En los últimos tres años, al gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda, alcaldes y alcaldesas de las regiones Montaña, Centro y Tierra Caliente, donde organizaciones del crimen organizado tienen el control económico y político, lo han puesto en vilo. 

Bloqueos carreteros, retención de funcionarios, ataques y toma de edificios públicos entre ellos el Palacio de Gobierno, así como robo vehículos blindados a la Secretaría de Seguridad Pública son las acciones radicales que han realizado pobladores dirigidos por los ediles con el pretexto de exigir obras sociales, presupuesto e incluso liberación de líderes criminales.

Estamos hablando de pueblos de Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Zitlala, Ahuacuotzingo, José Joaquín de Herrera, Atlixtac, Acatepec, Chilapa, Zapotitlán Tablas y algunas comunidades de Chilpancingo controlados por la organización criminal de Los Ardillos que dirigen los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez.

Otra región que ha puesto de rodillas al gobierno de Salgado Pineda es la de Tierra Caliente, donde los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, alías “El Fresa” y “El Pez”, jefes de la organización criminal la Familia Michoacana declarada por el gobierno de los Estados Unidos como “terrorista” tienen bajo su dominio desde hace casi dos décadas los municipios de Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Tlalchapa, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.

Del 30 de abril al 3 de mayo del 2023, los seis alcaldes y dos alcaldesas, dos diputados locales y un federal encabezaron a cientos de pobladores en un bloqueo en la carretera federal Iguala-Altamirano.

Las peticiones eran medidas de seguridad por las supuestas amenazas que recibían de integrantes de la organización criminal de Los Tlacos (organización rival de la Familia Michoacana) y la destitución de la entonces Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien había ordenado el aseguramiento de 13 vehículos escondidos en una bodega en Ciudad Altamirano.

Esas 13 unidades, entre las cuales una camioneta Hummer y un automóvil Lamborghini que tenían reporte de robo presuntamente pertenecían a familiares cercanos de los líderes de la Familia Michoacana y después fueron puestos a subasta, informó la FGE.

Por estas protestas dirigidas por los ediles y legisladores, la FGE abrió una carpeta de investigación, además como antecedente estuvo la masacre en San Miguel Totolapan, el 5 de octubre del 2022 en donde dos de las víctimas fueron el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre y el ex edil, Juan Mendoza.

Dos sobrevivientes de esa matanza declararon que fueron 30 las víctimas y fue una acción ordenada por los líderes de la Familia Michoacana que se molestaron porque Conrado Mendoza y con su papá ordenaron días antes el asesinato del director de Desarrollo Rural del ayuntamiento, Nazario Domínguez, quien ya tenía la anuencia para ser candidato a la alcaldía en las elecciones del 2024.

Pero Conrado quería reelegirse en el cargo a pesar de haber pactado con José Alfredo Hurtado que su amigo Nazario Domínguez sería su sucesor.

Durante 2023, integrantes de esta organización criminal realizaron otras dos acciones para desafiar abiertamente al gobierno de los Salgado. 

El 22 de agosto, fue secuestrada la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado, a quien durante dos días la mantuvieron en un lugar de la Sierra sometiéndola a tortura.

En septiembre del mismo año, la misma organización criminal asesinó al fiscal regional de Coyuca de Catalán, Víctor Manuel Salas, quien era coronel del Ejército en activo.

A casi dos años de ese bloqueo en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano que encabezaron autoridades de Tierra Caliente, actualmente existe la amenaza de los actuales alcaldes y alcaldesas de poner nuevamente en vilo la administración de l Salgado Pineda, porque ha incumplido con la entrega de presupuesto y reparación de daños provocados por el huracán John.

La advertencia de los ediles la hicieron saber a Salgado Pineda a través de la Secretaría General de Gobierno el pasado 28 de febrero.
Resulta que la gobernadora le ordenó a los 21 titulares de las secretarías y a directores de organismos públicos descentralizados que acudieron a las instalaciones del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano para atender y dar solución a las demandas de las alcaldesas de Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán, Pungarabato y alcaldes de Arcelia, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tlapehuala y Zirándaro.

Pero a la reunión en las instalaciones militares solo llegaron Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno y las titulares de las secretarías de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales y la de Migración y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.

De los Organismos Públicos Descentralizados sólo llegó a la cita el director de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastelúm Félix.

