Impunidad e inacción en Guerrero: la farsa operación de seguridad

Esta semana, el gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado y varios ayuntamientos evidenciaron la pasividad para combatir realmente a la delincuencia organizada. Esto ocurrió luego de que 71 presuntos falsos policías municipales y agentes de tránsito fueran detenidos por no acreditar serlo y, pocas horas después, fueron liberados. A esto se suma la detención por el delito de extorsión del director de Movilidad y Tránsito de Tlapa, uno de los colaboradores más cercanos del alcalde. Aunado a este caso, dos días después, otro agente de la Guardia Nacional fue exhibido en un video donde declaró presuntos nexos de sus mandos con una organización criminal para combatir a otra; posteriormente, el agente fue hallado desmembrado junto a otros tres hombres.

El registro de estos hechos en nuestro estado abre varias interrogantes:

¿Cómo es posible que los gobiernos locales no tengan la claridad para demostrar quiénes son sus policías y agentes de tránsito?

¿Por qué los alcaldes no intervienen ante la ola de denuncias ciudadanas por las quejas de extorsión en que se han convertido las dependencias de Tránsito y Seguridad Pública?

¿Por qué el gobierno del estado no hace nada y siempre espera que la Federación ejecute ese tipo de operativos y, además, le enmiende la ineptitud a las autoridades locales?

¿Quién realmente está al mando de la seguridad en los municipios, el estado y el país?

El 3 de septiembre, en una operación simultánea en los municipios de Tlapa, Chilapa y Atlixtac se realizó con demasiada discreción. Fue hasta la noche cuando, mediante un comunicado escueto, la Fiscalía de Guerrero informó sobre la detención de 71 policías y agentes de tránsito que no pudieron acreditar serlo a pesar de estar en funciones, así como del arresto de Simitrio Álvarez Benito, director de Movilidad y Transporte municipal de Tlapa.

Álvarez Benito, quien fue detenido por el delito de extorsión agravada, tiene un historial como líder transportista y por participar, junto con compañeros de su gremio, en el desalojo de activistas opositores al PRI.

Es, además, cercano al alcalde de Tlapa, el priista Gilberto Solano Arriaga. Álvarez Benito y sus agentes de tránsito son acusados de cometer abusos contra los automovilistas al imponer multas excesivas por las infracciones.

“No eran multas, era una extorsión lo que hacían los agentes bajo las órdenes de este señor”, dijo el dirigente estatal de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Dorantes, al referirse a Álvarez Benito.

Segueda Dorantes recordó que, en una ocasión, un compañero de su organización de la localidad de Xalpatláhuac estacionó su taxi en un lugar prohibido en una calle de Tlapa y en la Dirección de Movilidad y Transporte le cobraron una multa de 17 mil pesos.

El 18 de febrero de este año, el líder de un sitio de taxis, Juan Manuel Gómez, junto con varios de sus compañeros, impidió que agentes de tránsito se llevaran un taxi en una grúa.

Durante la protesta, los transportistas acusaron a los agentes de realizar cobros ilegales en las multas y de no entregar los comprobantes de pago.

El 21 de febrero, Juan Manuel Gómez fue hallado muerto de varios balazos cerca del río Atlamajac, en la entrada de Tlapa, tres días después de haber encabezado la protesta.

Gómez dirigía el sitio de taxis Unión de Transportistas de la Montaña y Domésticos (UTMD), antagónica a la organización de transportistas “Juárez”, la cual es la más grande en número de agremiados y era liderada hasta 2025 por Álvarez Benito.

El 5 de junio de 2015, la agrupación de transportistas “Juárez” —que dirigían Álvarez Benito y Eustaquio Castillo, este último hallado asesinado a balazos el 10 de enero de 2025 tras varios días desaparecido—, junto con colonos, desalojó a golpes a profesores y a militantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) del ayuntamiento de Tlapa, el cual habían tomado para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

Las protestas en Tlapa en aquella ocasión se dieron también en el marco del boicot a las elecciones a gobernador del 7 de junio, fecha en que agentes de la desaparecida Policía Federal asesinaron a balazos al activista y profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Antonio Vivar Díaz.

En 2021, Álvarez Benito y sus compañeros del gremio se sumaron a la campaña del candidato del PRI a la alcaldía de Tlapa, Gilberto Solano Arriaga, quien, tras ganar las elecciones, lo designó como director de Vialidad y Transportes.

Desde entonces, las denuncias de extorsión en contra del priísta Álvarez Benito han sido constantes por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con el testimonio de una mujer a quien los agentes de Tránsito le aseguraron su automóvil, acudió a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia contra la Dirección de Vialidad y Transportes porque su automóvil no aparecía en el corralón, pese a que tenía en sus manos el documento de la infracción.

“Mire, mejor no haga nada porque no le van a entregar su vehículo”, le recommendedó un agente ministerial a la mujer, quien por miedo optó por no interponer la acusación.

Tras la detención de Álvarez Benito, los dueños de automóviles, camionetas, motocicletas y motonetas se presentaron al corralón de Vialidad y Transporte para reclamar la entrega de sus unidades.

De acuerdo con versiones de ciudadanos que acudieron a reclamar sus vehículos, en el corralón había por lo menos 800 unidades.

La última vez que se vio a Álvarez Benito junto con el alcalde Solano Arriaga fue el 31 de agosto en la inauguración de un libramiento, donde los transportistas de Tlapa y de comunidades del municipio fueron obligados a asistir para echar porras al edil.

