMESA), Raymundo Hernández Casillas —hermano de José Alfredo Hernández Casilla—, realizó a un grupo de exconsejeros del anterior Consejo Estatal Electoral (CEE).

A ellos les habría entregado un cheque por tres millones 250 mil pesos para adjudicar a dicha empresa contratos millonarios para la elaboración de papelería electoral.

El exconsejero electoral, Antonio Ortiz Hernández, fue exhibido en un video en agosto de 2005 tratando de “vender” a un empresario en Acapulco un cheque por 3 millones 250 mil pesos, con fecha del 20 de diciembre de 2004, que le habría entregado Raymundo Hernández.

El exconsejero electoral Ortiz Hernández intentaba vender el documento porque supuestamente le había rebotado en una sucursal bancaria.

En su conversación con el empresario, desarrollada en un hotel de Las Brisas en Acapulco, Ortiz Hernández involucró en ese supuesto soborno a sus excompañeros consejeros Ceferino Cruz Lagunas, Antonio Alfonso Neri Celis, Víctor Manuel Trani y Emiliano Cruz Lozano, quien en 2005 fungía como presidente del CEE.

La investigación del supuesto soborno de este grupo de exconsejeros electorales la realizó Ignacio Rendón Alarcón, quien en 2005 fungía como Auditor General del Estado y actualmente es el encargado de despacho de la Dirección de Finanzas del Congreso local, cargo en el que fue colocado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla.

Rendón Alarcón, quien ha sido acusado en escándalos por presuntos actos de corrupción, exoneró en ese entonces —cuando era auditor— a los exconsejeros electorales.

El exconsejero y expresidente del anterior Consejo Estatal Electoral (CEE), Ceferino Cruz Lagunas, quien fue acusado de sobornos, es notario público en el distrito de Mina, en Coyuca de Catalán; nombramiento que le asignó el Congreso local a propuesta del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo en octubre de 2010.

Emiliano Cruz Lozano, otro de los exconsejeros señalados por supuestos sobornos, fungió como magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y fue asesor de la bancada del PRI en el Congreso local.

En septiembre de 2017, la consejera presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes, presentó su renuncia ante el Consejo General del INE “por motivos personales”.

La renuncia de Reyes Reyes se dio luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE abriera en su contra una investigación por nepotismo y altos sueldos.

Retornando al actual escándalo de corrupción en el INE, el nombramiento de un consejero o consejera para el IEPC quedó en suspenso durante la sesión del Consejo General del máximo órgano electoral del país.

En el listado de aspirantes a consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de 16 estados del país, el Consejo General del INE frenó los nombramientos, entre ellos el de Guerrero para designar un nuevo consejero.

Los dos aspirantes a la consejería son Víctor de la Paz Adame, contralor interno del IEPC y allegado a la actual presidenta de este organismo electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, y Brenda Ayala Terrazas quien fue titular del área de Comunicación Social del IEPC durante la administración de Nazarín Vargas Armenta y renunció en 2021.

Sin embargo, el nombramiento de uno de los dos —quien suplirá la vacante dejada por la consejera Azucena Cayetano Solano— quedó en pausa porque se les vincula con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Ayala Terrazas forma parte del grupo político del exgobernador y exaspirante morenista a la gubernatura, Rogelio Ortega Martínez.

Ayala Terrazas es originaria de la comunidad de La Sabana, municipio de Acapulco; fue asesora de la exsecretaria ejecutiva del INE y cercana a Guadalupe Taddei, Claudia Arlett Espino, quien dejó el cargo el 9 de septiembre de 2026.

El escándalo del INE salpica a casi todos los organismos locales del país, Guerrero no se quedó fuera, demostrando que lo que existía era una red de corrupción gigantesca.

¿Cuántos contratos más tuvieron los hermanos Hernández Casillas en Guerrero?

¿Habrá castigo cómo lo marca la ley o nuevamente habrá protegidos en todo el país por este escándalo?

¿Esto merma la credibilidad de las elecciones de 2024 y las que vienen en 2027?

Todos los partidos deben dar explicaciones, pero Morena debe investigar y castigar ejemplarmente a todas y todos los involucrados, no solo buscar deslindarse de Taddei y la banda de empresarios corruptos.

Chirrionazo

En el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025 revela lo que la vox populi ya sabe: una larga, larguísima, lista de irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el gobierno de los Salgado.

Las secretarías de Salud y de Educación, así como el DIF estatal —este último presidido por Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda— son las que más destacan, pero no por su transparencia ni por el buen manejo de los dineros del pueblo.

Por algo el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, es amiguísimo del senador Félix Salgado Macedonio y en la cuenta 2024 se saltó fiscalizar al DIF Guerrero, a la Universidad Autónoma de Guerrero, entre otros organismos.

También por eso, el auditor estatal afirmó que hasta 2027, ya que salgan los Salgado del gobierno, se revisará el escándalo local por los cheques falsos en el Congreso local, el cual toca a uno de los suyos, Jesús Urióstegui García.