Durante la reunión hubo reclamos de los ediles hacia la gobernadora, quien el 20 de febrero pasado en una gira que realizó en Arcelia y Tlapehuala se comprometió a atender las peticiones mediante todos los integrantes de su gabinete en días posteriores.

Y es que fue la misma gobernadora quien le ordenó a su secretario particular, Raúl García García, que le recordara a todos los titulares de las secretarías y directores de las OPD que tenían que acudir a esa reunión con carácter de urgente con los ediles.

En esa reunión que empezó a las 11 de la mañana y concluyó casi a las 3 de la tarde, los alcaldes denunciaron que llevan meses sin recibir recursos destinados para obras de infraestructura y que el gobierno estatal ha incumplido con la rehabilitación de carreteras, caminos y puentes que resultaron dañados por el huracán John.

Durante la reunión Jessica Maldonado, titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, a cada rato le preguntaba a sus compañeros funcionarios a qué hora terminaría la mesa de trabajo porque tenía necesidad de regresar a Chilpancingo.

Los alcaldes y alcaldesas le expusieron a López Vega que con la ausencia de los titulares de las secretarías era imposible llegar a acuerdos.

Al final de la reunión los alcaldes priístas de Arcelia, Ángel Bustos Mercado, de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Mendoza Navarro y de San Miguel Totolapan, Arturo Julián Gómez, advirtieron que ante la falta de cumplimiento de recibir solución a sus demandas bloquearán las carreteras de esa región y romperán relaciones con la titular del Ejecutivo.

“Esta situación (de los bloqueos) nos generarían mayor ingobernabilidad y desconfianza por lo que hay que atender las solicitudes de las demandas”, fue el mensaje escrito que recibió Salgado Pineda de uno de los funcionarios que asistió a esa reunión.

En julio del 2023, en una protesta de dos días que provocó caos en las calles de Chilpancingo se hizo visible Guillermo Matías Marrón, a quien la entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez lo acusó de tener vínculos con el grupo criminal de “Los Ardillos” en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Matías Marrón y otros líderes dirigieron a cientos de pobladores de municipios de Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Juan R. Escudero, Chilapa, José Joaquín Herrera y Zitlala en un bloqueo en la Autopista del Sol y la toma del Palacio de Gobierno y cuando se retiraron se llevaron un camión blindado de la SSP que presumieron en las calles como si fuera un trofeo ganado en una guerra.

En esa protesta de julio del 2023 los manifestantes dijeron que su movilización era para exigir la liberación de los líderes transportistas, Jesús Echeverría Peñaloza y Bernardo Chávez Cruz, quienes tras ser detenidos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Armada de México en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco a la altura de la comunidad de Petaquillas los acusaron de tener nexos con “Los Ardillos”.

Pero Matías Marrón aclaró que su protesta era para exigirle a las autoridades estatales que cumplieran con la realización de obras sociales en las comunidades.

El 12 de septiembre de 2023, el delegado de la FGR, Fernando García Fernández, que fue el que atendió el caso de los dos dirigentes transportistas detenidos fue asesinado a balazos por un grupo armado cuando salía de su casa a bordo de un vehículo en la colonia Tepango en Chilpancingo.

Un comandante de la Policía Estatal que participó en la detención de Jesús Echeverría y Bernardo Chávez, también fue asesinado a balazos.

De acuerdo a versiones de las autoridades existe la presunción de que fueron los integrantes de “Los Ardillos” los autores de estos dos crímenes.
El pasado 4 de marzo de este 2025, miles de pobladores de 13 municipios de Montaña Baja, Centro y la Montaña nuevamente le repitieron la dosis al gobierno de Salgado Pineda.

Esta vez las protestas fueron encabezadas por 10 alcaldes y tres alcaldesas de estas zonas de Guerrero controladas por “Los Ardillos”.
Fueron dos contingentes que paralizaron durante tres horas la Autopista del Sol que cruza Chilpancingo. Un grupo marchó en el carril norte-sur de la vía de cuota y otro en visciversa, de sur a norte.

Ambos contingentes se juntaron en el museo de La Avispa y marcharon al Palacio de Gobierno al que atacaron a pedradas rompiendo ventanas de uno de los edificios tras intentar ingresar a la fuerza pero fueron repelidos por agentes de la Guardia Nacional con gases lacrimógenos.

