En la antigua sede del terrorismo de Estado,
ahora se atenderá a víctimas de desaparición
Arturo de Dios PalmaAtoyac1 de septiembre del 2026
No hay otro lugar que describa de manera más nítida lo que es la desaparición forzada en México: la antigua sede del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Atoyac, Guerrero.
Son las 10 de la mañana del domingo 30 de agosto; las hijas, hijos, hermanas y hermanos de los desaparecidos por el Ejército entre los años 1960 y 1980 colmaron el auditorio del ayuntamiento de Atoyac. No llegaron las madres ni los padres, ni muchas de las esposas. Unos no lo hicieron porque ya les fue imposible: ya murieron. Otros, porque el montón de enfermedades les impide moverse.
El auditorio luce limpio, nuevo e iluminado; al fondo está el presídium. Su pared está cubierta con mármol negro y sobre ella, con letras doradas, está escrito el nombre del lugar: “Lic. Andrés Manuel López Obrador”, el nombre del presidente de la República que le dio todo a manos llenas al Ejército.
López Obrador como presidente que se negó a reunirse con las familias de los más de 130,000 desparecidos que hay en el país e intentó deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El auditorio es un salón que formó parte del antiguo 27 Batallón de Infantería. Este cuartel fue construido expresamente en los años 1970 para convertirse en el centro de operaciones de la contrainsurgencia. Dicho de otra manera: se construyó para tratar de exterminar la guerrilla que encabezó el profesor Lucio Cabañas Barrientos. Fue cerrado después de que el Ejército avasalló todo lo que oliera al líder guerrillero: bombardeó y saqueó pueblos enteros, violó a mujeres, torturó, asesinó y desapareció a cientos de pobladores.
Este cuartel fue el principal centro de concentración de la tortura, ahí se sistematizó la desaparición. Fue la sede del terrorismo de Estado.
Ahora está abierto al público y es ocupado por las oficinas del ayuntamiento; ahí está la presidencia municipal, la sala de cabildo y todas las demás dependencias. Varios de los patios son ocupados como estacionamiento para los camiones recolectores de basura y vehículos que el abandono convirtió en chatarra. Casi en la entrada está instalado un Banco del Bienestar. No ha perdido del todo su vocación: ahí están las comandancias de la Policía Ministerial, de la Policía Estatal y de la Municipal.
Sin embargo, de lo que pasó en ese cuartel poco se sabe con exactitud; sigue siendo un lugar en penumbras, poco sometido al escrutinio.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) ha documentado que el Ejército desapareció a más de 600 personas en ese periodo denominado terrorismo de Estado en Guerrero.
Muchos de esos desaparecidos fueron vistos por última vez con vida precisamente en el 27 Batallón de Infantería.
Este domingo, al auditorio llegaron las familias de los desaparecidos a atestiguar la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Búsqueda de Personas, Atención a Víctimas y Derechos Humanos, la primera en todo Guerrero.
Ahora se atenderá a las familias de los desaparecidos dentro de la antigua sede del terrorismo de Estado.
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Era la mañana del 25 de agosto de 1974; Rosendo Radilla Pacheco viajaba con su hijo menor, Rosendo Radilla Martínez. En un tramo de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las comunidades de Alcholoa y Cacalutla, en Atoyac, en un retén militar ordenaron al chofer del autobús Flecha Roja que se detuviera.
Los militares bajaron a todos los hombres. Esculcaron las maletas y, tras la revisión, le impidieron subir de regreso a Rosendo Radilla y a su hijo.
—¿De qué me acusa? —preguntó Rosendo Radilla al militar que le impidió subir de nuevo al autobús.
—De componer corridos —soltó sin más el soldado.
—¿Y eso es un delito? —reviró Rosendo Radilla.
—No, pero mientras ya te chingaste.
Desde entonces nadie sabe dónde está Rosendo Radilla. Lo último que supieron es que de ese retén fue trasladado al cuartel del 27 Batallón de Infantería.
Este es parte del relato de Rosendo Radilla Martínez, testigo de la detención de su padre por parte de militares.
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Tita Radilla Martínez es la vicepresidenta de la Afadem, organización que ha aglutinado a gran parte de las familias víctimas del terrorismo que desplegó el Estado durante casi dos décadas en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo y Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero.
En el auditorio del ayuntamiento, Tita Radilla es una de las que encabeza el acto. Habla de la necesidad de seguir luchando para que los desaparecidos no queden en el olvido, pero también para que haya verdad y justicia, para que los ausentes, finalmente, vuelvan a sus casas.
Tita Radilla estuvo acompañada por sus hijas y sus nietas, también por uno de sus bisnietos.
“Yo me siento un poco tranquila porque mi bisnieto ya me prometió que cuando yo falte va a seguir buscando a su Tata”, cuenta.
La incansable lucha de Tita Radilla por hallar a su padre, Rosendo Radilla, suma ya 45 años. Ha sido una lucha que ha dado en las calles, en las oficinas gubernamentales y también contra el anquilosado sistema judicial. Busca insistentemente que el Estado reconozca que aterrorizó a toda una región con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamientos forzados internos.
