A 30 años de la masacre de los 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, sobrevivientes y activistas pidieron en un foro la reapertura del caso, aunque la mayoría de los ponentes omitieron decir que uno de los principales perpetradores de esta masacre es el ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, como se determinó en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 1996.

Durante el foro Impunidad en las violaciones a los derechos humanos, análisis del caso Aguas Blancas que se realizó en el auditorio en el Centro de Investigación y Posgrados en Estudios Socioterritoriales (Cipes) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), uno de los asistentes que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) deslizó que los que gobiernan en Guerrero “se toman fotografías y las presumen a las redes sociales con esos personajes que son responsables de esos hechos”.

El profesor que intervino en el foro se refería a una fotografía que difundió en el 2023 el senador, Félix Salgado Macedonio, donde junto con su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aparecen sonrientes y abrazados con el ex mandatario estatal, Rubén Figueroa Alcocer, Héctor Vicario Castrejón -el hombre del maletín porque se dedicaba a sobornar con fajos de billetes a periodistas y a líderes sociales-, el ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve y el entonces alcalde de Iguala, David Gama Pérez.

Uno de los que sí le puso nombre y apellido al ex gobernador priísta fue el sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, Antonio Barragán Carrasco, quien a través de un audio que se escuchó en el auditorio acusó a Figueroa Alcocer, al ex presidente Ernesto Zedillo y al jefe de la policía de ser los responsables de la matanza de sus 17 compañeros.

“Esa gente nunca pisa la cárcel. Ellos están libres”, sintetizó Barragán Carrasco, quien desde el 2001 está preso en el penal de Atlachoalaya, en Morelos, con una sentencia de 40 años por los delitos de secuestro y homicidio en agravio de Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo.

En 2001, Antonio y Gilberto Aguirre, otro de los sobrevivientes de la masacre fueron detenidos cuando trabajaban en San Quintín, Baja California, su encarcelamiento y proceso penal forma parte de una trama orquestada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

García Luna, famoso por la trama del caso de la francesa Florence Cassez quien junto con Israel Vallarta fueron acusados de secuestro y que la SCJN determinó que fue un montaje.

El empresario Eduardo Gallo, quien acusó a los dos sobrevivientes del homicidio de su hija Paola, era amigo de García Luna.

Gilberto Aguirre salió libre en el 2023 tras permanecer 22 años en prisión, participó en el foro que se desarrolló en el Cipes, contó que agentes policiacos lo torturaron física y psicológicamente para que firmara una declaración de culpabilidad, pero nunca lo hizo a pesar de que el propio empresario Eduardo Gallo lo amenazó con mandar matar a su familia.

En cambio Antonio Barragán sí se declaró culpable tras ser torturado e incluso frente a él, su suegra fue violada sexualmente por el empresario Eduardo Gallo, reveló durante el foro, Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS.

Pero Barragán Carrasco dijo que a pesar de que ya no tiene un defensor jurídico que le lleve su caso ante los tribunales cree que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo va ayudar para salir de la cárcel y por eso envió un saludo a sus compañeros de lucha, asegurándo que en el 2026 los va acompañar en el vado de Aguas Blancas para conmemorar a los 17 caídos.

Después de que el sobreviviente de la masacre reveló que no tiene abogado que le de acompañamiento a su caso, el ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez se mostró sorprendido de la situación de Barragán Carrasco y se comprometió a que junto con una comitiva iría a visitarlo a la cárcel y que le conseguiría un abogado.

Durante el período (del 2014 al 2015) que Ortega Martínez estuvo al frente del gobierno de Guerrero, nunca se supo que apoyara con abogados al grupo de sobrevivientes de Aguas Blancas que están presos. Ahora sí, diez años después, se mostró solidario, luego de que aspira a una candidatura por la gubernatura en 2027.

La investigadora académica de la UNAM, Evangelina Sánchez Serrano mostró una gráfica de la resolución de la Suprema Corte en abril de 1996, casi un mes después de que Figueroa Alcocer por órdenes de su compadre Ernesto Zedillo lo obligó a pedir licencia al Congreso y negoció para que entrara en su relevo Ángel Aguirre Rivero.

En esa resolución la Corte concluye que son responsables de esa violación (del caso Aguas Blancas) Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, ex secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex procurador General del Estado; Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex director de la policía judicial del estado; Rosendo Arvizu (Armijo) de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex Fiscal Especial y el ex director de Gobernación del Estado, Esteban Mendoza Ramos.

Gustavo Olea, Antonio Alcocer, fallecieron por enfermedad, en tanto, Rodolfo Sotomayor murió en un accidente de motocicleta meses después de haber salido de la cárcel por el caso Aguas Blancas. José Rubén Robles Catalán fue asesinado a balazos supuestamente por integrantes de un grupo guerrillero en julio de 2005 cuando desayunaba en el restaurante “El Mirador”, ubicado cerca de su lujosa casa de La Quebrada, en Acapulco.

Rubén Figueroa se mantiene en las actividades políticas y empresariales y sigue conservando los hilos en el PRI, aún que este partido está en la debacle en el gobierno de los Salgado es intocable.

Adrián Vega Cornejo, después del gobierno de Figueroa, siguió ocupando cargos de bajo perfil en el gobierno. Lo último que se supo de Esteban Mendoza es de que escribió un libro años después de que salió de prisión.

Sánchez Serrano dijo que la Suprema Corte ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que es lo que procedía para responsabilizar penalmente a este grupo de ex funcionarios encabezados por el ex gobernador.

“Sin embargo la Procuraduría nunca hizo nada y hasta la fecha el caso sigue en la impunidad”, manifestó Sánchez Serrano.

La activista y ex aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Diana Itzel Hernández Hernández, dijo que a lo largo de las tres décadas de la matanza de los 17 campesinos de la OCSS, muchos sobrevivientes han sido asesinados y otros encarcelados.

Hernández citó el caso de su padre el ex diputado local y ex líder estatal del PRD, Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, quien junto con su esposa, suegra y su chofer fueron asesinados y después les prendieron fuego en la camioneta en que viajaban en el municipio de Chilapa el 14 de octubre del 2017.

Tras la masacre de Aguas Blancas, Bernardo Ranferi solicitó al Congreso juicio político contra el gobernador Rubén Figueroa Alcocer y eso generó una persecución en su contra y en 1996 se fue a Francia donde vivió cuatro años como exiliado político con su familia.

“Rubén Figueroa le dijo a mi papá que tarde pero yo nunca olvido” , dijo Diana Itzel.

Otro de los participantes en el foro, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) dijo que de 1960 al 2014 se han registrado una serie de masacres contra manifestaciones de protestas civiles perpetradas por el gobierno.

En el recuento de masacres que hizo Rosales Sierra, mencionó las ocurridas en 1960 en Chilpancingo, otra en ese mismo año en Acapulco contra los copreros y la de 1967 en Atoyac de Álvarez cuando Lucio Cabañas opta trasladarse a la Sierra para encabezar un grupo guerrillero.

Después vienen las masacres de Aguas Blancas en 1995, El Charco en 1997 y en el 2011 la matanza contra normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.

“Nosotros como Centro de Derechos Humanos tenemos una cifra de 30 dirigentes sociales que han sido asesinados de 1990 a la fecha y el último fue Marco Antonio Suástegui y ninguno de los casos ha sido esclarecido, se mantienen en la impunidad”, refirió Rosales Sierra.

Durante su intervención, el abogado de Tlachinollan, reclamó que en el foro había ausencia de estudiantes universitarios.

“En la Universidad de Guerrero ya se perdió esa lucha y solidaridad hacia la gente del pueblo que sufre la opresión del gobierno”, refirió el abogado activista.

Rosales Sierra también enderezó críticas a la izquierda partidista en este caso de Morena. Puso como ejemplo el recién aniversario de la masacre de El Charco, del municipio de Ayutla y que perpetró el Ejército el siete de junio de 1997.

“En los eventos que se realizaron en junio pasado por lo de El Charco nadie de la izquierda partidista fue allá donde ocurrieron los hechos y en el Congreso local ningún diputado morenista subió a tribuna para exigir justicia”, reclamó Rosales Sierra.

Mencionó que en Guerrero hay un gobierno extraviado “de perritos felices” y de “frivolidades”.

Rosales Sierra recordó que cuando llegó al poder en el 2018, Andrés Manuel López Obrador tenía la esperanza de cuando menos en su gobierno hubiera una justicia transicional sobre todo cuando le plantearon el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

“Nosotros vimos que las cosas caminaban bien pero cuando la investigación iba contra el Ejército ahí quedo el caso, porque el gobierno ya no quiso seguirle”, refirió Rosales Sierra.

Criticó que con López Obrador y ahora con Sheinbaum Pardo se establecieron pactos con el capital financiero del país y con el Ejército.

“Los del capital financiero y el Ejército son intocables en este gobierno de la Cuarta Transformación”, sostuvo el abogado de Tlachinollan.

Al foro llegó Abel Barrera Hernández quien dijo que con la iniciativa de ley que aprobó la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional se traspase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le da más poder al Ejército Mexicano.

“Nuevamente volvemos a los tiempos oscuros porque ahora al Ejército que ha sido el perpetrador de violaciones a los derechos humanos se le da la facultad para realizar investigaciones”, refirió Barrera Hernández.

El próximo sábado 28 de junio, organizaciones sociales, activistas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas realizaran un protesta en el lugar donde ocurrieron los hechos.