Otra vez Chilpancingo se quedó sin servicio de transporte público, hubo suspensión de clases en las escuelas y cierre de negocios en la zona sur.

Desde un día antes los secretarios de despacho sabían de esta protesta radical y por eso no se presentaron a trabajar al Palacio de Gobierno y dejaron a su suerte a los trabajadores que muchos de ellos se quedaron atrapados cuando los manifestantes atacaron el edificio en el momento que querían entrar para causar más destrozos.

“Mi gordito chicharronero”, le dijo con mucha familiaridad Matías Marrón al subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, Francisco Rodríguez Cisneros, quien molesto sonrió y le contestó: “me estás discriminando”. 

Previo a este cruce, Rodríguez Cisneros, el operador político estrella de Salgado Pineda, se estrechó de la mano con Matías Marrón, quien ahora bajo las siglas del PVEM -partido aliado de Morena- es alcalde Atlixtac, municipio de la Montaña que forma parte de la franja territorial de control de “Los Ardillos”.

A Rodríguez Cisneros se le congeló la sonrisa cuando Matías Marrón le comunicó que él y los secretarios de Salud, Alondra García Carbajal; de Educación, Ricardo Castillo Peña; de Planeación y Presupuesto, René Vargas Pineda y a otros cuatro titulares de organismos públicos descentralizados desde ese momento estaban retenidos hasta que llegara la gobernadora para dialogar con ella.
El toldo que cubría del sol a los funcionarios estatales fue retirado por los manifestantes.

Rodríguez Cisneros trató de apaciguar los ánimos de los alcaldes y alcaldesas diciéndoles que la gobernadora los recibiría el próximo 14 de marzo en Casa Guerrero.

“Aquí nos vamos a quedar hasta que llegue la gobernadora”, contestó un comisario de una comunidad.

La mandataria estatal estaba en su casa en Chilpancingo y desde ahí se mantenía al tanto del desarrollo de la protesta vía telefónica y mediante las transmisiones en vivo en redes sociales.

Varias camionetas repletas de botes de agua y cacerolas de comida fueron parte de los víveres que trajeron los alcaldes para los pobladores, a quienes muchos de ellos los obligaron a venir pero también se les dio un apoyo económico.

Los 13 municipios se quedaron sin servicio público porque las unidades fueron utilizadas para el traslado de la gente a Chilpancingo. El transportista que por alguna razón no quiso prestar su unidad se le impuso una multa de 700 pesos.

La estrategia era permanecer cuando menos dos días en Chilpancingo para crear un mayor caos, pero finalmente la gobernadora llegó.

Salgado Pineda junto con su coordinador operativo y pareja sentimental, Rubén Hernández Fuentes ingresaron en un vehículo blindado por el estacionamiento del edificio cultural Sentimientos de la Nación.

La pareja entró por la puerta lateral derecha del inmueble y llegaron directamente al lobby donde ya estaban los alcaldes y alcaldesas. 

Las puertas de cristal grueso del inmueble fueron cerradas.

Frente a donde se sentó Salgado Pineda un grupo de habitantes de Quechultenago desplegaron una manta.

“Queremos obras”, gritaban el grupo de hombres la mayoría encapuchados. 

En las dos laterales de la avenida frente al Palacio de Gobierno se percibía un olor a marihuana.

“No somos delincuentes, vinimos por nuestro propio gusto porque la gobernadora Evelyn Salgado nos ha engañado, no tenemos ninguna obra y las afectaciones por el huracán John ahí están sin repararse”, decía el comisario de la comunidad de Cajelitos, del municipio de Chilpancingo, José Roberto Valente Atrisco, quien junto con otros comisarios de el Valle de El Ocotito y de la Sierra, no los dejaron entrar a la reunión.

Lo que vivió Salgado Pineda fue una serie de reclamos durante la tarde del 4 de marzo por parte de los ediles.

“Nomás díganos si nos va a dar solución a nuestras demandas para que yo le diga a los comisarios y ver qué hacemos”, le advirtió a Salgado Pineda el alcalde de Acatepec, Ángel Aguilar Romero.

Casi a las 7 de la noche, concluyó la tensa reunión. Salgado Pineda lució tensa. Al final se tomó la fotografía con las y los ediles. En una de las imágenes aparece sonriente Matías Marrón, quien debajo de su camisa azul portó un chaleco antibalas.

