Informe no incluye al Ejército;
“es una mala señal”, asegura padre de los 43
Jesús Guerrero y Emiliano Tizapa Chilpancingo 28 de septiembre de 2026
Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, consideró que el informe que presentó el gobierno federal sobre el caso no le satisface, porque nuevamente se busca proteger al Ejército Mexicano de su participación en los hechos de Iguala registrados hace 12 años.
“Al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum le quiere quitar la responsabilidad al 27 Batallón (de Infantería), que tuvo conocimiento de todo lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 e incluso, un soldado grabó cuando un grupo de normalistas fue bajado de un autobús por hombres armados frente a las oficinas del Poder Judicial”, dijo Rodríguez Moreno en entrevista.
Este lunes, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina Padilla, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez, rindieron el informe.
Medina Padilla aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les informó que no encontró información adicional sobre los 866 folios que reclaman los padres y madres de los 43, pese a una nueva revisión que se realizó a petición de la presidenta de la República.
Detalló que ante la solicitud, en 2023 y 2024, se entregaron a las madres y los padres 33 folios de los denominados CRFI, así como 70 documentos relacionados pero que no son CRFI.
“La Sedena informó que después de una revisión minuciosa a sus archivos, no se encontró información adicional a la que ya había sido entregada”, sostuvo Medina Padilla.
Contó que la nueva etapa de la investigación son: el análisis de los registros telefónicos; el uso posterior de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos; los vínculos entre integrantes de la delincuencia organizada y posibles servidores públicos; identificación de personas relevantes para el esclarecimiento de los hechos que no se habían investigado; nuevas órdenes de aprehensión y búsquedas en territorio.
Mauricio Pazarán Álvarez aseguró que tras el análisis de los registros telefónicos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, se detectaron a 17 personas que no habían sido identificadas y que ahora son investigados.
Resaltó que uno de los resultados es la detención del empresario Rodolfo Rueda y del nutriólogo y trabajador de la Secretaría de Salud, Irving Arroyo Aranda, quienes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre se comunicaron telefónicamente con Gabriel León Villa, alias La Gaby; con Eduardo Joaquín N, alias El Chuky; así como con una persona identificada con el alias El Gusano, integrantes de Guerreros Unidos.
Rodolfo Rueda y su familia son propietarios de las funerarias investigadas, también es concesionario del Servicio Médico Forense (Semefo), institución que certifica causas de muerte y da autorizaciones para sepultar o incinerar un cuerpo.
En el caso de Pazarán Álvarez expuso que en agosto 2025, lograron establecer que Rodolfo Rueda utilizó un equipo telefónico perteneciente al estudiante Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado asesinado y degollado la madrugada en la mañana del 27 de septiembre de 2014, gracias a ese indicio vincularon a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes.
Además, en octubre 2025 fue cateada la funeraria El Ángel, donde se localizó un fémur humano guardado en un cajón, un arma de fuego, documentación relacionada con Irving Rueda y un horno crematorio clandestino, es decir, sin registro oficial.
Detalló que fueron localizados documentos oficiales firmados y sellados sin llenado previo.
Pazarán Álvarez aseguró que el 8 de diciembre de 2025, catearon también el Servicio Médico Forense de Iguala, donde encontraron en las cámaras de refrigeración “indicios”. De marzo a junio de 2026, hallaron 23 indicios, entre ellos, fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación, los cuales afirmó se encuentran bajo análisis en espera de resultados.
Otra irregularidad, fue que el 26 de marzo de 2026, fueron hallados restos humanos enterrados en el patio trasero del Semefo, por ello, la Fiscalía generó la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funeraria y el Semefo de Iguala como posibles mecanismos utilizados por la organización criminal Guerreros Unidos.
Otro resultado del reanálisis telefónico, según Pazarán Álvarez, fue la detención de Mauro “N” por haber utilizado posteriormente de su desaparición el teléfono del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño; se le acusa de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Otro teléfono utilizado después del 26 y 27 de septiembre fue del estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza, un policía municipal de Iguala y su pareja sentimental utilizaron el aparato.
El teléfono del normalista Israel Caballero Sánchez también fue usado por la esposa de un ex servidor público municipal de Iguala del que no se dio su identidad.
Pazarán Álvarez manifestó que del análisis del teléfono de este último estudiante, se refuerza la línea de investigación relacionada con el traslado de algunos estudiantes a Barandillas de Iguala, lo que contradice lo declarado por Ulises Bernabé, quien negó que hubieran llevado a los normalistas esa noche.
Clemente Rodríguez dijo que el informe presentado este lunes por el gobierno federal omitió el papel que tenía como “infiltrado” en la normal de Ayotzinapa Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Rodríguez Moreno –quien no acepta que su hijo Christian esté muerto luego de que en 2020 le informaron que un fragmento de su cuerpo fue localizado en la barranca de La Carnicería, en Cocula– afirmó que el Ejército se niega a entregar los 866 folios porque en esos informes seguramente se revela que los militares están involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.
Recordó que en la última reunión que tuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se le insistió en que ordene al Ejército entregar dichos folios.
“La presidenta nos dijo que sí le iba a pedir toda esa información al Ejército, pero pues ya vimos que no le hicieron caso”, expuso Rodríguez Moreno.
Afirmó que, en el encuentro con la presidenta, los padres y madres le pidieron que al exgobernador Ángel Aguirre Rivero se le exija que diga dónde fueron a parar los videos donde se grabaron las imágenes en las que se llevan a un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia
