En Guerrero las organizaciones criminales no se tocan
Arturo de Dios Palma, Jesús Guerrero y Emiliano Tizapa Lucena.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró grupos terroristas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa, al Cártel del Golfo, a la Familia Michoacana; al Cártel del Noroeste y Cárteles Unidos.
De los seis, la Familia Michoacana opera en Guerrero. Lo hace con gran libertad en regiones completas. De hecho, en los últimos cuatro años ha experimentado una expansión por gran parte del territorio guerrerense.
La expansión coincidió con la llegada al gobierno del estado de la morenista, Evelyn Salgado Pineda.
Durante su expansión, la Familia Michoacana ha ido dejando rastro del horror. Recordemos la masacre en San Miguel Totolapan, 22 personas, entre ellos el alcalde, Conrado Mendoza Almeda. Luego otra masacre: siete personas, entre ellos menores de edad en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la sierra de la Tierra Caliente.
En Taxco esta organización criminal impuso el terror. Pero no sólo eso, la Familia Michoacana se ha convertido en la cara visible de intereses políticos y económicos.
En toda la Tierra Caliente impuso una nueva economía. El método: la extorsión. En esa región ningún comercio está fuera de su manto.
La Familia Michoacana tiene el control de la distribución de productos de la canasta básica y sus precios. Una Coca-cola de medio litro puede costar hasta 40 o 50 pesos.
Sin embargo, pese a ese férreo dominio, lo que casi no varía son las familias en el poder, en las alcaldías. Unas son inmóviles como la familia Mora-Eguiluz que ha gobernado en el municipio de Tlalchapa, doce años de forma consecutiva y en estos momentos lo está gobernando.
Tania Mora Eguiluz es la actual alcaldesa quien se reeligió.
Al mismo tiempo la hermana Celeste Mora, es diputada federal y la madre, Guadalupe Eguiluz, es diputada local.
Tania recibió el ayuntamiento de las manos de su padre, Martín Mora. El padre recibió el gobierno de su hija Amalia y a Amalia la alcaldía se la entregó su madre, Guadalupe Eguiluz.
Desde el 2012, a la familia Mora-Eguiluz ningún grupo político le ha podido competir el poder. Su dominio no se ve en peligro ni porque están en un territorio minado por el crimen organizado. La monarquía la iniciaron en el PRD: la madre, una hija y el padre fueron alcaldes electos por el partido del sol azteca. Celeste también fue diputada local por el PRD.
Los Mora-Eguiluz no son las únicas familias que concentran el poder en sus municipios.
En el municipio Cutzamala del Pinzón, la familia Arce-Jaimes ya lleva tres periodos consecutivos.
En 2018, el padre, Timoteo Arce Solís, ganó por el PRI la alcaldía. En 2021 se postuló su esposa Rosita Jaimes y llevó como suplente a su hija, Mayte Arce Jaimes.
La madre gobernó la mitad del periodo y la hija la otra. Este 2024, Mayte Arce se reeligió.
Hace un tiempo, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, planteó que la inacción de las autoridades de Guerrero dejó en manos de las organizaciones criminales parte de la economía y del comercio, no es casual, tiene toda una intención.
“Es un claro indicador funesto de socavamiento de las instituciones, porque parece que de plano ya dejaron en manos de los delincuentes el comercio- […] Es que hay un pacto que uno no imagina, necesitan que estos criminales hagan el trabajo sucio para pagar la renta y al mismo tiempo ir abonando para las campañas electorales”, dice Barrera Hernández.
—¿Se podría hablar de que hay una cadena de extorsión?
—Sí, es una cadena: el extorsionador es extorsionado. Hay un juego sucio porque los beneficios de la extorsión son como la reserva para los procesos electorales. Entonces los políticos necesitan darle cancha libre para que les respondan, para que tengas suficientes recursos para subsidiar a diferentes candidatos. La extorsión para ellos es un negocio más o menos permanente que les sirve de fondo en tiempos electorales.
—¿Permitir la extorsión es el pago de favores electorales?
—Exacto. Pero al mismo tiempo sirve como una vía de refinanciamiento a través de la economía criminal.
Pero volvamos al inicio: ¿Qué implicaciones tiene que la organización criminal la Familia Michoacana haya sido declarada como grupo terrorista? ¿Habrá un combate frontal ahora sí? ¿Se establecerá una persecución salvaje con ellos? ¿En qué consiste esta declaratoria?
David Saucedo, analista en tema de seguridad pública, explica que la declaratoria que hizo Trump es una medida meramente económica. Es decir: habrá una fiscalización más estricta de los dineros que genera esta organización y sus vínculos con empresarios mexicanos y estadounidenses.
Y eso sí, empresas o personas que económicamente sean vinculadas con la Familia Michoacana tendrán consecuencias severas.
Saucedo afirma que los Estados Unidos no enviará tropas a México ni tampoco lanzará drones para combatir a estos grupos. Su combate seguirá siendo un asunto doméstico, serán las autoridades locales quienes deberán perseguirlas.
Sin embargo, justo ahí radica el verdadero problema en México. Las autoridades no combaten a estas organizaciones criminales. ¿Porque no lo hacen? Porque en muchos casos son lo mismo.
