Exigen pueblos de Chilapa libertad para Jesús Plácido y garantías de retorno
Emiliano Tizapa LucenaFoto: Óscar GuerreroChilpancingo8 de septiembre de 2026
Un nuevo escándalo ha estallado en el Congreso de Guerrero debido a una pugna entre dos personajes cercanos al senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Se trata de los diputados locales por Morena Jesús Urióstegui García y Joaquín Badillo Escamilla, el expresidente y el actual líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Las acusaciones entre estos dos políticos han escalado a lo legal: este martes fue filtrada una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, así como por fraude y peculado, por el cobro de 51 cheques en agravio de la también legisladora local, la morenista Guadalupe García Villalva, durante el periodo en el que Urióstegui García estuvo al frente del Poder Legislativo de Guerrero.
La protesta
La mañana del lunes 7 de septiembre, integrantes de la Sección LV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), quienes colaboran en el Congreso local, protestaron en las oficinas de la Jucopo para exigir a Badillo Escamilla que atendiera sus peticiones.
La exigencia fue encabezada por la líder seccional del SUSPEG, María Antonia Avigay Acevedo Sánchez.
Fuentes del Congreso de Guerrero contaron que entre las exigencias están el pago de un bono y la credencialización no solo para los trabajadores de nómina, sino también para los de contrato y honorarios; además, pidieron aumentos salariales. Sin embargo, advirtieron que, de no lograr sus peticiones, protestarían en la entrega de la presea Sentimientos de la Nación, que se celebrará el próximo 13 de septiembre en la Catedral de la Asunción de María, en el zócalo de la capital.
Las fuentes contaron que esta postura de los trabajadores no agradó a Badillo Escamilla, quien responsabilizó a Urióstegui García de enviarlos y hacerle esta presión ahora que está al frente de la Jucopo. También expusieron que, en las últimas semanas, Badillo Escamilla está renovando a los titulares de varias áreas en las que Urióstegui García había dejado a personas de su confianza, lo que ha desatado también una disputa.
La filtración
A mediodía de este martes, el periódico nacional Reforma publicó en su página web una nota titulada “Indaga FGE Guerrero cobro ilegal de 50 cheques en Congreso”, en la que dio a conocer la investigación sobre un presunto esquema de cobro ilegal de cheques y falsificación de firma al interior del Poder Legislativo local.
La nota está basada en la carpeta de investigación número 12020090101208310826 de la FGE, firmada por un agente del Ministerio Público del fuero común, que exige al Legislativo local informar si del 1 de enero al 9 de junio de 2026 se expidieron 51 cheques o más a ocho presuntos trabajadores: Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Avilés Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chávez Medina, Alex Cepeda Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
La investigación es por los señalamientos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, así como fraude y peculado en agravio de Guadalupe García Villalba, diputada morenista.
La FGE exige que el Congreso local informe los antecedentes de los ocho mencionados, si laboraron o actualmente laboran en el Congreso, que señale en qué áreas trabajan, su horario, domicilio actual, números telefónicos y otros medios para localizarlos. También solicita que emita un informe certificado de sus expedientes laborales y que precise información del número de cuenta 00126475493 de la sucursal bancaria BBVA, respecto a quiénes eran o son los responsables en el periodo de enero a septiembre de 2026.
La Fiscalía pide identificar qué persona o personas autorizaron la expedición de 51 cheques bancarios de pago, cuál fue el motivo de su expedición, quiénes fueron las personas físicas que cobraron dichos cheques y si son empleados del Congreso.
Según fuentes del Congreso de Guerrero, Héctor Avilés Cruz es el suplente de Jesús Urióstegui García; Esli Joanan Navarrete Cisneros fungió como secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso local cuando Urióstegui García estuvo al frente de la Jucopo, y el resto de las personas sobre quienes solicita información la Fiscalía estaban al servicio de Navarrete Cisneros.
De acuerdo con la nota de Reforma, existe un pendiente de comprobación por más de 15 millones de pesos correspondientes al primer semestre de este año. Sin embargo, la carpeta de investigación de la FGE no detalla ese dato.
Se buscó la versión vía telefónica de la diputada local, la morenista Guadalupe García Villalba, pero no respondió. En el caso de Badillo Escamilla, ha señalado públicamente que no “solapará a nadie”, resaltando que la relación con su compañero de bancada Urióstegui García está rota.
Tanto Badillo Escamilla como Urióstegui García son dos personajes que buscan en el proceso electoral perfilarse por las alcaldías de Acapulco y Chilpancingo, respectivamente.
Dentro de la fracción de Morena en el Legislativo de Guerrero existen dos corrientes: quienes siguen al padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y quienes se agrupan con el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona; estos últimos se han desmarcado del pleito entre Badillo y Urióstegui.
Fuentes del gobierno del estado también colocan a Urióstegui García cercano a Salgado Macedonio mientras que a Badillo Escamilla al esposo de la gobernadora Salgado Pineda, Rubén Hernández Fuentes.
El conflicto entre los integrantes del grupo de los Salgado se registra a tres días que la gobernadora rinda su quinto informe de labores y, de que en cualquier momento se dé a conocer el nombre de la candidata o candidato a la gubernatura por Morena.