Una placa con el nombre de Solano Arriaga fue colocada en el arco de esta vialidad.

En las dos campañas de Solano Arriaga, en 2021 y 2024, Álvarez Benito fungió como operador con el acarreo de pobladores transportados en los taxis de su organización.

Ofelio Navarro Castro, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y persona cercana a Solano Arriaga, es el jefe directo de Álvarez Benito.

“El secretario de Seguridad tampoco es ajeno a lo que estaba pasando en Vialidad y Transportes”, dijo una fuente.

Álvarez Benito continuará enfrentando su proceso por el delito de extorsión agravada. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal dio otros datos: según ellos, fueron detenidas solo 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, y no 71 como informó la Fiscalía.

¿Cómo es posible que la FGE no supiera contar a los detenidos? ¿O será que en el proceso fueron liberados deliberadamente cinco de los arrestados, y por qué?

De manera inoportuna, el gobierno municipal de Solano Arriaga solicitó que se garantizara “un proceso justo, apegado a la legalidad y con respeto a los derechos de las personas involucradas, evitando anticipar conclusiones mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes”.

Es decir, el gobierno local pidió que respetaran a sus falsos policías y a su mando acusado de extorsión, pero no hizo nada para defender a los ciudadanos de los abusos que ellos cometían. ¿Qué significa eso?

Lo que nos parece absurdo es que esta operación resultó ser un simple show con la detención masiva de agentes de seguridad locales, quienes en muchos municipios tienen señalamientos de nexos con el crimen organizado.

¿Por qué solo se realizó en Chilapa, Tlapa y Atlixtac? ¿Por qué no lo llevaron a Acapulco, Tixtla, Zitlala, Chilpancingo, Taxco, Olinalá o Tetipac, entre otras demarcaciones?

En esos lugares los ciudadanos han denunciado que hay extorsiones cometidas por los gobiernos municipales. También hay retenes de supuestos policías municipales donde a todo el que entra y sale se le revisa no solo el vehículo, sino también la credencial de elector, las placas y otros datos.

¿Acaso los policías no deberían portar una identificación oficial que los acredite en todo momento? Y si no es así, ¿cuántos policías municipales “falsos” tenemos en Guerrero?

Los ediles deben responder por estos casos y no solo las personas que son detenidas, como ocurrió en Tlapa. ¿Acaso Solano Arriaga no sabía del actuar de Álvarez Benito?

El segundo caso que empeoró la percepción de inseguridad en Guerrero ocurrió este fin de semana. En redes sociales circuló un video en el que un agente de la Guardia Nacional era interrogado en una habitación y en el que acusó a mandos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Guerrero de tener nexos con el grupo delictivo “Los Tlacos”. Además, señaló que presuntamente existía la intención de disminuir solo a la organización criminal “Los Ardillos” y no a sus rivales.

La Guardia Nacional se vio obligada a confirmar que el joven videograbado y hallado asesinado sí era un agente de su corporación, pero negó los vínculos con “Los Tlacos” y aseguró que el 5 de septiembre detuvieron en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, municipio de Acapulco, a 16 presuntos integrantes de “Los Ardillos”.

Afirmó que 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos habían llegado a la zona entre Acapulco y el municipio de Juan R. Escudero, y que en los próximos días arribará un contingente mayor para detener a los responsables del asesinato del guardia nacional.

Que las autoridades combatan a una organización criminal más que a otra no es nuevo ni sería algo extraordinario. El asunto es que no basta con detener a quienes aprietan el gatillo. ¿Hasta cuándo habrá una detención de un político, de un líder real o de mandos de seguridad que permiten y ordenan toda esta criminalidad que nos ha azotado por años?

Chirrionazo

Este fin de semana, varios morenistas mostraron músculo en la víspera de la designación del coordinador o coordinadora estatal de Morena. Félix Salgado Macedonio, con todo el aparato del gobierno del estado, acarreó masivamente a una concentración en Chilpancingo; Iván Hernández Díaz hizo lo mismo con los empleados de Bienestar en Acapulco; Victoriano Wences Real también convocó a una marcha en Tlapa; Esthela Damián Peralta mostró la adhesión de otro suspirante. 

Todo indica que esta semana habrá candidato o candidata a la gubernatura por Morena. La pregunta es: ¿A qué costo? Al hartazgo de la sociedad ante las precampañas cuando apenas hoy inicia en Guerrero el proceso formal de la elección 2026-2027. Al oneroso derroche de dinero para sus mítines y promoción. A las ciudades tapizadas de nombres y rostros de personas que lo que menos hacen es preocuparse por el bienestar de los guerrerenses. ¿Usted qué opina?

Por cierto, al final de su evento, Salgado Macedonio se replegó a su centro operativo Perritos Felices, donde entregó buenas cuentas a sus cercanos, se mostró contento por el acarreo de sus simpatizantes y les recalcó, según fuentes cercanísimas, que competirá por la gubernatura de Guerrero en 2027 a pesar de que Morena se lo prohíbe por su estatuto sobre nepotismo electoral.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Salgado Macedonio para cumplir su anhelo de ser gobernador legítimo y no de facto como lo ha sido estos años? ¿Qué hará Morena ante esta afrenta de los Salgado, considerando que ayer todo el gabinete de su hija Evelyn Salgado Pineda respaldó al senador con licencia?