Seis hombres vestidos con camisas y pantalones desgastados y descoloridos, huaraches o sandalias cruzadas, con gorras con las leyendas de Cecop y la CRAC-PC cargan el ataúd donde va el cuerpo del líder comunitario de la zona rural de Acapulco, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

El cortejo fúnebre partió la mañana de este domingo en la entrada de la comunidad de Cacahuatepec, ubicada junto al río Papagayo, en una vivienda edificada con adobe y techo de lámina galvanizada y teja, propiedad del señor Juan, tío de Marco Antonio.

En esta misma vivienda, Marco Antonio Suástegui junto con sus compañeros del Cecop realizaban asambleas informativas y de organización en su lucha contra el proyecto neoliberal de la presa La Parota.

Los seis hombres se encorvan al cargar el ataúd. Los restos de Marco Antonio Suástegui Muñoz de 49 años pesan, como su legado de lucha, el coraje y el valor que mantuvo durante los últimos 22 años para oponerse al proyecto de la presa La Parota impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El recorrido del cortejo avanzó hacia la iglesia del pueblo, antes de entrar, cuatro hombres con morral y sombreros se colocaron frente al ataúd empuñando sus machetes ayutlecos, los elevaron al cielo y gritaron estremeciendo Cacahuatepec: “Marco vive, la lucha sigue”.

La consigna fue replicada por las más de 300 personas que acompañaron a Marco Antonio en su último recorrido por su pueblo.

La capilla replicó las campanas varias veces, aunque de la iglesia no salió nadie. Los familiares de Marco Antonio Suástegui; dos hermanas y un hermano, así como sus tres hijos comenzaron a rociar agua bendita al ataúd.

La permanencia en la capilla no duró ni diez minutos e inició el recorrido hacia al panteón.

Policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), periodistas, activistas de derechos humanos, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), vecinos del pueblo de Cacahuatepec y de Agua Caliente, campesinos, pescadores y familiares del líder comunitario se congregaron en el cortejo que avanzó sobre calles y brechas sin pavimentar: Marco Antonio también se despidió del polvo, las piedras, los charcos de agua y de los animales de granja que conforman esta zona rural.

Una banda de viento interpretó la melodía Cruz de Madera, a pesar de ello no impidió que se escucharan otras consignas, un hombre gritó: “Marco vive, fuera la CFE y su presa La Parota, justicia”.

Los cuatro hombres frente al ataúd chocaron ligeramente sus machetes, cuando nuevamente se escuchó otra consigna: “Fue el Estado, justicia para Marco”.

El líder Cecop fue atacado a balazos el viernes 18 de abril en la playa Icacos en el puerto de Acapulco, ocho días después de permanecer hospitalizado Marco Antonio Suástegui no resistió. Su cuerpo arribó a su pueblo natal después de las dos de la tarde del sábado 26 de abril.

Antes de ser sepultado, Marco Antonio cruzó por última vez el río Papagayo para llegar a su pueblo natal, Cacahuatepec y lo hizo como siempre: sobre una panga con un remador.

Antes del sepulcro, con el ataúd frente a la tumba, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que Marco Antonio fue un hombre valiente y con coraje, un defensor del pueblo y del río, que enseño hacer valer la consulta de los pueblos; peleando, desafiando al poder, desenmascarando a los políticos, en la defensa de las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec.

Barrera Hernández demandó justicia y afirmó que el Cecop va continuar con la lucha de la defensa de la tierra y el agua, que con la muerte Marco el Cecop no puede quedar sepultado, lo único que quedará en la tumba, dijo, es el cuerpo, la memoria de Marco, la dignidad de Marco seguirán retumbando.

Marco Antonio Suástegui Muñiz encabezó desde el año 2003, un movimiento de resistencia social contra el proyecto hidroeléctrico La Porta y junto con sus paisanos de más de 30 poblados de los bienes comunales de Cacahuatepec lograron frenarlo.

Durante el sexenio de Rene Juárez Cisneros (PRI, 1999–2005), Marco Antonio conoció también las consecuencias de ser opositor, fue detenido y encarcelado en el penal de Las Cruces acusado de varios delitos que nunca le pudieron comprobar.

Su activismo se arraigó en 2009, cuando participó en la oposición de la construcción de un muelle en la playa Icacos de Acapulco. Fue en ese periodo de Zeferino Torreblanca Galindo (PRD, 2005–2011) cuando la Policía Estatal reprimió en dos ocasiones las movilizaciones del Cecop (en 2006 y 2007), por oponerse a las asambleas que convocó la Procuraduría Agraria para legitimar el proyecto de La Parota.

En 2013, con el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero en el poder (PRI/PRD, 2011–2014), Marco Antonio Suástegui participó activamente para apoyar a las familias damnificadas de los bienes comunales de Cacahuatepec, quienes habían perdido sus hogares y cosechas tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, pero fue encarcelado en 2014 en el penal federal noroeste en Tepic, Nayarit, donde permaneció 15 meses y luego fue liberado ante presiones de organizaciones sociales y por falta de pruebas en su contra.

En enero de 2018, ya con Héctor Astudillo Flores en el cargo (PRI, 2015–2021) de nueva cuenta, Marco fue encarcelado junto a su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, acusados de un múltiple homicidio. En todos los casos Marco Antonio fue declarado inocente de parte de los jueces.

El 5 de agosto de 2021, su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz fue desaparecido y hasta la fecha se desconoce su paradero. Marco Antonio realizó 10 jornadas de búsqueda.

En el actual gobierno dela morenista, Evelyn Salgado Pineda (Morena, 2021–presente), Marco Antonio Suástegui reprochó que no existía ningún documento que acredite la cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota y, de acuerdo a Tlachinollan, el líder del Cecop denunció amenazas en su contra, tanto que mantenían medidas que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).