Ha logrado algo: en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia que obligó al Estado a reconocer por primera vez una desaparición forzada, la de su padre.
Hace dos años, logró que el Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato determinara que el caso de la desaparición de su padre formó parte de una estrategia estatal “que implicó diversas violaciones graves a derechos humanos” y que clasificó como terrorismo de Estado.
Ahora, Tita Radilla anuncia que dará otro paso: buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la sentencia del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato y también determine que la represión que desplegó el Ejército durante los años 70 fue parte de una estrategia de terrorismo de Estado.
Esa determinación, dice Tita Radilla, será importante para todas las víctimas, porque podría romper la impunidad y el silencio que han blindado al Ejército durante más de 50 años.
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Este domingo, al antiguo cuartel llegó don Hilario Mesino Acosta, caminando con las dificultades de un hombre de 87 años de edad.
Don Hilario busca a su hermano Alberto, a quien se llevó el Ejército el 18 de julio de 1974 en la comunidad serrana de Agua Fría. Tenía 19 años. Fue a esa comunidad a recibir un apoyo gubernamental y los militares lo detuvieron y se lo llevaron.
Desde entonces su familia no lo volvió a ver. Lo último que supieron de Alberto fue apenas hace un año, cuando se publicó una lista de 186 personas que pudieron haber sido víctimas de los vuelos de la muerte que implementó el Ejército en esos años.
Don Hilario sustituyó en la búsqueda de Alberto a su madre, Juana Acosta Martínez.
“Carlos Montemayor contó la lucha de mi madre en su libro (Guerra en el paraíso)”, dice con orgullo don Hilario.
No es para menos: a doña Juana Acosta se le recuerda como una de las primeras madres que salió a buscar a los hijos desaparecidos en medio de la represión del Ejército. Fue una mujer que dejó de ser partera y campesina para convertirse en buscadora, de las primeras buscadoras de este país.
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“Nosotros no queremos ser una piedra en el zapato para las autoridades, queremos ser una roca”, dice doña María Herrera Magdaleno, una de las madres buscadoras más contundentes del país.
Doña María Herrera participó en todas las actividades que organized la Afadem para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La mañana del domingo está en el presídium en el auditorio del ayuntamiento de Atoyac.
Toma el micrófono y, en cuanto comienza, sus palabras retumban. Dice con firmeza que las familias de los desaparecidos no están pidiendo un favor a las autoridades: les están exigiendo que cumplan con su obligación de buscar a sus familiares.
Les pide sensibilidad, que muestren un poco de voluntad para atender la crisis humanitaria que sufre el país.
“A la gente no le pido que se pongan en nuestros zapatos, les pido que se pongan nuestros corazones, nuestros ojos, que no sean indiferentes”.
En Atoyac comenzó la lucha de doña María Herrera; sí, ahí apenas comenzó. Sus hijos Raúl y Jesús Salvador fueron desaparecidos en Atoyac el 28 de agosto de 2008, junto con cinco hombres más. Todos habían llegado a este municipio para trabajar.
La familia Trujillo Herrera se enfocó en la búsqueda de Raúl y Jesús Salvador. Las búsquedas y las eternas vueltas ante las autoridades mermaron la economía familiar, así que Gustavo y Luis Armando, hijos de doña María Herrera, salieron de Michoacán rumbo a Veracruz a trabajar.
El 21 de septiembre de 2010, Gustavo y Luis Armando fueron desaparecidos en un retén montado por policías municipales y presuntos integrantes de Los Zetas cerca de Poza Rica, Veracruz.
Doña María Herrera no ha parado de buscar a sus cuatro hijos; para todos lados trae colgadas sus fotografías en el cuello. No los ha hallado.
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El 29 de octubre de 1974, a Finca Vieja, Tecpan, llegó un helicóptero del Ejército. Aterrizó cerca de la casa de Francisco Argüello.
De la aeronave se bajó un teniente de apellido Acevedo y otro de nombre Claudio, junto con otros militares. Eran las 10 de la mañana; Francisco Argüello venía de trabajar junto con dos de sus hijos, e iban a almorzar. Su esposa les acababa de servir la comida.
Los militares preguntaron por Francisco Argüello:
—Lo llama el general Acosta Chaparro. Ahorita viene, nada más va a dar una declaración y ahorita lo traemos —dijo el militar.
De inmediato los otros soldados fueron por Francisco Argüello; sus hijos intentaron impedirlo, pero los golpearon. Lo subieron al helicóptero y su familia nunca más lo volvió a ver.
Un sobreviviente contó a la familia que a don Francisco Argüello lo tenían en el 27 Batallón de Infantería y que los militares lo golpearon hasta la muerte por cantar un corrido de la Revolución. De eso no hay certeza, porque lo que ocurrió en ese cuartel sigue siendo un secreto.