Casi a las 8 de la noche, los pobladores se retiraron a bordo de las unidades de transporte.

El 5 de marzo, el senador Félix Salgado Macedonio, se refirió a esta protesta y consideró que “esa no eran las formas”, pero ya no abundó más.

Gran parte de la ingobernabilidad que vive Guerrero es culpa de Salgado Macedonio porque sus ambiciones personales arrinconan a su hija.

Estas últimas semanas el gobierno de Salgado Pineda vive una nueva crisis política y su padre está más ocupado y preocupado para obtener la candidatura a la gubernatura de 2027.

Fue Salgado Macedonio quien propuso a Andrés Manuel López Obrador que su hija lo supliera en la candidatura en el 2021 después que el INE canceló su registro. 

En esa reunión, AMLO le aclaró a Félix que la deuda con él “quedaba saldada”, dándole entender que no lo respaldaría para buscar la candidatura en el 2027.

Fue el senador reelecto quien nombró a más del 90 por ciento del gabinete de su hija y como consecuencia de ello, es a él a quien obedecen y no a ella completamente. 

Lo ocurrido el pasado 28 de febrero cuando 18 de los 21 secretarios desobedecieron la orden de Salgado Pineda de reunirse con los ediles de Tierra Caliente en el 34 Batallón de Infantería es un claro ejemplo.

Salgado Macedonio comete violencia de género contra su propia hija, por su intromisión y su protagonismo.
Tan solo hay que ver quiénes lo acompañan todas las tardes en los predios en Chilpancingo que aún no ha aclarado cómo los ha conseguido. El 14 de enero, el día de cumpleaños, secretarios de despacho y directores de los organismos públicos descentralizados presentaron sus presentes ante el nuevo cacique como en los viejos tiempos del priísmo.

Félix es uno de los principales responsables de la ingobernabilidad que se vive en Guerrero.

Que alcaldes de regiones controladas completamente por organizaciones criminales obliguen mediante chantajes a sentarse a Salgado Pineda habla del nulo trabajo político de la gobernadora, de su falta de recorrido en los municipios y la comunicación con los ediles.

Tras la protesta el 4 de marzo, el funcionario René Vargas Pineda informó que a los 10 municipios en protesta les fue presupuestado para 2025 mil 286 millones de pesos para obras.

¿Quién maneja ese dinero?, ¿por qué si ya sabía Salgado Pineda de la molestia de los ediles no los recibió de inmediato y evitó el espectáculo con sus funcionarios?, ¿A caso mienten los pobladores cuando afirman que no les llega a sus pueblos obras públicas?
Rubén Hernández Fuentes y su hermano, Omar Hernández Fuentes, se han encargado de controlar la ejecución de la obra pública estatal, ¿por qué los ediles saben de malos manejos de estos funcionarios?

El fondo de todo más que una afirmación son una serie de dudas: ¿Acaso eran obras públicas el fondo de la manifestación de los pobladores?, ¿Por qué son dos ocasiones que han tomado la ciudad y no ha ocurrido ningún operativo para detener a algún líder de la organización criminal de Los Ardillos?

Chirrionazo. 

Hace unos días, mediante redes sociales fue exhibido el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Jorge Salgado Parra, en un bar capitalino en un estado inconveniente haciendo caras y pucheros, mientras un par de mujeres lo trataban de reanimar. 

El espectáculo queda ahí en las redes. Si bien cualquiera tiene la libertad de hacer en su tiempo libre lo que quiera, lo que si es lamentable es que el propio Salgado Parra fue parte días antes de una simulación. 

Resulta que junto al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, entregaron al Congreso local una iniciativa para armonizar la reforma al Poder Judicial. Una broma total. El Congreso de la Unión ya ordena a los congresos locales hacerlo sin la necesidad de la intervención de los gobernadores.

Lo único para lo que sirvió esa iniciativa es para retirar a todos los magistrados con el haber más alto, en resumen, Evelyn Salgado Pineda pactó con la corrupta clase de los impartidores de justicia para mantener de por vida sus privilegios: en una millonada nos costará su retiro y todavía podrían participar para seguir siendo jueces y magistrados.

Esa sí, es para acordarse de los familiares de Salgado Parra, porque terminaron aplicándola a los guerrerenses.