El acelerado arribo de Morena al poder, lo convirtió en un partido erosionado y dividido por la disputa por los cargos y candidaturas. En Guerrero esa disputa ya comenzó de forma puntiaguda. A nadie le queda duda que las acusaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por las que recurrió a dos amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no busca transparentar el gasto público sino descarrilar su aspiración por la gubernatura en 2027.

Lo peor de esta disputada interna es que se está utilizando el aparato gubernamental. Después de una profunda campaña de desinformación, el clan de los Salgado, encabezado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio,  logró su cometido: hoy a nadie le interesa si López Rodríguez debe o no comprobar los 898 millones de pesos de un fondo federal.

Si se pregunta en la calle por López Rodríguez, lo más probable es que la mayoría de la población responda con lo que ha sido bombardeada en las redes sociales y medios de comunicación convencionales: la alcaldesa desvió o se robó dinero público.

No es gratuito que ante el impacto del huracán Erick, en redes sociales se mofaran de López Rodríguez convirtiéndola en la “patrona de los desvíos” para que cambiara la trayectoria del meteoro y no impactara en la ciudad como lo hizo Otis en 2023.

En fin, ante la campaña, López Rodríguez recurrió a la SCJN, hace unos días nos enteramos que los ministros Javier Laynez y Yasmín Esquivel, otorgaron una suspensión que la protegerá indefinidamente ante la supuesta investigación de la ASE, encabezada por César París Peralta Hidalgo, empleado de los Salgado, porque según la edil se negó a comprobar los 898 millones de pesos.

¿Pero por qué decimos que estamos ante una campaña de desinformación? Seguramente se preguntará si pretendemos lavarle la cara a López Rodríguez. La respuesta es un certero no. López Rodríguez es una farsa más de Morena, que repite las mismas prácticas que los priístas y perredistas, que es omisa ante los problemas de los acapulqueños, que se comporta desinteresada y cómplice de la violencia que azota a ese municipio y que ha sido incapaz de resolver los problemas profundos de Acapulco, una situación similar a la incapacidad que ha mostrado Salgado Pineda en el gobierno estatal.

Pero el caso de López Rodríguez refleja el control de Salgado Macedonio de los tres poderes de Guerrero: la gubernatura, el Congreso local y en el Tribunal Superior de Justicia. Muestra su juego sucio contra sus posibles contrincantes internos para avasallarlos en las candidaturas en 2027.

Los medios de comunicación han dejado de verificar la información, de tener rigor en sus notas y han sido parte de ese mecanismo mediático que pretende sacar antes de tiempo a López Rodríguez de la competencia electoral interna.

Lo creemos porque de acuerdo con el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2023 auditó a diez municipios de Guerrero de los recursos que utilizaron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM): Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.

La ASF no requirió que Acapulco en 2023 le informara sobre el uso de los 898 millones de pesos que le destinó mediante el FAISM. Es por ello que López Rodríguez solicitó a la SCJN que revise si la ASE tiene la competencia para hacer una auditoría de un dinero de origen federal.

Independiente de que la ASE tenga la competencia, la cual según expertos no la tiene, Peralta Hidalgo debe responder por qué el interés de auditar un recurso federal al ayuntamiento de Acapulco de 2023. ¿Qué información tiene?, ¿Por qué no la revela?

¿Es más, por qué no auditó el recurso de ese año del segundo municipio más importante de Guerrero, Chilpancingo que gobernó también la morenista Norma Otilia Hernández Martínez o de Zihuatanejo, gobernado en ese entonces por el priista, Jorge Sánchez Allec?

Ex funcionarios de diversos municipios consultados sostienen que el dinero del FAISM pertenece al fondo del Ramo 33, dinero que proviene del gobierno federal, es un presupuesto destinado únicamente para obra pública como agua potable, drenaje, clínicas, pavimentaciones, entre otras cosas, y la comprobación de esos 898 millones de pesos las debió cumplir López Rodríguez con auditoría federal y no con la estatal.

Los ex funcionarios aclaran que es imposible desviar 898 millones en un año fiscal, sino que la mayoría de administraciones o funcionarios obtienen dinero mediante “moches” con las empresas que ejecutan la obra pública, logrando así porcentajes de ese dinero de fondo federal pero posibles de comprobar ante las auditorías.

Es más, en el tercer informe de 2023 de la ASF, indica que Ayutla de los Libres le fueron revisados los 215 millones 169 mil pesos que recibió del FAISM y detectó irregularidades por “no administrar los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero cuando debió ser mediante otra, no presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de ejercicio del gasto y los indicadores, no difundió entre su población o información del fondo conforme los lineamientos de información pública y no consiguió el número de proyectos registrados en el formato de destino del gasto del sistema de recursos federales transferidos”.

En conclusión en su informe, dice la ASF, que Chilpancingo “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo de aportaciones ya que no se ajustaron normativa que regula su ejercicio y no cumplieron sus objetivos”.

Pero hay un caso peor, Coyuca de Benítez, gobernado en 2023 por el morenista Ossiel Pacheco Salas, la ASF le pidió aclarar un monto de 8 millones 512 mil 223 pesos debido a que presentó expedientes incompletos de obra pública, no presentó documentación justificativa y comprobatoria de cinco obras que la auditoría “no pudo localizar físicamente”, por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo lo que “generó un probable daño a la hacienda”.

Esperemos que si existe una auditoría, la SCJN determine la haga la ASF y exponga las irregularidades como lo hizo con Chilpancingo y Coyuca de Benítez.

Lo increíble del asunto, es que la campaña contra López Rodríguez no se detendrá hasta que desista de su aspiración por la gubernatura, incluso, pese a la investigación de la SJCN, es la interpretación de lo declaró por uno de los personeros de Salgado Macedonio, Jesús Urióstegui García, quien actualmente es el presidente de la junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.

Hasta el momento Peralta Hidalgo no ha demostrado ninguna auditoría hecha, solo ha sostenido que Abelina se niega a responder un requerimiento de comprobación ante la ASE, pero no ha demostrado cuáles han sido las irregularidades detectadas. Esto hace pensar que ni siquiera existe una auditoría de por medio sino que lo único que interesa es hacer ruido mediático.

El show entre los morenistas debería provocar que los acapulqueños piensen más de dos veces votar por algún candidato de Morena para la alcaldía, López Rodríguez cumplirá su segundo periodo y con el anterior de Adela Román Ocampo suman nueve años gobernados por el partido guinda. ¿Tras este escándalo vale la pena darle otra oportunidad a otro morenista?

Otros de los integrantes del séquito de los Salgado, Joaquín Badillo Escamilla o Yoloczin Domínguez Serna, hambrientos de cargos, podrán realmente ser una alternativa y mejorar lo que López Rodríguez ha hecho, nosotros lo dudamos.

El pasado 24 de junio, en Río de Janeiro, Brasil, 48 organizaciones de 21 países que conforman Latam Chequea emitieron la Declaración de Río, en la que se apela al periodismo de verificación con el fin de “sostener la calidad de las democracias en tiempos de polarización”.

“Verificar información es algo más que corregir errores: es defender el derecho de las personas a decidir con evidencia, no con mentiras”, sentencia esta declaración.

En resumen, LatamChequea exhorta a financiadores, plataformas y gobiernos a defender la verificación, porque argumenta “es el derecho de las personas a estar informadas. Cuando ese derecho se erosiona, lo que está en juego no es solo el periodismo, sino la salud misma de nuestras democracias”.

Lo mencionamos porque en esta guerra mediática los medios de comunicación jugaron un papel fundamental, los Salgado se aprovecharon de la ignorancia del tema entre los reporteros, se ha fabricado una verdad sin ser verificada.

 

Chirrionazo

Este sábado se cumplieron 30 años de impunidad de la masacre en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez.

Mientras activistas buscan revivir el caso para encarcelar a los culpables, principalmente al cacique Rubén Figueroa Alcocer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no expresó ningún mensaje de apoyo, por el contrario el viernes envió un mensaje de apoyo moral por la muerte del hermano del ex gobernador defenestrado Ángel Aguirre Rivero.

Salgado Pineda es una gobernadora que está lejos de la lucha social, de las organizaciones sociales, de los campesinos, de los pobres y los trabajadores. Carece de memoria histórica y por ende, es una gobernante sin conciencia de clase, lejana a la izquierda.

¿Por qué a 30 años no hay justicia para los campesinos de Aguas Blancas? Porque muchos en el camino lucraron con el movimiento, porque el Estado además persiguió, ejecutó extrajudicialmente y encarceló a quienes levantaron la voz. Es el ejemplo de que el sistema de justicia de este país –recientemente reformado– jamás ha volteado a ver a los pobres.