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Todavía no se establecía el 30 de agosto como el día para conmemorar la desaparición forzada y este grupo de mujeres ya la padecía. Están en el presídium del auditorio las hijas y nietas de los desaparecidos por el Ejército en los años 70. Todas son continuadoras de la búsqueda de sus padres y abuelos. Sus madres murieron sin hallar a sus padres.
Son nueve mujeres, todas mayores de 60 años. Eran niñas o adolescentes cuando el Ejército se llevó a sus padres. Todas saben qué es la desaparición forzada y la han sufrido en carne propia.
Subieron al presídium a contar sus historias, que forman parte del libro Moviendo montañas. Con amor, fe y esperanza te seguiremos buscando hasta encontrarte, que editó el Centro de Estudios Ecuménicos.
Sus historias son vigentes; no importa que hayan pasado cinco, 20 o 50 años, el dolor todavía les cala.
“El día que se llevaron a mi papá sentí que mi mundo se acababa, siempre andaba pegada a mi papá. A los cuatro días de que se lo llevaron, llegaron unos judiciales y se dirigieron a mí: ‘¿Niña, quién se llevó a tu papá?’. Lo miré fijo y les dije que ellos. Uno de ellos se enojó y me dijo que me iba a llevar a dar mi declaración. Esa vez estaba con mi mamá, mi abuela y mis tías. Agarraron un sartén, escobas y comenzaron a gritar. La gente comenzó a llegar y los judiciales se fueron. Sentí mucho miedo. Cuando se llevaron a mi papá se truncaron todos mis sueños; quería ser doctora, pero mi mamá no pudo darme estudios, andaba desesperada buscando a mi papá y hasta ahora no sabemos dónde está, si está vivo o muerto. Solo Dios sabe dónde está y dónde lo tiraron”, cuenta Joaquina Cabañas Arroyo, hija de Lucio Cabañas Tabares.
“Yo tenía 9 años cuando detuvieron a mi padre en Acapulco. Él era la cabeza de la casa, el sustento, todo. Tuvimos que enfrentarnos a la vida con altas y bajas. Nos convertimos a temprana edad en adultos desafiando lo que el destino nos pusiera. Con el apoyo de mi abuela y mi tía Dominga, la hermana de mi papá, salimos adelante. Mi tía tomó el papel de mi papá, nos trató con mucho amor. Mi mamá se dedicó a buscar a mi papá; se murió sin encontrarlo. Desde que a él se lo llevaron nuestro mundo se derrumbó: vinieron las carencias, las enfermedades, los problemas. Nos desprotegimos. Todo eso vino a ser cicatrices en nuestras vidas, heridas que jamás cerrarán”, cuenta Griselda Reyes Lara, hija de Bernardo Reyes Félix.
“Me hubiera gustado haber crecido con mis dos padres. Mi papá dejó nueve hijos. Mi mamá se dedicó a buscarlo. Mis hermanos mayores se fueron del barrio y nos quedamos los más chicos. Mi mamá se enfermó durante mucho tiempo hasta que murió. Luego una tía siguió buscando a mi papá, pero se murió. Y ahora soy yo la que lo busca. Yo hubiera querido que mi papá hubiera estado siempre conmigo, con mi mamá, con mis hermanos. Pienso que con él no hubiéramos sufrido hambre, tristeza, abandono, pobreza. Él nos daba todo y cuando se lo llevaron nos quedamos sin nada. Hubo días que no teníamos qué comer; en el pueblo nos dieron la espalda, no nos hablaban porque según ellos teníamos problemas”, cuenta Remedios Galindo Batáz, hija de Julio Galindo Romero.
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El 5 de septiembre de 1971, el Ejército tomó por asalto la comunidad de El Quemado, en la sierra de Atoyac, y obligó a todos a reunirse en la cancha. Ahí, a hombres, mujeres, ancianos y adolescentes los metieron a una casa abandonada, conocida como la Casa de doña Juana.
En esa casa comenzó la tortura: los golpearon, los amarraron de manos y pies, les vendaron los ojos, les metieron trapos en la boca.
Ese día, el Ejército detuvo a 93 campesinos y campesinas; los acusó de formar parte de la guerrilla de Lucio Cabañas. Los subieron a helicópteros y los trasladaron al cuartel del 27 Batallón de Infantería. A unos los llevaron a cárceles clandestinas en Acapulco. Siete no resistieron los golpes, los toques de electricidad, los hundimientos en el agua, el casi ahogamiento, los días sin agua ni comida. Murieron. Otros siguen desaparecidos: Gregorio Flores, José Veda Ríos, Aurelio Díaz, Salustio Valdés, Ángel Piza, Mauro García e Ignacio Sánchez; este último murió en la cárcel en plena tortura, pero su cadáver no fue entregado a su familia.
A los pobladores de El Quemado los acusaron de haber emboscado a militares del 50 Batallón de Infantería el 23 de agosto de 1972 en el punto conocido como Arroyo Oscuro. Esa vez murieron 18 soldados.