En Guerrero esos casos se acentúan. Saucedo explica que las autoridades —desde el gobierno estatal, hasta los ayuntamientos— pactaron con las organizaciones criminales en los procesos electorales para llegar a los cargos.
“La anterior alcaldesa de Chilpancingo (la morenista Norma Otilia Hernández Martínez) y el alcalde (el perredista Alejandro Arcos Catalán) lamentablemente asesinado, decapitado, en algún momento tuvieron algún tipo de contacto con las mafias criminales, esto en función de que éstas tienen una base social de apoyo y pueden movilizarse para actividades electorales o de tipo político, como marchas, bloqueos, manifestaciones”, dice el especialista.
Estos acuerdos, dice Saucedo, impiden que las autoridades combatan a las organizaciones criminales.
“Tenemos gobiernos locales que no pueden combatirse a sí mismos porque ellos también forman parte de esta red político-criminal, entonces esto dificulta mucho el panorama en Guerrero”.
El especialista considera que por el momento el gobierno federal no implementará una operación Enjambre en Guerrero porque eso estaría “erosionando sus bases de sustentación”.
“El propio Morena para obtener el control del estado llegó a acuerdos, los alcaldes, la actual gobernadora llegaron a acuerdos y entendimientos con los grupos criminales, entonces se les dificulta enfrentar a los grupos criminales porque recibieron el respaldo y el apoyo económico de ellos”.
Lo que dice Saucedo se puede materializar con varios ejemplos.
A casi un mes de que Mario Figueroa Mundo dejara la alcaldía de Taxco, la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementaron una operación en la comandancia de la Policía de Taxco, detuvieron a diez agentes, todos acusados de desaparición forzada y homicidio, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez.
El secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, “La Sombra”, huyó y está prófugo.
Durante el gobierno de Figueroa Mundo esa ciudad se convirtió en un lugar imposible, de terror. Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo la Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos enteros para que votaran por el ahora ex alcalde.
Eso tuvo un precio: durante la administración de Figueroa Mundo esta organización criminal endureció su presencia, estaba metida casi en todo: tomaron el control de los productos de la canasta básica, impusieron los precios y su distribución.
Toda la población sufrió la extorsión. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron como nunca. Desaparecieron policías, trabajadores del ayuntamiento e, incluso, reporteros.
Figueroa Mundo es buscado por la fiscalía, hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada.
En Guerrero, ¿qué se debe combatir primero? ¿A las organizaciones criminales o a las autoridades?
Las definiciones básicas de terrorismo indican que son grupos que ejercen la violencia, en muchos casos contra la población civil, con fines políticos e ideológicos, para atentar contra un gobierno o régimen.
Es evidente que en Guerrero eso no aplica. Las organizaciones criminales no intentan atentar ni desafiar a los poderes establecidos, al contrario, están sometidos a ellos.
Pero eso no quiere decir que no ejerzan la violencia con fines políticos. Han sembrado el terror como un control social.
La violencia inclemente que ejercen han establecido zonas de silencio donde la población está doblegada, temerosa y paralizada, incapaz de protestar por cualquier motivo. Son zonas donde tampoco hay prensa que informe.
Las organizaciones criminales están constituidas en el brazo armado del poder político-económico. Donde hay interés de establecer un proyecto económico, como la explotación de recursos naturales, estas organizaciones criminales desplazan pueblos completos. Asesinan a líderes sociales, ambientalistas o periodistas.
El trabajo sucio que ya no puede hacer el Estado a través del Ejército lo hacen estas organizaciones.
En Guerrero estas organizaciones criminales seguirán ejerciendo el terror mientras al poder político y económico le convenga. Mientras eso siga así, a pesar de recibir designaciones medíaticas como el de “terroristas” nadie los tocará.
Chirrionazo.
Resulta que el senador Félix Salgado Macedonio siempre sí está dolido porque su partido intenta bloquearlo internamente para que no sea el candidato a gobernador de Guerrero en 2027. ¿No que no quería ser el gobernador, otros seis años oficialmente?
Ahora resulta que pide que Morena obedezca lo que decida la gente. Salgado Macedonio patalea y hace berrinche, sólo en algo tiene razón, ningún estatuto de un partido está por encima de la Constitución de México.
Las palabras dichas por Salgado Macedonio que intentan explicar su doble moral y falta de ética, es que si Morena lo designa como candidato no es nepotismo, pero que no engañe a la gente, todos sabemos que tiene el respaldo de la chequera del gobierno del estado y el DIF, que lo convierte en un aspirante privilegiado.
Dice que apoya y que no contradice a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero él promovió con el senador Manuel Velásco las modificaciones y votó a favor de aplazar la entrada en vigor el nuevo concepto de “nepotismo electoral” de 2027 a 2030.
Salgado Macedonio dice que no renuncia a Morena ni se va al PT ni al PVEM, eso está en veremos, basta con recordar como le arde y busca desactivar la reforma contra el nepotismo electoral cuando él asegura que ni ha dicho que quiere ser el candidato a gobernador.
¿Es justo que ningún familiar de Evelyn Salgado Pineda sea candidato a la gubernatura en 2027 para evitar perpetuar a los Salgado 12 años con el poder? Usted qué opina.
